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El Partido Popular votará este jueves en contra de la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez pactada con ERC y Bildu con el argumento principal de que “favorece” la ‘okupación’. Los populares prefieren en esta ocasión no poner el acento en el tope de los alquileres al que se oponen frontalmente porque podría pasarles factura entre los jóvenes.
La misión casi imposible de alquilar un piso -ya no digamos comprar- se ha instalado en la pugna electoral. Según el CIS de abril para los españoles de entre 25 y 34 años la vivienda es ya el cuarto problema. Una franja de electorado que hoy por hoy prefiere votar a Vox (12% según el último barómetro del CIS) por delante del PP (11,5%). Los populares aspiran a darle la vuelta a esos números ofreciendo entre otras propuestas cheques de mil euros para ayudar a los jóvenes para emanciparse.
Así las cosas Génova opta tirar por el camino seguro de agitar el miedo a la 'okupación' que entra en vena entre sus potenciales votantes fronterizos con Vox pero también con el PSOE, y de paso le permite ir a degüello contra el presidente Sánchez.
“Sánchez es una oportunidad fantástica para los 'okupas', pero este chollo se terminará cuando Feijóo llegue al Gobierno”, machaba ayer el portavoz de la campaña electoral de los populares , Borja Sémper, tras la reunión del núcleo duro de Feijóo de los lunes.
Los fontaneros de Génova saben que Sánchez aprovechará hoy su último cara a cara con Feijóo en el Senado antes de las elecciones municipales y autonómicas -reconvertido en una suerte de debate electoral de cara al 28M- para centrar buena parte de su intervención en la vivienda y confrontar su modelo con el de los populares. De hecho los colaboradores de Feijóo no descartan algún anuncio de campanillas del presidente. Así que ya han comenzado el contraataque agitando el miedo a la 'okupación' como munición.
Desde sus redes sociales el líder del PP responsabilizaba directamente al presidente del Gobierno de que bajo su mandato "la ocupación ilegal se ha incrementado un 50%". Eso mientras le reprochaba la falta de medidas "eficaces" para luchar contra un fenómeno que según las cifras del Ministerio de Interior ha bajado en España un 5,43% si se compara el primer semestre de 2021 con el mismo periodo en 2022. El portavoz Borja Sémper en cambio asegura que hay un "incremento exponencial" de las 'okupaciones' y que todos los días se denuncian 50 allanamientos y usurpaciones de viviendas.
Los populares se aferran a una enmienda a la ley de vivienda pactada la semana pasada entre el PSOE, Podemos y Esquerra y que según su interpretación dificultaría a los propietarios el desalojo de sus inmuebles y les deja en una situación de indefensión. Aseguran que “es un incentivo", "barra libre" y "un chollo" para los 'okupas' porque “dificulta y ralentiza” el desalojo de los que dejan de pagar y el propietario tendrá que demostrar que los 'okupas' usan como vivienda habitual esa casa.
Atornillan además con que la ley de Vivienda que se vota en el Congreso el jueves no incluye ni una sola medida para luchar contra un problema del que Génova va a hacer bandera electoral para neutralizar la promesa también electoral de Sánchez de abaratar los alquileres poniendo en circulación más viviendas y topando los arrendamientos.
Frente a la iniciativa del Gobierno y sus socios de legislatura, el Partido Popular ofrece desalojar a los 'okupas' en 24 horas, endurecer las penas, la creación de oficinas municipales que cuenten con asesoría jurídica gratuita para los vecinos que han sufrido esta práctica en sus casas, la puesta en funcionamiento de un teléfono 24 horas que permita a la administración actuar de manera inmediata y la creación de unidades en las policías locales especializadas en la lucha contra la' okupación' ilegal. Además las viviendas ocupadas ilegalmente no serán objeto de carga tributaria. Medidas todas ellas que ha incluido en su programa electoral con el que concurren a las elecciones del 28 de mayo. (Puede consultarlo aquí)
"No podemos permitir que la propiedad de inmuebles que la gente se ha ganado con su esfuerzo y sudor a lo largo de su vida sea aprovechado por 'okupas' y que el Gobierno mire hacia otro lado". Un mensaje que conecta perfectamente con la sensibilidad de las clases medias y el electorado situado más a la derecha y que el PP se disputa con Vox.
Eso es algo que ya no descartan en Génova. "Todos los escenarios están abiertos", admiten. El Partido Popular se ha marcado como objetivo desactivar todo el corpus legislativa del 'sanchismo' con el que no estén conformes si consiguen alcanzar La Moncloa.
"No va a quedar un sólo despropósito de este Gobierno en pie cuando gobernemos", proclaman solemnemente. Eso incluye la ley de Vivienda que se aprueba esta semana. Antes de tomar esa decisión quieren esperar a ver el texto definitivo que saldrá del Parlamento. Los populares sopesan la oportunidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional o esperar a llegar al Gobierno para desactivarla con su propia norma.
Y eso que su baronesa más combativa con el 'sanchismo', Isabel Díaz Ayuso, se les ha vuelto a adelantar anunciando su propio recurso ante el Constitucional y "en todos los tribunales" por invadir sus competencias además de anunciar que no piensa aplicarla donde no sea obligatorio.