Los agujeros negros de la versión de Laporta en el caso Negreira

Una de dos. O el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, miente ante la prensa, o el número dos de los árbitros españoles durante años, José Luis Enríquez Negreira, lo hizo ante Hacienda cuando aseguró que él era la persona que generaba los cobros millonarios facturados al Barça durante años por la empresa Dasnil 95 y que se reunía “cinco o seis veces al año” con el entonces presidente del club para dar cuenta de sus avances. 

En 2018 y ante Hacienda, el número dos de los árbitros se colocó sin rubor a la cabeza de la red de empresas que había cobrado hasta siete millones de euros al  F.C. Barcelona. Pero ahora y en su comparecencia ante la prensa tras casi cinco años después, el presidente del equipo desmiente esa versión, mantiene que para el club el prestatario de los servicios nunca fue Negreira si no su hijo y explica que tras encargar un informe completo a una consultora, los expertos de KPMG no han concluido responsabilidad penal alguna para ellos ni aprecian manipulación en la competición con el proceder del equipo de la Ciudad Condal. 

Sin embargo, la versión aportada por Laporta tiene agujeros negros importantes. Algunos de ellos han sido esquivados por el presidente blaugrana en su comparecencia ante la prensa, y otros ni siquiera han sido puestos sobre la mesa. El más evidente es la contradicción directa entre su convencimiento de que el principal prestatario de los servicios al Barça era el hijo de Negreira y no directamente el árbitro; algo que contrasta de plano con la versión que los dos señalados han dado en sus declaraciones. "Yo no he venido aquí para hablar por boca de terceros", ha mantenido Laporta al ser preguntado por las declaraciones de Enríquez Negreira incorporadas al procedimiento judicial. Pero hay más elementos clave que hacen complicado entender su relato:

Según Laporta, y según el trabajo elaborado por KPMG, el equipo de la Ciudad Condal no ha incurrido en ninguna ilegalidad al contratar los servicios del número dos de los árbitros ya que “la asesoría no es delito” en España. Sobre el papel, el argumento es correcto. Tanto que Laporta ha asegurado que los pagos se justifican por 629 informes localizados por los auditores en 43 CD’s.

El problema sobre este argumento, uno de los principales en la defensa del Barça, es que el propio equipo ya pactó una regularización fiscal entre los años 2015 y 2019 por esas mismos pagos Y en ese pacto, en el que abonó una sanción de más de medio millón de euros, ya reconocía que las facturas eran malas por “liberalidad”. Ese concepto es el que aplica Hacienda a los gastos que pasa una empresa pero que no se pueden justificar como trabajos palpables. En este caso, el Barça no tenía documentación alguna de ellos y por eso, tuvo que pactar con Hacienda y pagar una sanción además de los intereses. Un hecho que confirma la versión aportada por Enríquez Negreira ante el fisco de que solo trabajaba de forma verbal. Cabe recordar que el árbitro se ha negado a declarar en el juzgado por esta causa y que sus abogados han tratado de defender esa decisión alegando que sufre un deterioro mental a causa de una enfermedad, por lo que solo existe documentada su declaración previa ante el fisco.

Ahora, cuatro años después, Laporta asegura que sí que hay informes sobre esos trabajos que el Barcelona no encontraba. Más de 600, según KPMG. El problema es que esos informes corresponderían en realidad a una sociedad distinta a la que recibía el dinero que ahora se investiga. Una empresa controlada por el hijo de Negreira y sobre la que la Fiscalía no aprecia indicio alguno de delito

¿Cómo se explica entonces que hayan aparecido informes donde antes no se encontraban, pese a costar una sanción millonaria? Porque la auditoría de KPMG solo ha encontrado informes entre los años 2014 y 2018. Y da la casualidad de que en esas fechas, el hijo de Negreira comienza a facturar también al Barcelona por informes arbitrales, pero esta vez con una sociedad distinta, llamada Soccercam SLU. Así, en esas fechas el Barça pagaba a dos empresas de la familia Negreira, una controlada presuntamente por el padre y otra por el hijo. 

Ante Hacienda, Javier Enríquez explicó que tras administrar la empresa que en realidad controlaba su padre, había creado una nueva sociedad para canalizar sus trabajos personales con el club y con otros clientes. Frente al Barça, esos informes eran facturados por medio de la empresa de un exdirectivo, ya fallecido, llamado Josep Contreras. Y aquí, sí que había informes documentales que el hijo de Negreira entregaba a los responsables del club, y que él fue capaz de aportar a Hacienda y la Fiscalía cuando arrancó la investigación. 

Por eso, la Fiscalía ha considerado que no hay indicio de delito sobre la actuación de Javier Enríquez, que sí elaboraba sus informes y además no ocupaba cargo alguno en el estamento arbitral, pero sí investiga a su padre, que recibió cantidades mucho más importantes del club a lo largo de los años, sin soporte documental que las avale. 

Ahora, lo que dice Laporta es que los informes entregados por el hijo de Enríquez Negreira justificarían los dos pagos: tanto los realizados por el Barcelona a Dasnil como los que llegaban finalmente a Soccercam. Para justificar este cruce de dinero, Laporta explica que para el club, el principal prestatario de los servicios de asesoría fue siempre el hijo de Negreira. Algo que vuelve a chocar de plano con lo declarado ante la Agencia Tributaria por ambos afectados. De una forma sencilla, la Fiscalía investiga el paso de dinero por las empresas azueles de este diagrama, pero no las verdes, controladas por el hijo de Negreira. Laporta mantiene una versión distinta: que la documentación encontrada justificaría los pagos tanto a unas como a otras, ya que las dos estaban administradas por el hijo de Negreira. Eso coloca a ambos grupos dentro de la legalidad y elimina al árbitro de la ecuación legal. El problema es que el número dos de los árbitros ya reconoció que eso no es así.

Con estos datos sobre la mesa, dando por buena la versión de Laporta, el club habría pagado durante varios años a dos sociedades por los mismo servicios. “Si se prueba la tesis de la Fiscalía, el Barcelona sería una víctima”, ha llegado a decir en varias ocasiones Laporta. Sin embargo, esta no es la tesis de la Fiscalía, que considera que el Barça pudo pagar el dinero al número dos de los árbitros españoles para comprar su capacidad de influencia frente al estamento arbitral. De hecho, el propio Enríquez Negreira reconoce estas labores de Lobby en su declaración ante Hacienda, la única que hay en el procedimiento. 

En esa comparecencia, el colegiado reconoció que entre sus cometidos para el club estaban labores como garantizar que los miembros del Comité Técnico de Árbitros no fueran todos “madrileños” o velar por la “neutralidad” de la competición. Esta frase supondría en cualquier caso que entre los intereses del árbitro estaba condicionar las decisiones arbitrales, aunque fuera para el camino que su cliente consideraba más justo. Frente a estas revelaciones, Laporta ha recordado que en la página 16 del informe de Hacienda el propio afectado reconoce que nadie del club le dio esa instrucción, si no que fue una deducción suya. Una conclusión a la que por el momento ha llegado también la Fiscalía después de no encontrar otra explicación lógica a pagos millonarios por asesoría, que parecen fuera de mercado.

Así, pese a que los auditores han analizado la relación entre el Barça y la familia Negreira desde mucho antes, solo han encontrado informes técnicos desde 2014. La fecha coincide casi de pleno con la fecha en la que arrancaron los trabajos por parte del hijo de Negreira con su sociedad personal, pero se iguala con la fecha investigada por Hacienda en un primer momento ya que en los años anteriores, todo estaría prescrito a efectos fiscales.

A la luz de esto, Laporta ha retado a cualquiera a que pruebe que Negreira o sus contactos con otros árbitros modificaron el comportamiento o las decisiones colegiales concretas en modo alguno. Sin embargo, hay otro elemento importante. La Ley española no encuentra como delito que se modifiquen decisiones. O al menos, no solo eso. Sabiendo lo complicado de acreditar el cambio de decisión arbitral en una competición, que tiene un importante elemento subjetivo, lo que la normativa española marca como delito es simplemente la voluntad de influir en el comportamiento de los jueces deportivos, de forma independiente a que se consiga. Por eso la pregunta que trata de contestar la Fiscalía no es, o al menos no es sólo, si el Barça consiguió modificar decisiones arbitrales, si no si mandó el dinero a Enríquez Negreira con esa esperanza.