La batalla interna en el Gobierno de coalición se recrudece por las enmiendas a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Los dos partidos que forman el Ejecutivo, PSOE y Podemos, no se han puesto de acuerdo hasta ahora y no parece que lo vayan a hacer en la recta final de la tramitación de la proposición de ley socialista que eleva las penas a los agresores sexuales si hay violencia o intimidación. Los puentes están rotos en el asunto que ha provocado el mayor choque y la crisis más grave en el Ejecutivo de toda la legislatura.

Unidas Podemos, en un frente común con los independentistas de ERC y Bildu, ha retado al PSOE registrando enmiendas a su propuesta. Los socialistas ya las han rechazado con el argumento de que "no solucionan el problema", los efectos indeseados de las rebajas de condenas. Ya van más de 700 desde que entró en vigor la ley hace 6 meses.

Nadie va a dar marcha atrás y la división vuelve a aflorar. La foto de la ruptura que se escenificó en el Congreso el pasado 7 de marzo durante la toma en consideración con PSOE y Podemos votando diferente y con un cruce de durísimas acusaciones se volverá a repetir en las votaciones que quedan por delante. Primero en la Comisión de Igualdad y después en pleno, previsiblemente el 20 de abril. Los socialistas asumen que su reforma saldrá adelante con los votos del PP.

El PSOE no está dispuesto a cambiar nada de su proposición porque como reivindicó la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, es "la única que puede corregir los efectos indeseados" de la aplicación de la ley más emblemática de Irene Montero. Sostiene que los socialistas y el Ministerio de Justicia actuaron para evitar las rebajas de condenas a futuro.

Enfrente está Unidas Podemos que tampoco va a ceder ni un milímetro. Los morados van a pelear hasta el final para que el consentimiento, dicen, siga siendo el núcleo de la norma y que la violencia sea considerada un agravante que no determine si hay agresión sexual. En ese sentido van sus enmiendas presentadas este lunes por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Los socialistas replican que el consentimiento sigue siendo el centro de su reforma.

La ministra de Igualdad insiste en retratar al PSOE junto al PP y denuncia que una proposición pactada con los populares no puede ser una "reforma feminista" porque implica un retroceso en los derechos de las mujeres al volver a una legislación en la que las víctimas deben probar si se resistieron lo suficiente ante un agresor sexual. Rosell subrayó que es necesario "mejorar la aplicación de la ley" tras las rebajas de penas, pero sin "retroceder, deshacer o degradar el sistema del consentimiento".

Podemos lleva semanas trabajando con ERC y Bildu y las enmiendas de los tres partidos van en la misma dirección. Los morados intentan presionar al PSOE para elija entre el PP o la "mayoría progresista feminista" del Congreso. En Ferraz se sacuden esa presión y restan trascendencia al apoyo de los populares. Reivindican que por encima de todo hay que cambiar la ley. Es la orden que dio Pedro Sánchez a su partido ante la alarma social generada por el goteo de rebajas de condenas y de ahí no se van a mover.

Alegría destacó en varias ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva presidida por Sánchez que las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu eran "muy similares, por no decir idénticas". Los socialistas dejan caer que se trata de una estrategia conjunta para tratar de ponerles en aprietos.

Las enmiendas de Podemos desmontan la reforma propuesta por el PSOE para elevar las penas mínimas. Son las que están sirviendo a los tribunales para rebajar penas a los ya condenados. Los socialistas quieren elevar las penas mínimas haciendo una distinción cuando se ha empleado violencia o intimidación. Un ejemplo: la agresión sexual con acceso carnal -la violación- está penada en la actual ley del 'solo sí es sí’ con una horquilla que va de los 4 a los 12 años. Los socialistas proponen modificar esa horquilla de 6 a 12 años.

Unidas Podemos va en contra de esa distinción y vuelve a los márgenes que ya figuran en la ley colocando la violencia y la intimidación como agravante. Ahora suprime el requisito de que sea una “violencia de extrema gravedad”. Esta nueva definición eleva las penas de la ley cuando se emplea violencia, sin que sea extrema, pero quedan por debajo de lo que propone el PSOE.

Podemos sí acepta la tesis socialista de aumentar las penas en los casos de agresión sexual con acceso carnal a menores de 16 años. Cuando se cometen sin emplear violencia, el PSOE eleva la pena mínima de 6 a 8 años y mantiene la máxima en los 12 años.

Los socialistas consideran que la mayoría de los españoles coinciden con su reforma que tuvo además un amplio respaldo en el Congreso durante la toma en consideración. Hubo 231 votos a favor (PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, CC, Foro y PRC), 56 en contra (Podemos, ERC, Bildu, la CUP y BNG) y 58 abstenciones (Vox, Junts, Más País y Compromís).

Los socialistas recuerdan a Podemos que estuvo en la minoría que votó en contra. Creen que con el mero hecho de plantear enmiendas Podemos está reconociendo que hay un problema, "un error" que hay que cambiar. "Es importante no confundir la cerrazón con el feminismo", afeó Alegría a los morados.

Con este escenario y con las posturas tan alejadas no es previsible que haya negociaciones para intentar llegar a un consenso sobre las enmiendas. Fuentes del PSOE señalan que las propuestas que ha registrado Podemos son exactamente las mismas que había puesto sobre la mesa durante las conversaciones previas que acabaron en fracaso.