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La ley de familias impulsada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vuelve este martes al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión al Parlamento, con algunos cambios técnicos tras los informes de los órganos consultivos y la negociación entre ministerios de las medidas de conciliación.
Fuentes de Derechos Sociales han explicado a EFE que el proyecto de ley que tiene previsto aprobar el Consejo de ministros incorpora algunas modificaciones no sustanciales en su redacción que no alteran el contenido de la norma.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de la ley de familias en diciembre para su tramitación por vía de urgencia, con el objetivo de aprobar la norma antes de verano, ya que se trata de uno de los hitos del Plan de recuperación de la UE e incorpora la directiva europea de conciliación de 2019 que España está obligada a trasponer.
Algunos de los informes consultivos remitidos al Gobierno proponen cambios, como el del Consejo de Estado, el más crítico con la norma, que ha advertido de la invasión de competencias de las comunidades autónomas en algunos artículos y la exclusión de ciertos hogares -como los formados por abuelos- creando desigualdad con las nuevas definiciones de familias.
El Consejo Económico y Social ha valorado los avances en materia de conciliación y el reconocimiento de las diversidades de modelos familiares, aunque cree que la trasposición de la directiva europea que incorpora la norma debería haberse abordado en el marco del diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales.
Desde las entidades sociales han reclamado "más ambición" y piden que sea remunerado el nuevo permiso de 8 semanas para padres de hijos de menos de 8 años que crea la ley para evitar la penalización de la participación de las mujeres en el trabajo.
Con la nueva norma, en España serán más de un millón las "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", actualmente conocidas como "Familias numerosas", ya que incorpora a unos 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos que pasan a tener esa condición que reconoce derechos y ayudas.
También otorga ese título, criticado por las actuales familias numerosas, a los hogares con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, los encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, y aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
Por otro lado, pasarán a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza "de categoría especial" las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).
La ley de familias incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes, crea un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos y reconoce el derecho a la atención temprana de los menores y sus familias.
Respecto a la garantía del derecho a la conciliación, la ley crea tres permisos de cuidados, el primero de ellos, un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente, que los trabajadores o trabajadoras podrán utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo.
También incluye un permiso parental de ocho semanas, que se podrán disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años; y un permiso de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata, que se podrá disfrutar por horas.
Sobre el reconocimiento de los distintos tipos de familias, la ley avanza en la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, puesto que estas últimas tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.
La ley genera asimismo un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.
La nueva ley amplía la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que ya está en marcha desde enero.
La nueva ley incluye un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente y el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o accidente- hasta 4 días retribuidos.