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Novedades en el caso Mediador. La juez ha pedido hoy a la presidenta del Congreso autorización para registrar el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni. La magistrada sostiene que el exdiputado es el líder de la trama política de una organización criminal. Le imputa, entre otros, los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El Congreso no tiene inconveniente alguno en facilitar a la jueza del 'caso Mediador' los efectos personales y los ordenadores que se dejó en su despacho el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que considera "supuesto líder de la rama política" de la trama de corrupción destapada en Canarias.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha solicitado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que preste "autorización y colaboración" de modo que la Secretaría Técnica entregue a la Policía Nacional los "efectos" depositados en el despacho de la Cámara Baja que usaba el conocido como 'Tito Berni'.
Las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo se llevan habitualmente por conducto de los presidentes del Supremo y del Congreso, pero fuentes de la Cámara entienden que en este caso no será necesario ya que Fuentes Curbelo es un exdiputado que ya no ejerce sus funciones parlamentarias y además lo que se requieren son objetos que se dejó en la Cámara.
De hecho, en su auto la juez relata que ya contactó directamente con la Comisaría Especial del Congreso para pedir información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho y desde la Carrera de San Jerónimo le contestaron sin problema.
En concreto, en el antiguo despacho de Fuentes Curbelo, que está cerrado y que no se ha asignado a ningún otro diputado, se quedó el ordenador de sobremesa propiedad de la Cámara que él usaba y otra serie de efectos personales. En su detención la juez ya intervino el móvil del Congreso que utilizaba el expalamentario.
Ahora lo que se solicita es que la Policía judicial pueda acceder a esos efectos, y desde el Congreso dan por hecho que, cuando se reciba formalmente el auto, se atenderá favorablemente la petición y que será ejecutada conforme resuelvan los policías.
La juez quiere acceder a todos sus dispositivos electrónicos para aclarar, entre otras cosas, la participación y la existencia de nuevos investigados y es que el exdiputado socialista era uno de los principales reclamos que utilizaba Marco Antonio Navarro para atraer los sobornos de los empresarios. Un mediador que tras su segunda detención el mes pasado confesó a la juez temer por su seguridad. "Si cambio de domicilio porque como se están poniendo las cosas". Lo cierto es que su confesión destapó una trama de corrupción que incluso terminó también con la detención de su mujer.
Como en otros caso célebres de corrupción el mediador canalizó parte de los sobornos en cuentas bancarias a nombre de su esposa. Unos ingresos que los empresarios creían que iban dirigidas a los que se iban a encargar de facilitarles sus negocios y subvenciones, el entonces director de Ganadería, Thaiset Fuentes y su tío, el tito Berni.
Miguel Ángel Robayna García, propietario de la empresa Hispano Robysa, actuó según el informe de los investigadores, como 'mula' financiera. Robayna habría usado su empresa para recibir las mordidas que los empresarios enviaban a los Fuentes y al general y, además, habría elaborado facturas falsas. Ante la jueza ha declarado que "todo lo que decía Navarro era secundado por Thaiset, por eso hizo esos pagos. Para la juez, incomprensible esa obediencia de los colaboradores de la trama. "Si Navarro le dice que se tire por un barranco, usted, se tira?".