La investigación de la trama de corrupción conocida como ‘caso Mediador’ sigue arrojando nuevos detalles que salpican directamente al exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, quien según los investigadores sería el principal señuelo de este entramado destapado en Canarias y, además, habría llegado a reunirse con otros implicados en la trama en el propio Congreso de los Diputados.

Junto a él, al frente también estaba Francisco Espinosa, general de la Guardia Civil. Ambos cobraban, –según consta en el sumario–, sobornos pagados por empresarios que necesitaban la retirada de expedientes o la concesión de subvenciones, y a los que previamente se les ofrecía un curioso tour por Madrid.

Con juegos sórdidos y juergas nocturnas, en muchas de las cuales habría droga y prostitución, terminaban captándoles. Así, visitaban el Congreso, las instalaciones de la Guardia Civil y, ya por la noche, la función continuaba en restaurantes, clubes de alternes y hoteles donde no faltaba cocaína, alcohol, viagra y prostitutas; unos servicios, estos últimos, que el exdiputado llegaba a consensuar amistosamente con sus compañeros de fiesta por WhatsApp, y sin ningún tipo de pudor a la hora de guardar imágenes de recuerdo para la posteridad.

Cada noche de aquellas le salía a los empresarios por una media de 3.500 euros, aunque en una de ellas el presupuesto se les disparó hasta los 11.000 euros.

Puestos a pedir, el general Espinosa llegó incluso a reclamar a uno de los empresarios que contrataran a su amante, conocida entre ellos con un vulgar sobrenombre, solicitando 3.000 euros al mes. No obstante, la operación no llegó a buen puerto.

Además de Juan Bernardo Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, la trama también la encabezaría el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte. Según la investigación, pedían un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública.

Además de llegar a reunirse con algunos de ellos en el Congreso, también lo hacían en la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad". Después, llegaban las “grandes fiestas” en clubes y hoteles, según recoge el sumario del caso.

En un informe, la Fiscalía habla de "la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios".

La red, señala el fiscal, estaba "perfectamente definida y coordinada", con Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista, su sobrino Taishet Fuentes, que era director general de Ganadería, y Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil, en el “vórtice superior”.

Junto a ellos, la Policía Nacional, en otro informe, coloca al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que realizaría funciones de "mediador" entre los supuestos cabecillas y los empresarios captados.

Según la declaración del identificado como “mediador”, todo arrancaba con ese “peaje económico” de 5.000 euros, que debían pagar los empresarios captados a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que estaba presidida por el exdiputado socialista.

El propio Bernardo Fuentes les hacía la petición de que ingresaran esa cantidad en la citada Asociación de forma "sutil y cariñosa" asegurando que era para "los niños". Sin embargo, el “mediador” afirma que se trataba de una especie de "impuesto revolucionario". "Si no se paga no hay acceso a contrato o se le quita la subvención a las granjas", precisó en su declaración, alegando que todo lo que decía se encontraba reflejado en los móviles que entregó a la policía en el curso de la investigación tras destaparse el caso.

"Curbelo ponía el número de cuenta cada 30 minutos hasta que se equivocó y puso una del Openbank", le dijo al juez.

Además, relató que el pago de 5.000 euros lo habían realizado 6 empresas de Canarias, entre las que cita una quesera, una granja de vacas, una ganadería, una empresa de drones y otra de placas solares: "Todos pagaron para hacer trabajos para la consejería de Ganadería y Agricultura".

A este respecto, el “mediador” apunta que a los empresarios de Madrid les cobraban 18.000 euros a través de la gestoría Tetir, del hijo de Bernardo Fuentes, por tramitar el régimen fiscal canario, que les facilitaba la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen las empresas que están dentro del régimen fiscal canario.

Posteriormente, para lograr esos contratos, asegura que el diputado y él mismo, cobraban "una comisión en efectivo", además de los 5.000 euros de peaje inicial.

Declarando en sede judicial el 22 de febrero de 2022, Tacoronte señaló que despachaba con el exdiputado cada 15 días en Madrid. Se alojaban en el Hotel Victoria 4. Iban de "visita" al Congreso con empresarios, donde se hacían fotos, luego a almorzar y seguían de fiesta el resto del día, gastando una media de entre 3.000 y 3.500 euros "por noche" que pagaban los empresarios con interés en invertir en Canarias. "En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra", declaró.

Mientras, tal como detalla el informe de la Fiscalía, el general de la Guardia Civil Espinosa Navas se encargaba de "recibir" a los empresarios captados y, en su caso, se los llevaba a "dependencias en la Comandancia General de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán El Bueno, en Madrid, lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza".

De este modo, centraban sus esfuerzos en "empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales".

"No estamos cometiendo ningún delito pero estamos sobornando", le llegó a decir Navarro Tacoronte a uno de los "empresarios peninsulares" que habrían captado, Antonio Bautista Prado, en una conversación mantenida el 12 de noviembre de 2022.

Ahora, la investigación, que comenzó tras la denuncia presentada, en diciembre de 2021, por el hasta hace pocos días director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, que alertaba de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por importe de 2.575 euros, sigue su curso.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Feliz Bolaños, ha reclamado que se investigue “con rigor y rapidez” al exdiputado canario del PSOE por su presunta implicación, remarcando que ya no está en el partido.

"Queremos que se investigue con rigor, rapidez y, si hay algún delito, que se le condene con contundencia cuanto antes", ha dicho”.