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El escándalo del caso Mediador, la presunta trama de corrupción en la que están involucrados empresarios canarios, un general de la Guardia Civil y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', se ha convertido ya en un terremoto político de consecuencias imprevisibles a nivel nacional cuando faltan tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
El caso, en el que además de las corruptelas se mezclan fiestas con drogas y prostitutas, es protagonista absoluto de todas las declaraciones de los dirigentes políticos. Mientras que el PSOE y el Gobierno están en alerta y defienden la contundencia y la rapidez con la que se ha actuado, el PP aprovecha la trama para lanzarse a degüello contra Pedro Sánchez y atacarle por un nuevo flanco dentro de su estrategia contra el jefe del Ejecutivo. "Es un caso de corrupción cutre y lamentable", ha proclamado Alberto Núñez Feijóo.
El presidente siempre ha llevado a gala de que las señas de identidad de su Gobierno son "tolerancia cero" con la corrupción, ejemplaridad y regeneración democrática. Precisamente, Sánchez llegó por primera vez a La Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy por el mazazo que supuso la sentencia del caso Gürtel que acreditó la caja B del PP.
De momento, en lo que respecta a dirigentes del PSOE, solo está implicado en la trama Fuentes Curbelo que el día 14 de febrero, con los primeros indicios de su implicación, fue expulsado del partido y obligado a entregar el acta, pero las informaciones que se están conociendo de que otros diputados de la bancada socialista podrían haber asistido a cenas pagadas por la trama han levantado la sospecha.
Desde la dirección del grupo sostienen que de lo que conocen hasta este momento "no hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción, no tenemos constancia de ninguna otra actividad conniviente con comportamientos deshonestos", ha asegurado el portavoz Patxi López.
"No hay constancia de más", repiten en el grupo tras haber tenido conversaciones informales con algunos diputados y hecho su propia investigación interna a raíz de las noticias que se van conociendo. Fuentes del PSOE sí reconocen una cena a la que asistieron cinco parlamentarios de la bancada socialista pero donde no hubo, sostienen, actuaciones ilegales o comportamientos reprobables. Reconocen su enfado abiertamente, pero señalan que una cosa es ser implacable contra la corrupción y otra emprender una caza de brujas en sus filas.
"Una cosa es ir a una cena y otra es corromperse", ha enfatizado López que garantiza que el partido actuará de inmediato con la expulsión, como ya se hizo con el diputado canario, si tiene conocimiento de conductas ilegales o deshonestas. En cualquier caso, el PSOE estará atento a los hechos para identificar si surge algún otro implicado.
En la misma línea está el Gobierno, en un cierre de filas para subrayar que su actuación ha sido hasta ahora rápida, contundente y tajante. Los socialistas quieren poner pie en pared y aislar cuanto antes a los posibles implicados. "Si hubiera más implicados ya no serían diputados socialistas", ha argumentado la portavoz Isabel Rodríguez tras la reunión del Consejo de Ministros.
Uno de los movimientos políticos llegó desde Canarias. Su presidente, Ángel Víctor Torres, anunció durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, que el PSOE en esa comunidad se personará en la causa como acusación popular. "Que se sepa todo; que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer", afirmó rotundo.
Coincidiendo con esta polémica el Congreso ha enviado una circular a todo el personal de la Cámara, incluyendo a diputados, funcionarios y asistentes, para unificar las normas de control de visitantes. Hasta ahora las visitas se comunicaban por correo electrónico desde los distintos departamentos. Eso implicaba que los servicios de seguridad recibían decenas de mensajes al día. Ahora se ha ordenado unificar las visitas diarias en una hoja de cálculo para facilitar el control. Desde el Congreso se desvincula esa medida, en la que se estaba trabajando desde hace tiempo ante las quejas de la Comisaría, del caso Mediador.
La ofensiva del PP ha ido creciendo en las últimas horas para aumentar la presión sobre Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, en sus primeras declaraciones sobre el asunto ha elevado el tono y la magnitud del caso, acusado al PSOE de querer tapar la corrupción y exigido explicar exactamente qué es lo que pasa y cuántas personas participaron.
Para el presidente del PP lo que se está conociendo es una "bomba", solo la punta del iceberg: "Nos hemos enterado de cómo se frecuentaban prostíbulos durante el estado de excepción, de mordidas, de comisiones y que esto afecta a un Gobierno autonómico, a uno o dos ministerios y a buena parte del grupo socialista en el Congreso y el Senado".
Entre las medidas que ha emprendido el PP en el Congreso hay varias preguntas parlamentarias y la petición de comparecencias de hasta cuatro ministros: Economía, Interior, Asuntos Exteriores y Defensa. No descartan pedir además una comisión de investigación que ERC y Compromís, socios del Gobierno, ya han avanzado que apoyarán. La número dos del PP, Cuca Gamarra, ha enfatizado que van a llegar hasta el final y reprocha a Patxi López que tape los nombres de los diputados que acudieron a las fiestas.
Uno de los argumentos que esgrime el Gobierno y el PSOE es la diferencia con la que abordan ellos la corrupción en contraste con el PP. "La corrupción se ataja o se compadrea", mantiene Patxi López que afea a los populares jugar a poner el ventilador "a ver si cuela". En Moncloa también se muestran sorprendidos por la "doble vara de medir" de Feijóo. Citan que promueva la candidatura de la alcaldesa de Marbella presuntamente vinculada a dinero en paraísos fiscales; que haya almorzado este pasado fin de semana con el presidente del Consell de Ibiza, imputado en un caso de corrupción, o que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz siga en el PP a pesar de que la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión por el espionaje a Luis Bárcenas.
El Ejecutivo no cree que el caso tenga un coste electoral para los socialistas y confía en que los ciudadanos valorarán la rápida intervención del PSOE. Por el contrario, Podemos -que ha expresado la condena "más contundente" contra unos hechos que considera "gravísimos", "vergonzosos", "ilegales e inmorales"- alerta de que este tipo de situaciones aleja al electorado progresista de la política.