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Contaba en ERC con que la reforma de la malversación y la derogación de la sedición favorecieran -si no a Oriol Junqueras y el resto de consellers condenados por el 1-O- a los ex altos cargos pendientes de juicio por su papel en el referéndum de independencia en Cataluña en 2017. Pero el objetivo de la desjudicialización del procés anunciado por Sánchez no se cumple con Josep María Jové y Lluis Salvadó, los dos principales encausados en esta fase del procés. La Fiscalía descarta pedir para ellos la malversación atenuada pactada por el Gobierno y ERC, el partido del que son miembros. Jové y Salvadó se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de siete y seis años y tres meses de cárcel y a inhabilitaciones de 32 y 27 años por los delitos de malversación agravada, prevaricación y desobediencia.
Las penas de prisión que pide la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son por la malversación; las de inhabilitación por la suma los tres delitos. Pero la conclusión es que si son condenados, su pena de apartamiento de cargos públicos doblará la del que fuera su jefe, Oriol Junqueras, que tiene que terminar de cumplir una pena de inhabilitación de 13 años.
Para la Fiscalía, Jové y Salvadó fueron dos piezas clave en la arquitectura del procés, pero a ellos, a diferencia de Junqueras y el resto de líderes de primera línea del procés, no se les imputó el delito de sedición y el más grave que acarreaban eran el de malversación. En cambio sí tienen los de prevaricación y desobediencia. El Ministerio Público retrasó su escrito hasta que el Supremo fijara posición. Conocido que el Tribunal presidido por Manuel Marchena mantenía las condenas por malversación agravada, los fiscales han seguido la tesis y han hecho lo mismo.
La mejor parada en el procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, para quien la Fiscalía solicita un año de inhabilitación por desobediencia.
La respuesta de los propios encausados y del actual presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, da cuenta del enfado por la petición. En sus respuestas han calificado a la Fiscalía de "miserable" y "cobarde" y la han acusado de llevar a cabo una "venganza" y de seguir en una "causa general contra el Independentismo".
Por su parte, el Gobierno se aferra al discurso alternativo de la desjudicialización, el de que la reforma de la malversación y la derogación de la sedición no suponen un perdón de los delitos.
En el escrito, de 49 páginas, solicita sus penas de prisión en base al artículo 432 del Código Penal, que castiga el desvío de fondos "con ánimo de lucro" a penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para los que causan un perjuicio de más de 250.000 euros a las arcas públicas.
Aunque el documento no recoge el término lucro como tal, su referencia a ese artículo deja claro que los fiscales hacen suyo el argumento del Supremo de que utilizar los fondos públicos para un referéndum ilegal no puede ser atenuado y que se puede incluir en el ánimo de lucro. Lo mismo que ocurrió con Junqueras.
Si son condenados, los dos lugartenientes de Junqueras tendrán que devolver a las arcas públicas 754.920,89 euros, de forma solidaria, para reparar el perjuicio causado.
Además, el escrito de la Fiscalía hay multas: 30.000 euros para Jové 30.000 euros de multa; y 27 años de inhabilitación y 24.000 euros. En el caso de Natàlia Garriga, la multa que pide la Fiscalía es de 18.000 euros.
Las penas de cárcel solicitadas para ellos están en la mitad de lol 13 años a los que fue condenado Oriol Junqueras. Sin embargo, las de inhabilitación doblan las del líderes de ERC.
Él, condenado por sedición y malversación en concurso, cumple un castigo de 13 años de inhabilitación. Las que la Fiscalía pide para Jové es de 32 años y la de Salvadó de 27. Eso es así por los delitos de prevaricación y desobediencia. Las peticiones de la Fiscalía se desgranan así:
Josep María Jové es el actual presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament. Fue parte de la mesa de diálogo con el Gobierno de donde nació la reforma de la malversación. Durante el 1-O era secretario general de Vicepresidencia y Economía, la mano derecha de Junqueras. Para él son las peticiones más elevadas de la Fiscalía.
La Fiscalía lo señala como "coordinador" formal del referéndum, uno de los cerebros de la hoja de ruta y apunta que "tuvo directa participación en el ilícito compromiso de los fondos públicos". Es decir, lo sitúa en el centro de la organización del 1-O junto a Lluis Salvadó, "a sabiendas de su ilictud":
La acusación descansa en parte en las notas que Jové apuntó en su libreta, de marca Moleskine, en que había anotado datos de sus reuniones y de las claves de su estrategia hacia el independentismo.
En la actualidad, Salvadó preside el Puerto de Barcelona. Durante el 1-O era secretario de Hacienda y también estaba considerado como uno de los lugartenientes de Junqueras, algo así como su mano izquierda y dependía directamente de Jové.
Según la Fiscalía, el papel de Salvadó era el de crear una Hacienda Pública catalana que sería una nueva "estructura del estado" catalán para generar una financiación de la "pretendida república catalana".
El objetivo de Salvadó, mano a mano con Jové era "conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia". Las peticiones de la Fiscalía para él son más ligeras que las que hace para Jové, pero en absoluto son menores.
En el caso de la Consellera de Cultura, Natalia Garriga, la acusación sólo es por desobediencia. En el momento del 1-O, Garriga era directora de servicios en la Consellería de Economía, es decir, también trabajaba bajo el paraguas de Junqueras.
La Fiscalía incluye a Garriga en el núcleo duro de Oriol Junqueras junto a Jové y Salvadó. A los tres los define como "personas de la máxima confianza de su superior, el conseller Sr. Junqueras".
Entre los hechos que se le atribuyen por parte de la Fiscalía está la "adjudicación de diversos contratos menores dirigidos a la ejecución de obras" para un call center donde se recogerían los datos de participación el 1 de octubre.
Jové confiaba en ella y también le encargó organizar las naves para almacenar urnas y papeles. De hecho, el seguimiento que le hicieron permitió incautar cerca de 10 millones de papeletas del referéndum.
Sin embargo, su acusación es sólo de desobediencia, que no conlleva penas de prisión sino, en su caso, un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa.