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El Partido Popular apoyó ayer en el Congreso el blindaje del aborto ante protocolos antiabortistas como el que Vox intentó implantar en Castilla y León para a continuación votar en contra de una reforma que permitirá abortar a adolescentes de 16 y 17 años sin permiso paterno.
Es la expresión parlamentaria del complicado equilibrio que mantiene el PP con el aborto y que ha soliviantado al ala más dura del partido. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha avalado la ley de plazos y a la vez dice que la interrupción voluntaria del embarazo “no es un derecho fundamental” pero sí “un derecho que tiene la mujer”.
Terreno abonado para Vox que ha hecho pinza con el PSOE en sus críticas a Feijóo por su nueva posición sobre el aborto. Los de Abascal se han lanzado a la yugular de los populares buscando sacar tajada entre los votantes antiabortistas del PP ante el giro de Génova. Los mismos que llaman alarmados a las sedes pidiendo explicaciones.
La diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio, se empleaba ayer a fondo buscando arrinconar al PP en el ring del Congreso. A Feijóo le acusaba de “consumar la traición”, tildaba de "esperpénticas" sus declaraciones sobre el lío de si el aborto es un derecho o no y denunciaba que el PP “se ha sometido sumisamente a los postulados de la izquierda”. Perfectamente alineada con la estrategia desplegada estos días por el partido de extrema derecha de asimilar el PP al PSOE “con diez años de retraso”.
Unas acusaciones muy duras de una diputada que durante los Gobiernos de Rajoy estuvo sentada en un escaño del Partido Popular antes de abandonar el partido por sus fuertes discrepancias sobre el aborto. Ahora representa el sector antiabortista más radical de Vox. Es además hermana de Kiko Méndez Monasterio, uno de los asesores con más influencia sobre Santiago Abascal.
"El derecho a la vida es un valor esencial que no se decide por consenso. Los principios y las convicciones se tienen o no, pero no se consensuan", disparaba sin piedad contra la bancada de sus antiguos compañeros que asistían con semblante serio al ‘chorreo’.
Los populares no han entrado al trapo. Saben que pisan terreno resbaladizo y se limitan a criticar una reforma que elimina el consentimiento paterno para los adolescentes, los tres días de reflexión y establece listas de médicos objetores al aborto. “Rechazamos esta ley por inoperante, innecesaria, infatilizante, intolerante, improcedente e inconveniente”, decía la diputada popular Marta González que prefería centrar su intervención en el terreno cómodo de la ley del ‘sólo sí es sí’.
No será esta la última escaramuza que Vox le tenderá al Partido Popular con el aborto. Esta semana han registrado una iniciativa que reclama la “derogación inmediata” de la ley de plazos de Zapatero que la semana pasada avaló Feijóo y que se ofrezca a las mujeres embarazadas escuchar el latido fetal, ecografías 4D y asistencia psicológica. Lo mismo que hizo en Castilla y León y que Génova paró en seco.
Ahora forzarán a los populares a votar en contra de esta proposición no de ley (como ya ha confirmado el propio Feijóo) colocándoles de nuevo en una difícil posición ante sus votantes más conservadores a algo más de cien días para las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Además meterán presión a Génova recurriendo ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley del aborto aprobada ayer en el Congreso. Una carta que no piensa jugar esta vez el PP después de que el Alto Tribunal tumbara la semana pasada el recurso contra la ley de plazos de Zapatero que presentaron hace 13 años y que ahora consideran superado.
La Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva que así se llama técnicamente y que modifica la actual norma de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE aunque algunas de sus medidas como la menstruación incapacitante y la baja por maternidad tendrán que esperar tres meses.