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El Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia sobre el recurso de PP a la Ley del Aborto del magistrado Enrique Arnaldo, porque la mayoría progresista quiere validar la norma íntegramente sin limitaciones, de manera que la resolución del asunto que lleva casi 13 años pendiente se retrasa unas semanas.
Progresistas y conservadores han evidenciado su primera gran división en esta nueva etapa en la corte de garantías como así acredita el resultado de la votación: los siete progresistas han votado en contra de la ponencia de Arnaldo, que tan solo ha recibido el apoyo de los otros tres compañeros de su grupo.
Con este resultado, Arnaldo ha renunciado a la ponencia que ahora asume la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que deberá redactar un nuevo texto acorde al sentir mayoritario del tribunal, esto es, avalando la constitucionalidad de la ley al completo.
La nueva mayoría progresista (de 7 magistrados frente a 4) persigue un aval sin fisuras a la ley del aborto, por lo que la ponencia ha pasado de Arnaldo, que ha renunciado a redactar una nueva, a la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, de corte progresista.
Ahora, Montalbán tendrá que redactar una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario del Constitucional, expresado a lo largo de miércoles y jueves. Una vez elaborada, tendrá que debatirse de nuevo en Pleno, por lo que este cambio de ponente supone postergar el fallo.
Se trata del cuarto ponente del recurso del PP contra la ley del aborto. Elisa Pérez Vera fue la primera encargada de estudiar la impugnación a fondo, después pasó a Andrés Ollero y finalmente a Arnaldo, que ahora cede el testigo a Montalbán.
El Tribunal Constitucional (TC) ha cambiado durante su Pleno de este jueves al magistrado ponente del recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto, en busca de una nueva propuesta que avale íntegramente la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según las fuentes de la corte de garantías consultadas.
El magistrado Enrique Arnaldo presentó el miércoles a sus otros 10 compañeros la ponencia que ha redactado sobre el recurso 'popular', que finalmente ha llegado al Pleno del TC casi 13 años después de que fuera presentado.
Las fuentes jurídicas señalan que Arnaldo proponía respaldar prácticamente toda la ley, salvo el artículo 17 por considerar que la forma de informar a la mujer --mediante un sobre cerrado-- no garantiza suficientemente que dé un consentimiento informado a la interrupción voluntaria del embarazo.
El recurso 'popular' llegó al Pleno de esta semana como parte del plan ideado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desatascar el tribunal empezando por los asuntos más antiguos. El debate sobre el fondo no empezó hasta el ecuador del cónclave, porque la primera parte se dedicó a ventilar las recusaciones y la abstención suscitadas.
Así, el martes, durante la primera sesión del Pleno, los magistrados rechazaron la decisión voluntaria de Concepción Espejel de apartarse de estas deliberaciones porque era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el órgano de gobierno de los jueces informó el anteproyecto sobre la ley del aborto.
El Pleno impidió que Espejel se abstuviera al entender que expresó su criterio jurídico sobre este tema "hace más de 12 años" en un informe "fallido" del CGPJ porque no llegó a elevarse al Gobierno.
Ya en la sesión del miércoles, el Pleno frenó las recusaciones lanzadas por 5 de los 71 diputados del PP que firmaron el recurso contra Conde-Pumpido, Montalbán, Espejel y Juan Carlos Campo.
Señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; a Montalbán y Espejel porque eran vocales del CGPJ que informó igualmente el borrador; y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.
El Pleno directamente inadmitió el escrito de estos 5 exdiputados 'populares', incluido el exministro Federico Trillo, al estimar que ellos solos no tienen capacidad para actuar en nombre de los 71 recurrentes originales.
De haber prosperado estas recusaciones, el Constitucional se habría quedado sin los magistrados necesarios --al menos 8, de los 11 que son actualmente-- para resolver el recurso.