{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Tres carteras socialistas. Rueda de prensa tras un consejo de ministros de un Gobierno de coalición en plena guerra y en plena negociación para cambiar la ley y sus efectos. "La mejor forma defender la buena ley es llevar a cabo todos los ajustes técnicos necesarios para evitar la rebaja de penas". Lo dice la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez espera llegar "esta semana" a un acuerdo para reforma la Ley del 'solo sí es sí', pero reconoce diferencias entre los partidos de la coalición sobre "cómo llevar a cabo" la misma pese a que coinciden en "mantener el consentimiento y evitar los efectos indeseados". En este sentido, ha precisado que los trabajos entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia se centran en "ajustar desde el punto de vista jurídico y técnico" para que no se produzcan las rebajas.
Fuentes gubernamentales han explicado que la "complejidad" para llegar a un acuerdo está "en la solución técnica y no en la voluntad política", si bien han dejado claro que el objetivo es "solucionarlo" y se han marcado de plazo "esta semana". Rodríguez ha incidido en la "complejidad" de los "retoques técnicos" de la reforma, que, ha aseverado, no llega "en ningún caso" por motivos electorales, sino que responde a la preocupación del Gobierno ya expresada desde que se produjesen las primeras rebajas de penas. "Desde siempre hemos mantenido que el Gobierno ha estado estudiando en todo momento cada uno de esos pronunciamientos", ha recalcado.
En este contexto, ha apuntado a la importancia de alcanzar un acuerdo para la reforma, tras lo que "ambicionará el mayor apoyo de todos los grupos", un apoyo en el que el PP "es bienvenido", ha dicho. En relación con la oferta de los 'populares' para apoyar la reforma sin el voto de Unidas Podemos, la portavoz ha manifestado su "escepticismo" porque "el histórico del partido en lo que se refiere a derechos y libertades de las mujeres no les avala".
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido que en la tramitación de la ley, que contó con el apoyo de 200 diputados, nadie "quería los efectos indeseados que se están produciendo".
Durante su intervención ante los medios, Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de los morados en el Congreso ha señalado que Igualdad comenzó una negociación con Justicia "desde el puente de la Constitución" y ha entregado hasta tres propuestas al departamento de Pilar Llop para reformar las penas incluidas en la ley.
Echenique ha reconocido que el equipo de Irene Montero no quería modificar la norma y culpa al PSOE de "haber cedido a la presión de la derecha mediática, judicial y política" en este tema y ha insistido en que Igualdad ha aceptado la reformar "para proteger la unidad del Gobierno". Este ha sido también el motivo por el que, según el diputado, Igualdad ha sido discreto en la negociación y esta no se ha conocido hasta que "el PSOE la filtró" el domingo.
En medio de esa discusión entra Pablo Iglesias y su amenaza de que el PSOE lo pagará si pacta con el PP. Y este mete prisa con los cambios propuestos por ellos o en su defecto acepta los propuestos por el PSOE. El PP señala en cuanto a la eliminación del consentimiento como centro de la ley en la propuesta del PP, Gamarra ha explicado que este "se tiene en cuenta" y ha apuntado que el consentimiento "no ha llegado al Código Penal con esta reforma" sino que "ya formaba parte de él previamente". Además, apunta que su objetivo es "buscar la fórmula para que no haya horquillas más bajas y nadie se pueda acoger a una pena inferior".
La propuesta de Justicia se centra en las penas. No se toca el concepto del consentimiento, pero sí la violencia o intimidación. La negociación continúa. La complejidad es extrema.
Desde Informativos Telecinco hemos querido consultar a algunos expertos para que nos aclaren la viabilidad de la reforma. Lo que sí nos advierten es que se van a seguir produciendo excarcelaciones por rebaja de penas y que los cambios solo afectarían a futuras condenas.
La preocupación social por las revisiones a la baja de las condenas a violadores y pederastas solo parece tener un punto de encuentro y es retocar la penas mínimas de la ley del sí es sí en los casos más graves.
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, se ha mostrado favorable a reformar la nueva Ley de 'Sólo sí es sí' y ha rechazado que haya sesgo conservador en la rebaja de penas a agresores sexuales que se está produciendo por la aplicación de esta norma. Uriarte considera que habría que modificar la nueva Ley porque entiende que "no se buscaba" que el resultado de la aplicación de la norma fuera un número "tan alto de reducciones de condenas y excarcelaciones".
"Si hay un error, lo normal sería arreglarlo. El tema es que no es fácil porque se puede intentar acotar ese problema ya que se han tenido que reducir algunas condenas porque las horquillas penales son más bajas o más amplias por abajo que las que tenía la Ley anterior, pero eso no va a solucionar el problema para todos los delincuentes condenados hasta ahora y para los que puedan ser condenados en el futuro, salvo aquellos hechos que se cometan después de la entrada en vigor de esta reforma", ha subrayado.
En cuanto a la disposición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a abordar una reforma de la nueva norma, pero "protegiendo que el consentimiento siga en el corazón del Código Penal", el magistrado cree que "el consentimiento siempre ha estado" ahí. "El Código Penal, desde hace mucho tiempo, pivota en torno al consentimiento de la víctima", ha añadido.
Tras subrayar que con la reforma se han reorganizado los delitos contra la libertad sexual y se han integrado los de abuso sexual, menos graves al no haber violencia o intimidación, se ha bajado el límite mínimo de las condenas, lo que conlleva las rebajas de penas. Por ello, ha insistido en que, si se modifica esta Ley, se solucionaría el problema para los delitos que se cometan tras la entrada en vigor de la eventual reforma, pero no para los perpetrados con anterioridad.
"Aquí se está aplicando una norma constitucional, que es el reverso de la retroactividad de Ley nueva", ha dicho, para apuntar que su aplicación "no es más conservadora ni progresista ni un punto medio. Es la aplicación de la Ley", ha reiterado.
Que las condenas previas a la ley puedan revisarse y rebajarse se debe a la existencia del "principio general de retroactividad de las sanciones más favorable. Dicho principio está recogido en el artículo 2 del Código Penal, que especifica que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo", pese a que este ya estuviera cumpliendo condena al entrar en vigor.
Elena Iñigo, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, consideraría prudente esperar a que acaben las revisiones y "aplicar la ley como está configurada ahora mismo a futuro", aunque cree que "era mucho mejor la ley de antes porque cuanto más diferencias una ley más fácil es ser justos. El diferenciar entre tipos penales es más claro, lo vemos en los casos de homicidio y asesinato. Es como crear un macrodelito de asesinato", sostiene la experta.
Expertos consultados también consideran que se debe asentar la aplicación del texto actual al ser una avance en el abordaje de la violencia sexual. Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la violencia de género