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La legislatura está en tiempo de descuento y la reforma de la ley mordaza, una de las promesas electorales más simbólicas de todo el bloque de investidura y un compromiso de Pedro Sánchez, corre serio peligro de naufragar si en los próximos días PSOE, Podemos y sus aliados parlamentarios no acercan posturas. Su aprobación está en el aire. Las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas y los contactos son permanentes, pero nadie se mueve de su posición para salvar los escollos que impiden avanzar relacionados con los límites a la actuación policial.
De momento la cuestionada Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el PP en 2015 con su mayoría absoluta sigue vigente. Es una de las asignaturas pendientes de Sánchez y se ha convertido en un quebradero de cabeza para los socialistas, probablemente la reforma más compleja de la legislatura. Está atascada desde el principio. Entró en el Congreso en enero de 2020 a través de una proposición de ley del PNV y ha tenido más de 40 ampliaciones del plazo de enmiendas ante la incapacidad de los aliados para desbloquearla que llevan más de un año negociando.
El Gobierno busca un equilibrio que garantice herramientas suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer su trabajo y el derecho de los manifestantes a la protesta y sus socios le acusan de no querer tocar los aspectos más lesivos de la ley del PP y le avisan que no van a tragar con una reforma light.
El calendario está en marcha y se acerca al final. Esta semana se reunirá de nuevo la ponencia con la intención de redactar el dictamen y elevarlo primero a la Comisión de Interior y después al pleno. La tensión se mantendrá hasta el último momento. Los socialistas quieren sacar adelante ya un texto en el que se han conseguido avances, pero el resto de partidos no está dispuesto a dar su visto bueno a una ley descafeinada.
La posibilidad de que sea rechazada está encima de la mesa con el fracaso que supondría para el Gobierno. Si finalmente se alcanza un pacto y se aprueba, Moncloa podrá vender que cumple con una de las leyes emblemáticas prometidas.
Hay cuatro puntos de fricción fundamentales donde las posiciones están muy alejadas: el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, las faltas de respeto a los agentes, la desobediencia y las devoluciones en caliente.
El Ministerio del Interior se niega a eliminar las pelotas de goma como elemento antidisturbio porque considera que eso desprotegería a los agentes. Esas pelotas están prohibidas en Cataluña y ERC presiona para que tampoco las use la Policía Nacional. El Gobierno ofrece que la ley señale que se las Fuerzas de Seguridad empleen los medios menos lesivos y eviten los que causen lesiones irreparables, pero no contempla de momento acabar con las pelotas de goma.
Los artículos que hacen referencia a las faltas de respeto a los agentes y desobediencia son los otros que generan más división. La Policía los utilizó especialmente durante el primer estado de alarma para quienes se saltaban el confinamiento. Son los que más sanciones producen. Podemos y los independentistas creen que tienen una redacción muy ambigua que permite situaciones discrecionales y arbitrarias. Pablo Echenique exige poner fin a que "se pueda multar por mirar mal" a un agente si alega falta de respeto.
Las devoluciones en caliente son motivo de controversia, un tema especialmente sensible tras los incidentes en la valla de Melilla que acabaron con decenas de migrantes muertos. El PSOE ofrece regular el rechazo en frontera en una futura reforma de la Ley de Extranjería pero los independentistas se niegan. Quieren que los cambios se hagan ahora porque ya no hay margen para más en este año electoral.
Es la reforma de una ley orgánica, por lo tanto el Gobierno necesita mayoría absoluta, 176 votos para sacarla adelante. Teniendo en cuenta que los partidos de la derecha votarán en contra, los votos de ERC y Bildu son imprescindibles. No vale con que se abstengan, tienen que apretar el botón del sí. Y ahora están en el no. Solo el PNV parece estar atado mientras Podemos está intentando hacer un papel de mediador entre las dos partes.
Pedro Sánchez, en el debate del Congreso del martes pasado, expresó su voluntad de modificar la ley, pero siempre que se den "garantías" a las Fuerzas de Seguridad para que puedan "garantizar el orden público". En ese pleno fue Bildu quien más apretó las tuercas para que cumpliese su compromiso y fuese valiente. Los vascos ya han avisado de que no apoyarán una "ley mordaza 2.0" que no toque los artículos más lesivos.
En este tiempo se han alcanzado algunos acuerdos como exonerar de responsabilidad a los convocantes de manifestaciones donde haya incidentes que cumplan las medidas de seguridad previstas. La infracción recaerá en quien provoque los disturbios, no en el convocante. Además la Policía deberá avisar de forma audible durante una protesta antes de cargar. Se han rebajado también las sanciones económicas para las manifestaciones no comunicadas.
El pacto de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 decía textualmente que se aprobaría una nueva ley para sustituir a la mordaza basada "en una concepción progresista" de la seguridad ciudadana que "verá la luz a la mayor brevedad posible". Unos meses después, Sánchez habló de "compromiso firme" en su discurso de investidura. En estos momentos todo está en el aire y las votaciones decisivas se acercan.