La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo,. En la actualidad sólo tres comunidades autónomas -Cantabria, Baleares y Cataluña- realizan más abortos en centros públicos que en privados.

Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado.

La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan abortar en un centro público, incorporando la previsión de proximidad del domicilio.

Sin embargo, el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España durante el año 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad dibuja un escenario bien distinto y es que menos del 16 % de los abortos (el 15,6 %) se realizaron en centros públicos el pasado año.

Del total de intervenciones realizadas (90.189); el 13,61 por ciento se produjo en hospitales (de ellos, el 7,34 % privados y el 6,27 % públicos) y el 86,39 por ciento se derivó a centros acreditados para la interrupción del embarazo, de los cuales el 76,99 por ciento fueron privados y sólo un 9,4 % públicos.

Sólo tres comunidades primaron la sanidad pública a la hora de llevar a cabo los abortos. Cantabria, con un total de 824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), llevó a cabo el 67,3 % de estas en centros públicos; en Baleares el porcentaje ascendió al 61,7 %, mientras que en Cataluña fue del 52,5 %.

En el lado contrario, Extremadura -además de Ceuta y Melilla- no ha realizado ninguno de los 1.284 abortos que reportó en 2021 en un centro sanitario público, mientras que en la Comunidad de Madrid unicamente se han practicado 2 de las 15.188 intervenciones en la pública (el 0,01 %); y en Murcia solo 1 de los 3.267 (el 0,03 %).

Por debajo del 0 % están también Andalucía (0,05 %) con 10 abortos en la pública de un total de 17.487; Castilla La Mancha el 0,06 % -con 2 IVE de 3.203; y Aragón con 5 de 1.917 (un 0,26 %).

Navarra y Galicia, con el 30,9 % y el 22 % respectivamente, se encontrarían en mejor posición que la media, pero todavía con datos muy alejados de lo que contempla la nueva ley.

Otras comunidades como La Rioja, que de los 332 abortos voluntarios realizados el pasado año, sólo llevó a cabo 11 en centros públicos (el 3,31 %), ya ha comunicado que garantizará el derecho al aborto en la sanidad pública y mantendrá la opción actual de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la comunidad a aquellas mujeres riojanas que opten por ello.

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo, ha informado a EFE de que la sanidad pública riojana contratará a personal externo a la comunidad para que pueda garantizarse este derecho en todas sus opciones en los hospitales San Pedro de Logroño y el de Calahorra.

Y ha recordado que, en la actualidad, no se garantiza el aborto dentro de la sanidad pública de esta comunidad porque todos los profesionales sanitarios del SERIS optaron por ejercer su derecho a la objeción de conciencia.