El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena hoy su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir los abortos, y que ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio el pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). De hecho, el Gobierno central ha remitido un requerimiento al autonómico para que se abstuviera de ponerlo en marcha. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha negado que se vaya a obligar a las mujeres que quieran abortar a seguir el protocolo.

Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que ofertará la Comunidad a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar.

Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que llevaron ayer al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha.

Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

En el escrito, la Junta aseguró que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: "El respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".

No obstante, queda aún por despejar, hasta conocer en detalle esta instrucción comunicada a los facultativos a través de las gerencias de salud, si para los profesionales será "obligatorio e imperativo" ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o será algo que quedará al criterio sanitario sin ser preceptivo, como matizó el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP.

Precisamente, desde que el vicepresidente anunciara esta medida el pasado jueves en consejo de Gobierno, los dos socios de Gobierno -PP y Vox- han mantenido un tira y afloja, con distintas versiones, incluso contradictorias, de qué supondrá este protocolo y cómo se llevará a cabo en la Comunidad.

Asimismo, además de la obligatoriedad o no de ofrecer este protocolo por parte de los profesionales sanitarios, PP y Vox también han evidenciado estos cuatro días sus diferencias argumentales para catalogar estas medidas.

Así, mientras que para Vox este protocolo es una respuesta "provida" a la "agenda abortista de la izquierda", para el PP no son medidas "antiabortistas", sino en "apoyo a la natalidad", con el énfasis puesto en la "voluntariedad" de las mismas para las mujeres, como recalcó este fin de semana el presidente autonómico.

"Todos los ataques, todas las difamaciones, todas las zancadillas… todo habrá merecido la pena si conseguimos salvar una única vida. Seguimos adelante, sin dar ni un paso atrás", escribía por su parte este domingo en redes sociales el máximo dirigente de Vox en Castilla y León.

Desde que este anuncio saltó a la opinión pública, las críticas hacia este protocolo y a la Junta de Castilla y León se han sucedido desde diversos ámbitos, especialmente el político, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en un acto este fin de semana en Sevilla que con gobiernos socialistas "habrá avances" en beneficio de las mujeres y "ni un solo retroceso".

De este modo, el presidente subrayó que los socialistas no permitirán que haya ninguna regresión en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo son madres y cuándo no, un mensaje que también han replicado otras voces, como la ministra de Sanidad o la vicepresideta segunda del Gobierno y ministra, Yolanda Díaz.

Finalmente, asociaciones feministas y proaborto también han criticado este protocolo por atentar, según estas, a los derechos de la mujer, al suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.