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La Junta de Castilla y León implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, tras la puesta en conocimiento de estas medidas en la reunión del Consejo de Gobierno.
Ante el anuncio de las medidas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha tardado en responder y dar su opinión a través de las redes sociales. Montero ha aseverado que "lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres" y ha reprochado que "éstas son las alianzas de Feijóo", en referencia al presidente del Partido Popular.
García-Gallardo ha subrayado que se trata de un acuerdo "negociado y consensuado" con la Consejería de Sanidad y que supone el desarrollo del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox firmado el 10 de marzo del año pasado, concretamente en lo relativo a los puntos 12 y 13 para el apoyo a las familias y la promoción de la natalidad.
Así, las nuevas medidas que se han aprobado por instrucción del consejero, Alejandro Vázquez, y que este jueves se ha comunicado al Consejo, serán de oferta obligada para el profesional, el cual "deberá decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades" --atención psicosocial, latido fetal y ecografía 4D--, mientras que su uso o no será una decisión voluntaria de la mujer. "No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere", ha recalcado García-Gallardo.
En concreto, se garantizará la atención psicosocial a todas las madres "que así lo requieran" a través de un psicólogo de Sacyl, una atención que será voluntaria para las mujeres pero "imperativa para los profesionales", que deberán ofrecer tanto esta como el resto de medidas adoptadas por la Administración autonómica, y que busca que "tengan todo el apoyo para afrontar el embarazo en las mejores circunstancias y se sientan acompañadas", a fin de que puedan escoger entre la decisión "natural y propia" de seguir con el embarazo y la "tragedia social" del aborto, la cual deja "una huella en las mujeres" e implica "un drama".
La Administración autonómica brindará la asistencia psicológica que precise la embarazada en la esfera emocional, mediante el acceso a la atención por un psicólogo clínico, para lo que se establecerá un procedimiento de derivación desde Atención Primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran.
Tanto García-Gallardo como el portavoz de la Junta, Carlos Fernández-Carriedo, han subrayado que se reforzará la asistencia psicológica dentro del sistema público de salud de la Comunidad para que las embarazadas que lo soliciten reciban una "atención preferente".
En este sentido, Fernández Carriedo ha aclarado que la dotación económica para poner en práctica este servicio dependerá "en gran parte" de su utilización, ya que a priori resulta "difícil de cuantificar". "Es importante dar un servicio adecuado más allá de su coste", ha recalcado el portavoz, quien ha insistido en que se llevará a cabo un "refuerzo" de la atención.
La segunda de las medidas es el protocolo de latido fetal y el registro cardíaco, algo "optativo y complementario" con las tres ecografías preceptivas que se realizan actualmente y que se llevaría a cabo entre las semanas seis y nueve de embarazo, a fin de permitir que "antes de cualquier decisión", puedan "escuchar el latido de su hijo".
Tomar un decisión "mucho más consciente" es el fin de otra técnica "complementaria" a las tres ecografías convencionales como la ecografía 4D para que los progenitores vean "en tiempo real" el vídeo con "la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado".
El vicepresidente de la Junta ha defendido que la monitorización de la frecuencia cardiaca, número de latidos por minuto, es una forma de evaluar el bienestar fetal, tanto en el embarazo como en el parto, siendo necesario su registro en todos los estudios ecográficos prenatales que se realicen. En este sentido, ha recordado que la técnica Doppler es habitual en la práctica clínica diaria, "de muy sencilla ejecución y disponible en todos los ecógrafos".
En este sentido, ha incidido en que la monitorización de la frecuencia cardiaca "permite el seguimiento de problemas fetales tales como retraso del crecimiento o alteraciones en la cantidad de líquido amniótico", así como de factores de riesgo materno en embarazos de alto riesgo, tales como "hipertensión o diabetes" durante el embarazo, a lo que se une la importancia de que nazcan "más niños", algo "fundamental para sobrevivir".
Por lo que se refiere a las ecografías 4D, se trata de una técnica ecográfica complementaria y no sustitutiva de los estudios ecográficos estandarizados del seguimiento del embarazo, que "puede aportar ventajas para la evaluación ecográfica de los profesionales", ya que "permite una mejor visualización del feto, así como una mejor valoración del corazón, permitiendo una detección más precoz de las cardiopatías congénitas".
De cara al "derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales", Castilla y León velará, como ha subrayado su vicepresidente, por que se respete y mandar el "mensaje claro" de que "no se establecerán listas negras" de objetores, después de acusar al Gobierno de España de pretender implantarlas con algunas de sus medidas anunciadas.
Juan García-Gallardo ha subrayado que se trata de "continuar con la situación actual" en esta materia, con un respeto a la actual normativa de protección de datos y a la ley que contempla la objeción de los profesionales, tras alertar de que las últimas reformas a nivel nacional "iban en sentido contrario".
Estas medidas, como ha subrayado el vicepresidente, buscan que "todas las mujeres que quieran continuar con su embarazo" puedan contar "con todo el apoyo de la Junta" y tratar así de prevenir la interrupción de las gestaciones, que en 2021 se incrementaron en más de un siete por ciento en la región, según ha afirmado, respecto a 2020, año marcado por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad derivadas de la pandemia.
García-Gallardo ha destacado que 70 de esos abortos practicados fueron a madres que ya habían interrumpido anteriormente su embarazo "hasta en tres ocasiones", tras lo que ha sentenciado que si estas medidas "son útiles para que un sólo niño afectado no sea abortado", compensará cualquier contrapartida "negativa" de "estar en un Gobierno".
En todo caso, la Junta ha recalcado que los profesionales sanitarios dispensarán "tratamiento y atención médica adecuados" a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.
Respecto a la entrada en vigor de estas medidas, García-Gallardo ha asegurado que se pondrán en marcha "inmediatamente" en "el corto plazo", tras señalar que la técnica del latido fetal se puede aplicar "en todos los hospitales de la Comunidad y la ecografía 4D "en la mayoría" de ellos.