Una de las medidas preventivas más controvertidas contra la violencia machista que ayer adelantaba el ministro Grande-Marlaska, es la de poner el foco en los agresores con antecedentes. Una medida que es difícil de encajar porque puede suponer una vulneración de derechos fundamentales.
Se trata de proteger a las mujeres más vulnerables, que prevalezca su derecho a seguir vivas sobre el derecho a la protección de datos, a la intimidad, de los maltratadores. Pero informar a la víctima de los antecedentes de violencia de género de su pareja, no será un aviso automático.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada: “Si la ley permite la consulta, tendrá que establecer los casos en los que se puede consultar"
La medida en la que trabaja Interior se aplicaría en los casos en que la mujer denuncia y la valoración de riesgo de nuevas agresiones es alta.
Es el criterio que propone la Fiscalía de Sala de violencia sobre la mujer para encajar la aplicación legal: estudiar caso a caso para que avisar a la mujer de que su agresor es reincidente, sea una condición para protegerla mejor.