La Justicia ha sido la protagonista de la última gran batalla campal entre el Gobierno y la oposición con acusaciones cruzadas de bloqueo y golpe a la democracia. Los dos principales partidos de España, PSOE y PP, han sido incapaces de llegar en los últimos tiempos a un acuerdo para renovar los órganos judiciales -el CGPJ lleva cuatro años con el mandato caducado- y la crisis institucional se prolonga. La independencia de la Justicia sigue siendo una deuda pendiente.

El año acabó con una auténtica tormenta política y judicial por la intención del Ejecutivo de modificar dos leyes para renovar el Tribunal Constitucional aprovechando una proposición que además derogaba el delito de sedición y rebajaba el de malversación. En una situación inédita, sin precedentes, el propio TC paralizó a petición del PP la tramitación parlamentaria de la ley que permitía su desbloqueo.

El barómetro de GAD3 para NIUS pregunta a los españoles si consideran que la Justicia está politizada. La respuesta es clara: un 83% dice que mucho o bastante frente al 9,2 % que sostiene que poco y el 3,6% que dice que nada.

Si nos fijamos por partidos políticos, los votantes de las formaciones nacionalistas son los que abrumadoramente denuncian esa politización, la cifra asciende al 85,4%. Les siguen los electores de Podemos (73,2%), los de Vox (58%), los del PSOE (48,1%) y en último lugar los del PP (43,8%).

Finalmente el 27 de diciembre el Constitucional se renovó y ahora tiene una mayoría progresista, pero los puentes entre PSOE y PP están rotos. La justicia volverá a estar en el centro de la refriega política este último año de legislatura. El PP ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que los jueces sean los que elijan a los 12 vocales de extracción judicial del CGPJ. Una propuesta que también contempla que no puedan aspirar a esos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

El argumento de Génova es que con esas medidas se intenta "proteger" al Poder Judicial de Pedro Sánchez. Los populares presionan con Bruselas para forzar al Gobierno a negociar su iniciativa para "despolitizar" el CGPJ pero Moncloa, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya la ha rechazado de plano.

"El modelo actual es perfectamente democrático", ha proclamado Bolaños que pide a Alberto Núñez Feijóo que tenga "liderazgo" y firme el acuerdo que había alcanzado con el Ejecutivo y que saltó por los aires porque se cruzó en la última fase de la negociación la reforma de la sedición. El Gobierno subraya que el sistema lleva 35 años en vigor y responde a un acuerdo de Estado entre el PP y el PSOE en 2001 cuando gobernaba José María Aznar.

La paralización por parte del TC de una ley en tramitación provocó algunos de los momentos más tensos de los últimos meses en los debates del Congreso de los Diputados. Hubo acusaciones cruzadas de golpismo con palabras muy duras de las dos partes. El PP y Vox denunciaron que sus derechos como diputados se vieron vulnerados y que el Gobierno intentó cambiar la Constitución por la puerta de atrás. El PSOE reprochó a la derecha la utilización de los jueces para conseguir en los tribunales lo que no ganan en el Parlamento ni en las urnas.

GAD3 interroga a los encuestados si creen que se ha producido realmente "un golpe a las instituciones". Un 46,8% dice que no y un 35,6% asegura que sí. Un 36,2% de los que responden afirmativamente responsabilizan por igual al PSOE y al PP, un 34,3% señala que los socialistas tienen la culpa y solo un 25,6% apunta a los populares.

Una de las últimas decisiones de Sánchez más polémicas y arriesgadas, la reforma del Código Penal que suprime de la sedición -el delito por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés- y rebaja del delito de malversación -criticada en las propias filas socialistas por algunos barones como Emiliano García-Page- tiene un rechazo importante de los ciudadanos.

Un 54,1% está en contra de la eliminación de la sedición y un 53,6% de la rebaja de la malversación que afecta a los procesados por corrupción. El apoyo a esas medidas ronda el 20%. Fueron exigencias de ERC a Sánchez que enmarca esas iniciativas en la adaptación de nuestra legislación a los estándares europeos y en los pasos hacia adelante en aras de la convivencia en Cataluña.

Sobre la posibilidad de realizar un nuevo referéndum de autodeterminación, una de las reivindicaciones históricas de los partidos independentistas, un 57,9% lo rechaza y un 23,5% lo respalda. Sánchez ha proclamado en varias ocasiones que mientras él sea presidente del Gobierno esa consulta sobre la soberanía no se producirá porque está fuera de la Constitución.