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El 7 de enero de 2020 Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno en la segunda votación en el Congreso por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, las de ERC y Bildu. Acababa así un periodo de bloqueo político en España y empezaba una nueva etapa plagada de incertidumbres con el primer Gobierno de coalición progresista de la democracia.
Era un experimento inédito, "el único Gobierno posible", dijo Sánchez aquel día ante la Cámara después de proclamar unos meses antes que "no dormiría tranquilo" con ministros de Podemos en su Gobierno. Los 155 escaños de PSOE y Unidas Podemos vaticinaban un tiempo complejo y lleno de sobresaltos. La derecha auguró que no podría sacar leyes adelante y que la legislatura sería corta e inestable. Según lo que enfatiza Sánchez cada vez que tiene oportunidad, el mandato se cumplirá hasta el final con elecciones generales en diciembre.
Tres años después la coalición resiste y el llamado bloque de investidura que se forjó aquel día ha dado estabilidad a Sánchez en el Congreso. Eso sí, los síntomas de desgaste son evidentes y se han reflejado en las encuestas. En este tiempo ha habido de todo: relaciones muy complicadas con Podemos, negociaciones tensas e interminables para poder aprobar medidas, votaciones de infarto y cesiones a sus socios independentistas.
Y todo enmarcado en un tiempo excepcional. A los tres meses de llegar al Gobierno estalló la pandemia y después una guerra en Europa que ha provocado una crisis energética y una subida desbocada de la inflación.
Desde el primer momento, el apoyo de ERC y Bildu sirvió a PP y Vox para acuñar la idea de que el Gobierno era "ilegítimo" por pactar con quienes habían intentado "romper España" y con los "herederos de ETA". Ha sido la estrategia de la derecha durante estos tres años. La oposición no ha dado tregua a Sánchez y ha sido imposible forjar ningún pacto de Estado. Ni con Pablo Casado ni con Alberto Núñez Feijóo. El ejemplo más claro de que los puentes están rotos es el bloqueo para renovar los órganos constitucionales como el CGPJ, con el mandato caducado desde hace más de cuatro años.
Sánchez se presentó al debate de investidura con un amplio paquete de reformas ambicioso para transformar la economía con el impulso a la agenda social, los nuevos derechos, la igualdad y la transición ecológica como elementos clave.
El presidente adquirió 239 compromisos en su discurso de los que, según Moncloa, se han cumplido un 73% con una previsión de que se alcance el 80% en el próximo semestre. Respecto a los 428 promesas establecidas en el acuerdo del Gobierno de coalición firmado entre Sánchez y Pablo Iglesias, el Ejecutivo señala que el porcentaje de cumplimiento roza el 70%.
El Gobierno saca pecho de haber aprobado alrededor de 180 leyes en el Congreso en tres años. Una cifra similar a la de otros ejecutivos con una mayoría más amplia. De ellas más de la mitad han sido decretos ley, muchos adoptados para hacer frente a los efectos de la pandemia y de la guerra con planes y medidas anticrisis como el aprobado antes de finalizar el año. "No se ha perdido ni una votación importante", destacan en Moncloa.
Todas esas leyes han salido adelante con el apoyo del bloque de la investidura que también ha dado algún susto al Gobierno cuando se ha resquebrajado. Sánchez ha podido comprobar que cuando le han fallado ERC o Bildu ha pasado muchos apuros. El ejemplo más evidente fue la votación de la reforma laboral, uno de los proyectos fundamentales del Gobierno y uno de los compromisos de la coalición. Salió adelante por un solo voto, un error del diputado del PP Alberto Casero.
El Gobierno pone encima de la mesa para escenificar la estabilidad los tres presupuestos generales del Estado consecutivos, aprobados en tiempo y forma con una mayoría más amplia que la de la investidura. Una decena de partidos y alrededor de 188 votos han dado luz verde a las cuentas públicas.
La agenda social del Gobierno es una de las grandes bazas que exprimirán PSOE y Podemos en las próximas citas electorales. Además de las medidas puestas en marcha con motivo de la pandemia y la guerra como los ERTEs o los planes anticrisis con ayudas para favorecer a las familias más vulnerables se ha subido el salario mínimo, implantado el Ingreso Mínimo Vital y se ha garantizado por ley que las pensiones suban según el IPC.
Eso unido a los últimos datos del paro, con una de las tasas más bajas de los últimos 15 años y la inflación también más baja de Europa sirven al Ejecutivo para exhibir músculo a pesar de las incertidumbres que se ciernen sobre la economía.
Se han aprobado leyes sociales que aumentan derechos como la de eutanasia, la nueva ley del aborto, la trans, la de infancia, Formación Profesional o la del Cambio Climático, pero también ha habido tropezones como la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' con rebajas de penas a los agresores sexuales. Hay además dos leyes que siguen en el cajón y que fueron compromisos de investidura.
La derogación de la ley mordaza y la ley de vivienda están recogidas en el pacto de Gobierno. Las dos asuntos están bloqueados en el Congreso por falta de acuerdo entre PSOE y Podemos aunque los últimos movimientos indican que podrían desatascarse en breve. La regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas es el gran escollo que deben solucionar los socios para salvar una ley a la que Podemos le da una especial trascendencia y que ha generado permanentes tensiones en la coalición.
Sánchez ha apostado por la convivencia en Cataluña adoptando en estos tres años las decisiones más arriesgadas y polémicas. Ya lo dijo en el debate de investidura: "No hay otra forma de resolver el contencioso que el diálogo". El presidente se comprometió a dar pasos adelante e inició una agenda para el reencuentro con la desjudicialización del conflicto, como le exigía ERC, como guía.
Primero fueron los indultos a los presos condenados por el procés, ahora la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, los delitos por los que fueron procesados. El rechazo de la derecha ha sido frontal pero Sánchez está convencido de que el ruido pasará. El presidente siempre apela a que la situación en Cataluña hoy no tiene nada que ver con la de 2017, cuando se celebró el referéndum y se declaró la independencia de forma unilateral gobernando Mariano Rajoy.
Las expectativas electorales del PSOE en Cataluña son buenas aunque la gran incógnita es si esas decisiones le pasan factura a Sánchez en las urnas en el resto de España.