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El Gobierno ha puesto el acelerador para conseguir aprobar en las "próximas semanas" la ley de vivienda, uno de los compromisos adquiridos en el pacto de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 y que sigue encallado por falta de acuerdo entre los socios. PSOE y Podemos han reforzado las negociaciones en los últimos días con el objetivo de que en breve pueda ver la luz la primera ley sobre vivienda en España, un proyecto emblemático de la legislatura.
Las dos partes reconocen avances en los contactos que están ayudando a despejar el camino de una ley que ha sido foco de tensiones permanentes entre socialistas y morados. El proyecto llegó a condicionar el apoyo de Podemos a los presupuestos generales del Estado en 2021 y 2022. Para el partido que lidera Ione Belarra la vivienda es clave, una bandera social, más si cabe en año electoral.
La regulación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas y la definición de grandes y pequeños tenedores de viviendas son el principal punto de conflicto que todavía está abierto. La ley lleva meses parada en la Comisión de Transportes del Congreso donde no ha podido avanzar por las cientos de enmiendas registradas por la oposición. Podemos también presentó las suyas con el consiguiente enfado de los socialistas que defienden el texto que salió del Consejo de Ministros estaba "pactado hasta las comas" entre los socios.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha hablado este lunes de "recta final" en las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. La intención del Ministerio es que la normativa final tenga todas las garantías jurídicas y ningún resquicio legal para ser recurrida. Un argumento que recuerda el empleado por el PSOE en otras leyes donde ha habido diferencias con Podemos como la Ley trans recién aprobada en el Congreso o la Ley del 'sólo sí es sí' que está generando una enorme polémica por las excarcelaciones y rebajas de penas a los agresores sexuales.
"Dijimos que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que nos diera máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley", dijo la ministra que también señaló la necesidad de respetar las competencias de las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio se hace un llamamiento a todos los grupos políticos para que hagan "un esfuerzo" y eviten "posiciones maximalistas" que acaben frustrando una ley que considera fundamental para "garantizar el derecho a la vivienda", sobre todos de los jóvenes y la clase trabajadora.
La ley por del derecho a la vivienda, aprobada en el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, establece la limitación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas para los grandes tenedores, los que tienen 10 viviendas o más. Es lo que reivindica el PSOE que pone en valor que el texto fija un sistema para compatibilizar esa regulación con incentivos fiscales a los pequeños propietarios.
Podemos quiere que esos límites se impongan a todos los propietarios y redefinir el concepto de gran tenedor. Otras de las exigencias de los morados son que los inmuebles de la Sareb se pongan al servicio del parque público de viviendas y que la ley recoja las prohibiciones de los desahucios. Son medidas que también tienen el apoyo de otros socios de investidura de Sánchez como ERC y Bildu. Los catalanes ponen el foco en la limitación de los precios de los alquileres como ya recogieron en una ley en Cataluña que fue anulada en parte por el Tribunal Constitucional.
El partido morado ha valorado positivamente el último decreto anticrisis aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, en especial la prórroga automática de congelar el precios en las renovaciones de los contratos del alquiler.