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Un año le queda a la legislatura del Gobierno de coalición, que verá empezar 2023 con un Tribunal Constitucional de corte progresista, más en sintonía con sus políticas que el que había hasta ahora. Tras seis meses de mandato prorrogado, Pedro Sánchez ha dejado claro que era urgente la renovación para cumplir con la Constitución. Pero a nadie le pasa por alto otra razón: la revisión a la que el tribunal de garantías tiene que someter varias leyes de calado aprobadas por el Ejecutivo.
La reforma laboral, la Lomce, la Ley de Igualdad y no discriminación, la Ley de Eutanasia, o la del Sí es sí, normas de la columna vertebral del Gobierno socialista han sido recurridas en el TC, bien por el PP, bien por Vox, bien por ambos. Y aún se esperan otros recursos contra normas clave, como la llamada Ley Trans. Y lo cierto es que la sensibilidad de los magistrados que las examinen puede pesar a la hora avalarlas o enmendarlas.
Los sectores progresista y conservador no votan siempre en bloques inamovibles, pero lo cierto es que normalmente se nota la tendencia ideológica de los magistrados. La mayoría conservadora de los últimos años ha dado su aval, por ejemplo, a la llamada Ley Mordaza; y ha tumbado otras decisiones, muy dividido, como el confinamiento del primer estado de alarma por coronavirus, el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE o, en los últimos días, la reforma para renovar el propio Tribunal Constitucional.
Los argumentos siempre son técnicos, los magistrados aseguran que los debates internos también, pero cuando el tribunal se parte por la mitad las tendencias se acaban agrupando, aunque haya algún magistrado que vote diferente que sus compañeros.
Con toda probabilidad, Juan Carlos Campo, María Luisa Segoviano, César Tolosa y Laura Díez Bueso ocuparán sus puestos después de Reyes, o al menos ese es el cálculo que se hace en la corte de garantías.
Con su llegada, la mayoría progresista será de siete magistrados frente a cuatro conservadores. Aunque se quedará en un siete a cinco cuando el Senado designe al sustituto del conservador Alfredo Montoya que salió del tribunal por enfermedad.
La presencia de Campo, en cualquier caso, puede rebajar la mayoría progresista en algunos asuntos, porque al haber sido ministro de Justicia de Pedro Sánchez, es posible que se aparte de más de una sentencia y es más que probable que sea recusado por quienes aspiran a tirar abajo esas leyes aprobadas por el Gobierno del que él formó parte activa.
De hecho, cuando ocurra no será la primera vez que el exministro se aparte de un caso. En la Audiencia Nacional, donde estaba hasta ahora, se quedó al margen del caso Kitchen. El motivo, que esa causa investiga a ex altos cargos del PP, rivales políticos como el que fuera titular de Interior Jorge Fernández Díaz. El exministro popular solicitó que Campo no viera el caso del espionaje a Luis Bárcenas y el propio magistrado decidió abstenerse.
Está por ver qué ocurre en ese caso con Laura Díez, porque también proviene del Gobierno, donde ha sido entre otras cosas, jefa de gabinete de Carmen Calvo entre otros cargos. Su perfil es menos conocido y marcado que el de Campo, pero en absoluto es descartable que sea recusada.
Y a todo esto, sigue en el aire la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrida desde hace doce años y que Enrique Arnaldo tiene en sus manos.
Algunas fuentes del Tribunal Constitucional creen que no se demorará demasiado. Eso, pese a que Arnaldo es abiertamente crítico con la ley del aborto, hasta el punto de la llegó a tachar de" ocurrencia". Pues bien, él es el responsable de la ponencia pendiente y tendrá que defenderla ante una mayoría progresista de compañeros.
A priori, se antoja complicado que sus argumentos puedan convencer a Conde Pumpido, Balaguer, Campo o Segoviano, por ejemplo. Pero las fuentes consultadas explican que siempre podría aceptar una sentencia de la mayoría y firmar un voto particular; o bien pasar la ponencia a otro compañero.
De ocurrir eso, vería la luz una sentencia que ya ha pasado por las manos de otros dos magistrados. La progresista Elisa Pérez Vera y el conservador Andrés Ollero. Ni uno ni otro consiguieron un texto que generara el suficiente consenso y no llegaron a llevarla al pleno. En lugar de eso, la guardaron en un cajón.
Así fue como Ollero heredó la ponencia de Pérez Vera y como Arnaldo, a su vez, la heredó de Ollero. Si él hiciera lo mismo, habría que esperar otros ocho años para que llegara a unas manos nuevas. Pero en el tribunal de garantías están convencidos de que eso no va a pasar y que más pronto que tarde, la sentencia recurrida por el Partido Popular verá la luz.