El bloqueo del Poder Judicial, sin visos de renovarse, pone en situación crítica a la Sala III del Supremo

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial cumple este jueves 1483 días en funciones y lo hace sin poder nombrar jueces, lo que más allá de la crisis política e institucional, está teniendo un efecto práctico demoledor en el Tribunal Supremo. En pocos días, el Supremo perderá a otro magistrado, César Tolosa, recién elegido miembro del Tribunal Constitucional. Con su marcha, serán 19 vacantes en el Alto Tribunal, casi el 15% de la composición de un órgano que según sus cuentas, está teniendo un de casi mil sentencias anuales por la falta de magistrados. Lo peor, además, está en la sala que él preside, la III, la de lo Contencioso Administrativo. Que debería tener 33 magistrados y cuando él se marche, tendrá 22. La situación se arrastra desde hace mucho tiempo, según explicaba a NIUS el propio César Tolosa, "tremendamente preocupado", a principios de 2022.

Y lo cierto es que no parece que la cosa vaya a cambiar. Tras la renovación parcial del Tribunal Constitucional de esta semana, bloqueada durante meses por los conservadores del CGPJ, tocaba que los políticos respondieran sobre su parte, la negociación para reactivar un CGPJ que lleva cuatro años en funciones.

Una y otra vez, PP y PSOE han estado cerca de sellar un acuerdo, pero la misma cantidad de veces lo han roto. Ahora, mientras entramos en año electoral, los dos partidos culpan al otro, ninguno da un paso, y nada indica que lo vayan a dar.

Los socialistas, en el Gobierno, aseguran que es el PP el que no ha dejado de poner excusas y de levantarse de la mesa. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que desde el Ejecutivo hay una predisposición total y le pide a Alberto Núñez Feijóo que deje de ser el único que no cumple con la Constitución.

Por su parte, el PP se resiste a mover ficha acusando al Gobierno de ser esclavo de Bildu y del Independentismo catalán. Esa es la condición que ponen ahora los populares tras romper in extremis el último intento de acuerdo por la decisión del Gobierno de eliminar el delito de sedición del Código Penal. Esteban González Pons es el encargado de dar la versión PP.

Y mientras, el Consejo General del Poder Judicial está molesto con el Gobierno. El principal motivo es que desde marzo de 2021 una ley del PSOE de Podemos les impide nombrar jueces, un veto que se levantó parcialmente para que sí pudieran nombrar a los magistrados del TC que tocaba renovar junto a los dos del Gobierno. Como los cuatro iban en el mismo turno, el Gobierno facilitó el desbloqueo una reforma que no gustó nada en el CGPJ donde se pide poder nombrar a más magistrados.

El Gobierno puso un plazo al CGPJ, septiembre, pero el sector conservador lo alargó hasta este mismo martes, forzando a los progresistas a cambiar de candidato, de José Manuel Bandrés a Mª Luisa Segoviano, y finalmente desbloqueando la renovación de ese tribunal.

La crisis ha llegado hasta tal punto que Carlos Lesmes dimitió como presidente del Supremo y del CGPJ tras lanzar un órdago: si no había renovación, o si al menos no se les permitía nombrar jueces, se iría. No pasó ni lo uno ni lo otro, y finalmente se marchó el 10 de octubre. Su dimisión forzó una reunión de Sánchez y Feijóo que estuvo a punto de culminar en acuerdo... pero fracasó.

Pero la vida siguió y el bloqueo también. El 4 de diciembre se cumplieron los cuatro años con un Poder Judicial en Funciones, el 12 de enero se cumplirán 1.500 días.

A la imagen dada, censurada por Europa, hay que sumar los efectos prácticos de este bloqueo: 71 vacantes en la cúpula judicial con especial incidencia en el Supremo.

El nombramiento de César Tolosa como magistrado del TC supondrá 19 sillones vacíos en el Supremo. Su sala es la más afectada por la parálisis judicial, a la que el martes se añadió una nueva baja por la jubilación de Octavio Herrero, dejándola con 23 magistrados.

En esa sala, que se encarga de arbitrar sobre la legalidad de las decisiones administrativas, debería haber 33 magistrados. Cuando Tolosa se marche, dentro de unos días, habrá 22; y en marzo, cuando se jubile Inés Huerta, serán 21. Es decir, habrá un tercio de plazas vacantes. Y eso, que la Sala de lo Contencioso recuperó al magistrado Carlos Lesmes cuando renunció a la presidencia del Alto Tribunal.

Ahora está por ver quién preside la Sala de lo Contencioso, pero si el CGPJ sigue bloqueado, todo apunta a que estará dirigida de forma provisional por Pablo Lucas, que precisamente fue uno de los propuestos para ir al Constitucional, como juez progresista, aunque finalmente su candidatura no salió adelante.

La Sala de lo Contencioso no es la única que vive dificultades. La de lo Social, también está bajo mínimos. Esa era la que presidía Mª Luisa Segoviano, recién elegida para ir al TC, aunque en su caso ya estaba jubilada desde hace unos meses. Su salida, dejó con ocho magistrados una sala donde debería haber 20. En julio, la jubilación de Rosa María Virolés causará una baja más.

En lo Militar, una sala mucho más pequeña, quedan seis de los ocho magistrados y en unos meses serán cinco.

Sólo las salas de lo Penal y de lo Civil se libran, aunque sólo de momento. Y es que hay que tener en cuenta que la edad media de los magistrados del Supremo supera los 60 años, así que las jubilaciones van en cascada.

Los sillones vacíos tienen un efecto directo en la ciudadanía: los asuntos que se resuelven. Según un estudio del Supremo esta crisis supone unas mil sentencias menos al año. Las de la Sala de lo Social, son las que tienen que ver con conflictos laborales y las de lo contencioso las que zanjan, por ejemplo, los problemas derivados de las restricciones de la pandemia.

Más allá del Supremo, están los Tribunales Superiores de Justicia, con 32 vacantes; las Audiencias provinciales, con 20 puestos sin cubrir; y la Audiencia Nacional, donde falta un magistrado.

Así que no, el acuerdo del CGPJ para renovar el TC no era el único urgente, pero parece que por ahora va a haber que esperar al menos otro año para que PP y PSOE se pongan de acuerdo. Si el bloqueo llega al 4 de diciembre, serán cinco años en funciones, es decir, se doblará el periodo de cinco años para el que fueron nombrados los vocales del CGPJ.