El Consejo General del Poder Judicial ha puesto punto y final a un bloqueo que afectaba al Tribunal de Garantías desde el 12 de junio de este año. De manera sorpresiva el desenlace se ha producido este martes a solo 10 minutos de que comenzar el pleno del órgano de Gobierno de los Jueces. Los dos magistrados con los que el sector conservador exigió la semana pasada un nuevo pleno han obtenido la unanimidad del CGPJ y con eso desatasca un bloqueo en el Tribunal Constitucional y supone además un reequilibrio de fuerzas allí, que pasará de tener mayoría conservadora a progresista en cuanto se produzca el relevo.

Los magistrados de salida en el TC son su presidente, Pedro González Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares -los tres conservadores- y Juan Antonio Xiol Ríos, encuadrado en el bloque de los progresistas. La última resolución del Tribunal Constitucional tomada en pleno, por magistrados directamente afectados por la reforma, ha sido la planteada por el Gobierno para facilitar su renovación con una rebaja de mayorías en la elección de los candidatos que ahora mismo necesitan de un respaldo de tres quintos.

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961), Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor y magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz aunque su trayectoria está sobre todo vinculada a la política. Secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía , ha sido secretario de Estado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, diputado por Cádiz del PSOE , fue designado por Pedro Sánchez como ministro de Justicia en enero de 2020 hasta julio de 2021, cuando decidió para sorpresa de muchos, incluido el propio afectado, prescindir de él. Fue muy crítico con la reforma de la ley del "solo sí es sí", llegando a emitir un informe que cuestionaba la "técnica legislativa" del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, Bajo la supervisión del entonces ministro de Justicia el Gobierno firmó los indultos parciales a los condenados por el 'proces'. Tras su salida del ministerio regresó a la Audiencia Nacional a la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con políticos.

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969)  es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de esta misma Universidad desde enero de 2020. Como cargos académicos recientes en la Universidad de Barcelona destacan haber sido directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (2016-2018); directora del Diploma de Posgrado en Derecho Público (2015-2017); directora del Máster en Estudios Jurídicos Avanzados (2014-2015). Impulsora del nuevo estatuto de Cataluña, fue asesora del Gobierno de la Generalitat entre 2002 y 2004. Mujer de confianza del presidente Pedro Sánchez, ha sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

César Tolosa (Segovia, 1957) es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2014 y presidente de la misma desde 2020, ingresó en la Carrera Judicial en 1982. Muy crítico con la tardanza del Constitucional en dictar sentencia sobre el Estado de Alarma decretado por el Gobierno por la pandemia, “Creo que llega tarde, hubiera sido deseable que el TC se hubiera pronunciado antes y nos hubiéramos evitado muchos quebraderos de cabeza", ha censurado en las pocas ocasiones en la que se ha pronunciado sobre asunto públicos. Su nombramiento ha sido propuesto por los vocales conservadores del CGPJ pero ha sido refrendado por unanimidad

María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950), se jubiló hace solo tres meses esta presidenta de la sala Cuarta del Tribunal Supremo tras más de 15 años en el Alto Tribunal. Fue la primera mujer en llegar a la presidencia de una sala y en su currículum figuran muchas batallas dadas por esta jurista de sentir progresista que ha sido propuesta por los vocales conservadores del CGPJ pero apoyada unánimemente por el pleno. Ponente de la sentencia que provocó una nueva legislación laboral, la que afecta a los riders y a los llamados trabajadores de la nueva economía, lleva años denunciando el deterioro de la credibilidad de las instituciones especialmente de la Justicia. Con su nombramiento la institución ronda la paridad de género; de los 11 componentes, cinco son mujeres.

Los cuatro inician ahora un mandato que se extenderá durante los próximos nueve años, que es lo que duran los cargos en el tribunal de garantías. Ahora que los cuatro nombres están sobre la mesa, se activa el proceso legal que conducirá a su toma de posesión. El primer paso es que el Pleno de la corte de garantías se reúna para verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidato

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sus miembros deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, "todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".Tras ello, jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años.