{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Esta semana se espera la publicación de los argumentos del Tribunal Constitucional para suspender la votación en el Senado de una proposición de ley que debía desbloquear su propia renovación. El Gobierno está a la espera tanto de los fundamentos jurídicos de la mayoría conservadora como de los votos particulares de la minoría de vocales propuestos por el PSOE antes de registrar de nuevo en el Congreso una proposición para facilitar la renovación que toca desde hace meses de los magistrados que corresponden al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno ya ha designado a los suyos, pero el bloqueo en el CGPJ impide la renovación del TC.
La suspensión de la reforma de Pedro Sánchez -que rebajaba la mayoría exigida en el CGPJ para designar sus candidatos al TC- ha acabado en una ruptura casi total entre el Gobierno y el TC. Un enfrentamiento sin precedentes. En una especie de recuperación por la puerta de atrás del recurso previo de inconstitucionalidad suprimido en 1985 (excepto para estatutos de autonomías), el TC atendió un recurso del PP y suspendió de manera preventiva una iniciativa del poder legislativo por una cuestión de procedimiento y por sus dudas sobre su constitucionalidad.
La decisión del TC fracturó al tribunal una vez más entre conservadores y progresistas y llevó al punto de máxima tensión los desencuentros que desde hace ya muchos meses venía evidenciándose entre el tribunal de garantías y las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. En el Senado y en respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, El presidente Sánchez llegó a calificar a la mayoría conservadora del TC como "poderes cada vez menos ocultos que acompañan y arropan" a Feijóo y que han conseguido "un hito histórico como es quitar competencias a los parlamentos, quitarle la facultad de debatir, proponer y legislar".
Los choques vienen de muy atrás, porque la mayoría conservadora del tribunal de garantías ha tumbado no pocas decisiones del Ejecutivo de Sánchez y muchas de ellas no han sido precisamente menores. Los estados de alarma decretados durante la pandemia de coronavirus han sido, probablemente, los varapalos más duros para un Gobierno que intenta que se lleve a cabo la renovación del tribunal, pendiente desde junio y que supondrá cambiar el equilibrio de fuerzas - ahora dominado por los conservadores- en favor de los progresistas.
Sobre la mesa del TC hay pendientes muchas leyes de calado y de gran importancia para los partidos del Gobierno: entre ellas ley de Educación, la Reforma Laboral, o la Ley de Eutanasia, recurridas por partidos como el PP, y CS, o especialmente Vox, el que más veces ha acudido al tribunal de garantías para cambiar lo que el Parlamento aprueba y no es de su gusto. Eso, sin hablar de la Ley del Aborto del Gobierno de Rodríguez Zapatero, recurrida hace doce años y todavía sin sentencia. La tendencia de los partidos a convertir el Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara -tras el Congreso y el Senado- se ha convertido en una rutina.
El primero: Más de un año después del confinamiento decretado por el Gobierno en marzo del 2020 para combatir la pandemia de coronavirus el Tribunal Constitucional desautorizaba la decisión del Ejecutivo. La sentencia, del ahora presidente del TC, el conservador Pedro González Trevijano, no cuestionaba la necesidad de confinar a la población ante el panorama sanitario. La pega fue haber utilizado la figura del estado de alarma como paraguas legal, en lugar del estado de excepción.
El segundo: tres meses después de tirar por tierra el primer estado de alarma, el TC hizo lo mismo con el segundo, el que se decretó durante seis meses y conllevaba un toque de queda. En esta ocasión, la ponencia era de otro magistrado conservador, Antonio Narváez.
Antes de enmendar la plana por los decretos de estado de alarma, el TC ya había venido avisando y corrigiendo algunas decisiones del Ejecutivo. El trece de mayo de 2021, anuló un decreto que blindaba a Pablo Iglesias como integrante de la Comisión Delegada del CNI. En febrero de 2020 se había hecho el nombramiento, que fue recurrido por Vox ante el Supremo; y entonces el Gobierno emitió ese decreto que blindaba al exvicepresidente en esa comisión.
El decreto se incluyó en una serie de medidas contra la COVID y los magistrados lo tumbaron al considerar que los decretos tienen que responder a motivos de "extraordinaria urgencia y necesidad" que en este caso no se daban y no se habían justificado.
A diferencia de lo que ha ocurrido con la reforma judicial, los tiempos fueron más amplios, más en la línea con los que habitualmente maneja el TC. Para cuando se anuló el blindaje de Iglesias, ya no era exvicepresidente porque se había ido de Moncloa para ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En el caso de los estados de alarma, había ocurrido algo similar, se desautorizaron cuando ya estaban concluidos.
En este caso, la sentencia sólo tuvo un voto en contra, el del magistrado progresista Cándido Conde Pumpido.
Mucho más reñido estuvo el debate sobre el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como presidenta de RTVE. La designación, provisional y urgente, se había hecho en otro decreto que fue recurrido por el Partido Popular en 2018. En este caso, el TC quedó partido por la mitad, hasta el punto de que el voto de calidad del expresidente Juan José González Rivas el que sirvió para avalar la sentencia, tras un empate a cinco entre los diez magistrados.
De nuevo se consideró que no había urgencia para ese nombramiento y se dio la razón al PP, que había denunciado la "vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación". Pero de nuevo, el decreto no tuvo efectos prácticos porque para entonces -julio de 2021- ya había un nuevo Consejo de Administración en RTVE.
El principal efecto, de esta y del resto de decisiones enmendadas, es el político, que ha ido enfrentando a los dos poderes hasta llegar a la bronca por la reforma judicial, la última... al menos por ahora.