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Pedro Sánchez ha movido ficha. No habían pasado ni 24 horas desde que el Tribunal Constitucional paralizase la tramitación de la ley que permitía su renovación cuando el Gobierno ha vuelto a la carga. En los próximos días registrará en el Congreso una proposición de ley que incluya las dos enmiendas tumbadas por los magistrados del TC. Se hará eso sí en una iniciativa acotada a ese asunto y por separado para salvar el escollo de los magistrados que habían censurado precisamente el procedimiento.
Ha sido el primer paso de Moncloa después de que el presidente del Gobierno marcase el camino en sus primeras palabras tras la resolución judicial: "El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional".
No dio más detalles pero la voluntad política estaba clara. Horas después empezó a concretarse. Será de nuevo otra reforma exprés tramitada por la vía de urgencia que reduce los plazos a la mitad. La intención del Gobierno es que pueda estar aprobada incluso en enero, un mes inhábil en el Congreso. Aún así, la presidenta Meritxell Batet puede convocar plenos extraordinarios en cualquier momento a petición del Ejecutivo, de la Diputación Permanente y de la mayoría absoluta de la Cámara.
El objetivo sigue siendo el mismo, liquidar esa reforma lo antes posible para alejarla de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Si no se hace por la vía urgente los plazos se alargarían hasta marzo cuando los partidos estarán metidos de lleno en campaña electoral.
El PSOE está negociando con otros grupos para poder presentar esa iniciativa de forma conjunta. Los partidos que forman parte del bloque de la investidura son partidarios de la renovar el Constitucional cuanto antes y suman los votos suficientes para sacar la propuesta adelante.
El método elegido vuelve a ser una proposición de ley, es decir, una iniciativa de los grupos, no del Gobierno, que evitaría de nuevo los informes previos del Consejo de Estado y del propio CGPJ. Las dos enmiendas suspendidas contemplan desde la eliminación de la mayoría de tres quintos del CGPJ para nombrar a los dos magistrados que les corresponde designar hasta responsabilidades penales a los vocales si incumplen la ley.
Podemos ha iniciado contactos con los aliados parlamentarios del Gobierno y otras fuerzas progresistas para buscar una alianza que también renueve el CGPJ. "Sería muy sano democráticamente concluir la legislatura no solo renovando el TC sino también renovando el Poder Judicial", proclamó Pablo Echenique que apuesta por el consenso y por no condicionar los tiempos de los socialistas.
La proposición no incluye una rebaja de las mayorías para elegir al CGPJ, pero Sánchez también se refirió en su declaración institucional al desbloqueo del Poder Judicial que lleva más de cuatro años con el mandato caducado. La renovación del Consejo es más compleja porque al exigir una mayoría de tres quintos del Congreso siempre ha precisado del acuerdo entre los dos grandes partidos que ahora mismo resulta imposible.
Una de las posibilidades sería reactivar la proposición de ley que PSOE y Podemos presentaron en 2020 para cambiar el sistema de elección de los vocales. Los dos socios de la coalición proponían una reforma exprés para suprimir el requisito de tres quintos de las Cámaras (210 diputados) para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo. Bastaba con mayoría absoluta (176 diputados). Textualmente señalaban que "solo en el caso de no alcanzarse en primera votación parlamentaria la mayoría de tres quintos actualmente exigida por la LOPJ, puedan ser designados en segunda votación por mayoría absoluta de las Cámaras".
En aquel momento, defendieron la constitucionalidad de su ley con el argumento de que si bien el artículo 122 de la Constitución señala que se "requiere mayoría de tres quintos para la designación de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que han de ser propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado entre juristas de reconocida competencia" la Carta Magna no regula "ni el sistema de elección de los 12 vocales correspondientes al turno judicial, ni la mayoría concreta que habrá de exigirse para su designación".
Aquello acabó en un cajón meses después por el aluvión de críticas de los jueces y las reticencias de Europa que no es propicia a hacer modificaciones que eleven el peso del ejecutivo o el legislativo en los nombramientos de los órganos de gobierno del poder judicial.
Diversos comisarios de la UE expresaron su preocupación por la propuesta del Gobierno de Sánchez porque aumentaba la percepción de una justicia politizada. No sólo la Comisión Europea está en contra. También el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). En su último informe del 5 de diciembre, vuelve a censurar a España por no reforzar la independencia del gobierno de los jueces. Pedían una evaluación del sistema de elección que sigue sin llevarse a cabo y calificaba el bloqueo como un tema “muy preocupante” que debía resolverse “de manera prioritaria”.
En línea con la recomendación desde hace décadas del Consejo de Europa, GRECO insiste en que los jueces y magistrados que formen parte del CGPJ deben ser elegidos por los jueces y no por los parlamentarios.
Podemos ha presionado al PSOE para recuperar esa iniciativa desde que el PP rompió las negociaciones con el Gobierno, pero los socialistas se han resistido a reactivarla. Ahora, en el partido de Ione Belarra sostienen que ven más receptivo al PSOE en ese sentido, "menos reticente": "Vemos mayor disposición en el PSOE".
Echenique ha ofrecido al resto de grupos que a la mayoría absoluta para renovar a los vocales se añada el requisito de reunir a la mitad de los grupos del Congreso, ahora mismo serían cinco. De esa forma, aseguran, se garantiza más pluralidad y se evitaría que tan sólo dos partidos políticos que sumen mayoría puedan abordar la renovación.