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Pedro Sánchez da un paso adelante. El presidente del Gobierno ha anunciado que este mismo viernes el PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman el Ejecutivo, registrarán en el Congreso una proposición de ley para reformar el delito de sedición, el tipo penal por el que fueron condenados los políticos independentistas por el referéndum del 1 de octubre. Un asunto que hizo saltar por los aires las negociaciones entre el Gobierno y el PP para desbloquear la renovación del Poder Judicial.
Sánchez dice que es una medida que siempre ha defendido para que nuestro Código Penal sea homologable al del resto de democracias europeas. El delito se renombrará y pasará a llamarse delito de "desórdenes públicos agravados". Es decir, la sedición como tal desaparecerá del Código y ser creará una nueva figura penal.
Esos "desórdenes públicos agravados" estarán castigados con una pena más baja que la que recoge ahora mismo nuestra legislación. "Las penas por esos delitos serán las penas que ahora se están catalogando en esas democracias", ha afirmado Sánchez que ha calificado su decisión como "un paso adelante". No ha dado detalles pero las penas podrían ser la mitad que las que recoge ahora mismo el Código que van entre 10 y 15 años de cárcel.
El presidente, en una entrevista en La Sexta, ha citado países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza y ha señalado que el nuevo tipo penal será "más o menos homologable" con el de esas democracias europeas. Ha recordado que el delito de sedición, tal y como está contemplado en estos momentos en España, fue redactado hace doscientos años. El jefe del Ejecutivo ha recordado que el delito que ahora se va a reemplazar data de 1822 cuando en España había alzamientos militares.
"Estamos construyendo convivencia", ha subrayado Sánchez que considera que su iniciativa va a ayudar a "distender la situación en Cataluña" y a superar un contencioso que heredó del Gobierno de Mariano Rajoy.
Ha tirado de encuestas para señalar que Cataluña no es ahora un problema para la mayoría de los españoles y ha retado a los que se oponen a sus políticas de desjudicialización a que se paseen por las calles catalanas y comprueben como está hoy Cataluña y cómo estaba en 2017. La convivencia fue también el argumento del presidente del Gobierno para conceder los indultos a los condenados por el procés.
Preguntado por el futuro del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, - que sigue fugado de la justicia española-, Sánchez sostiene que "va a tener que rendir cuentas" con la justicia española porque sus delitos cometidos en 2017 siguen estando presentes en el Código Penal.
Será el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el que presente en rueda de prensa la proposición a primera hora de la mañana de este viernes y posteriormente la registrará con Unidas Podemos. Una propuesta que contará con una mayoría parlamentaria para sacarla adelante porque tendrá el apoyo de los socios de investidura, entre ellos ERC. Una reforma del Código Penal necesita mayoría absoluta, 176 votos.
Los republicanos, que siempre han defendido la amnistía para los presos independentistas, han variado su posición en las últimas semanas y están dispuestos a apoyar esa reforma. Hasta ahora Sánchez no la había emprendido con el argumento de que no contaba con una mayoría suficiente para aprobarla en el Congreso.
Sánchez niega que la proposición sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado que ahora mismo se están tramitando en la Cámara. Para remarcarlo ha afirmado que los independentistas no piden una reforma del Código sino una "amnistía", un término que "no va a aceptar" porque está fuera de la Constitución y de la ley.
Pero lo cierto es que la noticia ha sido recibida en la sede de Esquerra con enorme satisfacción. Creen que la "eliminación" de la sedición es un "gran paso adelante", imprescindible para acabar con la "represión política" por el conflicto entre el Estado y Cataluña.
Los republicanos destacan además que la reforma no hubiese sido posible "sin la negociación política" entre ambos gobiernos y sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar la represión. De esa forma, Esquerra pretende apuntarse un tanto ante Junts que salió del Govern tras la enésima crisis entre los dos partidos soberanistas.