Parecía que habían salvado el escollo, pero no. La reforma del delito de sedición, de la que se lleva hablando toda la semana, ha tensado hasta el límite la negociación para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional hasta hacerla implosionar. Al menos de momento. A mediodía del jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se habían conjurado por separado para desvincular la reforma del delito de la sedición de la negociación para renovar el CGPJ en un intento de salvar el acuerdo, pero en la tarde de ayer las conversaciones se quedaban en suspenso.

Este nuevo frenazo, está por ver si definitivo, llega cuando según Pedro Sánchez la negociación estaba cerrada. El PP lo desmiente. Insisten en que el pacto no estaba hecho  y aunque sí admitían avances subrayaban que aún quedaban "varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular". Los populares se sienten engañados por Sánchez y aseguran que el negociador del Gobierno, el ministro Félix Bolaños, les trasladó que no estaba en sus planes rebajar el delito de sedición para contentar a Esquerra.

Ante la posibilidad real de que naufragara el quinto intento 'in extremis' de renovar el Poder Judicial, el presidente Sánchez telefoneó por la tarde a Feijóo para pedirle que firmara ya y ha sido entonces cuando ambos líderes han puesto sus cartas sobre la mesa. El dirigente popular ha exigido "garantías" al Gobierno de que no modificará a la baja la sedición. Según la versión de los populares Sánchez habría confirmado a Feijóo que no va a renunciar a ello porque está dentro de su agenda legislativa.

Tras esa conversación, Génova ha comunicado públicamente la congelación del acuerdo. Que se retome y llegue a buen puerto sólo depende de que el Ejecutivo acepte frenar la rebaja de la sedición. Y eso no parece que vaya a pasar. "Quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional" dice textualmente el comunicado que el PP envió a última hora de la tarde de este jueves.

Los populares se temían un movimiento en este sentido desde hace un par de días. Un dirigente destacado del núcleo duro de Feijóo advertía a NIUS que el Gobierno "había intentado reventar" las conversaciones pero que ellos habían "resistido" y que quedaban a la espera de ver en qué queda la sedición. "Es una toma temperatura del Gobierno", señalaba esa misma fuente que recelaba del presidente Sánchez.

El ultimátum de Feijóo deja al Gobierno ante una tesitura endiablada. A un lado, con la reclamación de la rebaja de la sedición, ERC, socio clave para la estabilidad del Gobierno. Al otro, el PP, con el poder de paralizar la renovación del CGPJ, que lleva cuatro años bloqueado y sin poder nombrar jueces; y cinco magistrados del TC pendientes de ser designados. En medio, Sánchez, tendrá que decidir, porque ayer quedó claro que no van a poder ser las dos cosas.

Una hora después del comunicado del PP, el PSOE sacaba el suyo. Insistía en lo que había dicho Sánchez: que el acuerdo estaba listo. Según la versión de los socialistas la llamada de Sánchez a Feijóo sólo tenia un objetivo: formalizar el pacto, pero se encontró con el bloqueo de un PP preso de "la derecha más reaccionaria".

"El Sr. Feijóo ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más", aseguran en ese comunicado.

Los socialistas acusan a Feijóo de demostrar "una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto" . Ante eso, el PSOE se conjura para resistir el "chantaje" porque el "cumplimiento de la Constitución" no lo admite.

Señalan que la agenda legislativa del Gobierno" no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas" y añaden, en la línea de lo dicho por Sánchez en Pretoria, que esa agenda "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española".

Durante todo el jueves, la rebaja de las penas por sedición había sobrevolado como un nubarrón sobre la cabeza de los negociadores de PP y PSOE. Horas antes de que se suspendieran las negociaciones Sánchez presionaba con que el acuerdo estaba hecho para que Feijóo no se escapara y firmara. Pero la estrategia no ha funcionado y eso que se ha empleado a fondo.

Ha retado a Feijóo para que dijera "sí o no" a la renovación, ha eludido responder sobre sus planes con respecto al delito de sedición, ha desvinculado ambos asuntos en un intento de proteger el pacto y le ha pedido responsabilidad para que cumpla con su obligación constitucional.

En Génova han resistido la presión de Sánchez. El PP ni quiere ni puede tragarse el sapo de la sedición. Para los populares ese es el precio político que el Gobierno pagará a cambio del apoyo de los independentistas a las cuentas del Estado y no están dispuestos a que esa factura se la endosen a ellos. Los suyos no lo entenderían y Vox y Ciudadanos les saltarían al cuello. Un desgaste que a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales no piensan asumir. 

Para contentar a su parroquia el presidente del PP se comprometía a endurecer las penas a los sediciosos si llega a gobernar. No ha sido suficiente. Los intentos de Feijóo por aplacar las críticas entre algunos de los suyos y la derecha mediática y judicial habían chocado otra vez con la presidenta de Madrid. Desde Galicia, el feudo de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso dejaba entrever que si por ella fuera a Sánchez ni agua. Que no opina en público sobre las negociaciones entre PP y PSOE "por lealtad" pero que ya se ha encargado de decir "lo que corresponde a quien corresponde". Todo un 'pellizco de monja' en el carrillo de Feijóo después de alertar en público contra los riesgos de ese pacto la semana pasada.

La temperatura, ahora mismo es de 0ºC. PP y PSOE parecían conjurados para proteger el pacto, y ninguno quería ser el responsable de la enésima ruptura, después de cuatro años de idas y venidas, hasta el punto de que el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, dimitió para forzar la negociación.

La reforma en la que trabaja el Gobierno supondría reducir a la mitad las penas por sedición, que ahora llegan hasta los 15 años en casos más graves y si los llevan a cabo cargos públicos. Con la rebaja, el Código Penal se parecería en ese punto a los de otros países europeos.

Durante toda la semana el Ejecutivo ha tenido que responder, en cada acto público, a la pregunta de si se va a reformar ya el delito de sedición. En cada una de esas comparecencias, la respuesta, de Sánchez de Bolaños, o de Isabel Rodríguez ha sido la misma: se trabaja en ello, pero sigue sin haber sin mayoría suficiente para sacarlo adelante. Es decir, no lo ponían en la agenda más inmediata y se ahorraban el enfado con el PP.

Al Partido Popular le había puesto en guardia escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando desde la tribuna del Congreso que el Gobierno iba a llevar las Cortes esa reforma del delito de sedición en respuesta a Esquerra durante el pleno presupuestario.

Los populares enviaron señales a Moncloa de su enorme enfado y ya desde la mañana amagaron con romper. Así que Montero tuvo que salir a rectificar su promesa a Esquerra y a matizar el mensaje y dejarlo en la línea de toda la semana, el de que el Gobierno está comprometido con la reforma, pero que ahora mismo no hay mayoría suficiente.

A eso, la respuesta llegaba desde ERC. Gabriel Rufián tiraba de ironía para decir que "cualquiera que sepa sumar", sabe que sí hay mayoría.

Precisamente ERC ha sido de los partidos más tranquilos durante toda la semana con la rebaja de la sedición, una de sus reivindicaciones más importantes. Con los presupuestos en juego, los republicanos se mantuvieron tranquilos y no añadieron exceso de presión.

La cosa va de equilibrios y Sánchez ha hecho lo mismo a los dos lados del alambre. Primero, ha desvinculado la reforma del delito de sedición de la aprobación de los presupuestos. Después, ha hecho lo mismo con la rebaja de las penas por sedición: desmarcar la reforma del delito de sedición del acuerdo para renovar el CGPJ.

De nuevo el término "inminente" desaparece, después de semanas usándolo a diestro y siniestro. Lógico que en la judicatura llevaran semanas ciñéndose a la misma respuesta: "Ojalá" sea ya, decían todos los juristas contactados, antes de añadir: "pero hasta que no lo vea firmado, no lo creo".