Recta final en la negociación del Poder Judicial que podría cerrarse esta misma semana. "No va mal", admitía ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde los pasillos del Senado. "No hay mucho más que negociar. Si no es esta semana debería ser la que viene", confirman desde Génova.

"Estamos en la fase final. La más compleja", contestan desde Moncloa apuntalando la sensación generalizada de que el acuerdo está muy maduro y podría ver la luz en un par de días. Fuentes del Gobierno aseguran a NIUS y apuntan en esa misma dirección. "Esperan" que finalmente se cierre esta semana y que por ellos "no va a quedar".

Las señales se multiplican desde un lado y otro de la negociación en las últimas horas tras cuatro años de parón. Si la número dos del PP, Cuca Gamarra, daba a entender a primera hora de la mañana que las conversaciones estaban muy avanzadas y no descartaba que pudiera haber noticia en breve, el ministro Félix Bolaños se afanaba en no entorpecer el clima de entendimiento con los populares. "Hoy vengo en son de paz", confesaba durante un debate en la Cámara Alta en el que interpelaban sobre la independencia de las instituciones dispuesto a encapsular el posible pacto contra viento y marea para no malograrlo.

Bolaños y su interlocutor en el PP, Esteban González Pons, están ultimando los nombres de los 20 vocales que compondrán el futuro órgano de gobierno de los jueces. González Pons sólo despacha con su jefe Feijóo para evitar que haya filtraciones y circulen listas que malogren el acuerdo como ocurrió con el último intento de 2021 que encalló precisamente a la hora de elaborar la lista con nombres y apellidos.

A pesar de la voluntad manifiesta de las dos partes de blindar el pacto, las presiones desde uno y otro lado se recrudecen. Los socios del Gobierno amagan con dinamitarlo y votar en contra si no se incluye el nombre de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Un nombre que el PP no está dispuesto a admitir porque contraviene su línea roja de que no haya perfiles políticos en el renovado CGPJ y que habría aceptado el presidente Pedro Sánchez en su reunión con Feijóo en La Moncloa hace dos semanas.

Los morados se desmarcan así del acuerdo suscrito por la vicepresidenta Yolanda Díaz y Enrique Santiago, su negociador con el Gobierno y el ministro Bolaños, en el que aceptaban la exigencia del Partido Popular de despolitizar el Consejo. Díaz apuesta por incluir perfiles claramente progresistas en el Consejo y preservar el pacto aunque para ello haya que dejar fuera a la Juez Rosell y apechugar con el enorme enfado de los morados.

"Una venganza del PP", aseguran desde Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, exigía ayer al PSOE que no aceptara el veto "ad hoc" de los populares impuesto a Rosell, y que consideran que es el mismo que Génova infligió contra el juez José Ricardo de Prada en las negociaciones malogradas de febrero de 2021.

"Es la continuación de la cacería del PP con un juez delincuente a una magistrada honesta", proclamaba Echenique en referencia al juez Salvador Alba que ha entrado en prisión por conspirar y prevaricar contra Rosell para acabar con su carrera política y profesional.

La tensión es tal que el grupo parlamentario morado amenaza con romperse en una futura votación si se confirma el órdago de Podemos. Los votos del partido que dirige Ione Belarra no son imprescindibles para que salga adelante el futuro del CGPJ pero evidenciaría una vez más a un Gobierno dividido y una grieta profunda dentro del espacio que cuestionaría el liderazgo de Yolanda Díaz de cara a armar su futuro proyecto político que está en fase de escucha a través de 'Sumar'.

Si Podemos aprieta las tuercas al Gobierno, Vox y Ciudadanos hacen lo propio con el Partido Popular al vincular la rebaja del delito de sedición con las negociaciones del CGPJ.

El Partido Popular intenta por todos los medios separar la sedición del Poder Judicial para que no le salpique y así poder explicar un acuerdo a sus votantes y a su espacio mediático. Esa es su obsesión pero la formación de Abascal y los naranjas han encontrado hueco para meter el dedo en la llaga.

"Han intentado reventar las negociaciones pero hemos resistido y vamos a ver en qué queda la sedición. Es una toma temperatura del Gobierno", aseguraba un miembro de la dirección nacional consciente de que este punto dificulta esa labor de explicación que haga digerible el acuerdo entre los suyos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, elevaba la presión al máximo y llamaba al PP "mayordomo de los enemigos de España" y su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, les recriminaba "pactar con el diablo" desde el Congreso de los Diputados. "Con este Gobierno el PP quiere malnegociar y chalanear los puestos del Poder Judicial. Resulta incomprensible", añadía. Los de Abascal están convencidos de que Génova llegará finalmente a un acuerdo con Moncloa pero en contra de la sensación general, son los únicos que creen que no será inminente porque intentarán primero "enfriar" la polémica de la reforma del delito de sedición.

En Ciudadanos también han ido a machete contra el PP. Califican la futura reforma del Código Penal de "gravísima" e "irreversible" y señalan a Génova como responsable necesario. "Tiene que dejar de ser un PP 'sanchista' que pacta el reparto de jueces mientras los golpistas celebran con champagne", golpeaba su portavoz Edmundo Bal.