Fue la primera mujer en ocupar una presidencia de Sala en el Supremo -la de lo Social-, hace dos años, y este 20 de octubre se ha jubilado. Mª Luisa Segoviano deja el Alto Tribunal en plena crisis, porque ya son 16 vacantes, seis más que hace un año. Eso representa el 20% de los 81 magistrados del Supremo, donde la media de edad supera los 60 años, es decir, la mayoría se acerca a la jubilación forzosa, que está en los 70 años.

El nombramiento de Mª Luisa Segoviano fue uno de los últimos que hizo el CGPJ de Carlos Lesmes, antes de que, en marzo de 2021, se vetara la capacidad del Consejo para hacer nombramientos estando en funciones. Pero ahora esa posibilidad no existe. La única opción de que se ocupen los asientos vacíos es que haya un acuerdo que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que sus nuevos vocales comiencen a designar jueces. El desbloqueo parece estar a la vuelta de la esquina, pero lo cierto es que este jueves se han cumplido 1.416 días de Poder Judicial en funciones y, por ahora, seguimos sumando. Este viernes son ya 1.417 días.

El Supremo está al límite, con esas 16 vacantes. Pero en total, hablamos de 65, que afectan también a tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales y a la Audiencia Nacional.

Desde hace meses el Alto Tribunal viene avisando de su situación. De hecho, cuando Carlos Lesmes amenazó con su renuncia, puso como condición para no irse que, si no se renovaba el Poder Judicial, al menos se volviera a habilitar al CGPJ para hacer nombramientos. Pero eso no ocurrió y él se acabó marchando.

La "inminencia" de la que PSOE y PP hablan estos días al referirse a la renovación del CGPJ ya ha sonado otras veces, y según las distintas informaciones que llegan a la redacción de NIUS, los partidos están con los últimos flecos de su pacto, acordando nombres. Pero no se puede olvidar que los nombres han sido en otras ocasiones los que han hecho saltar por los aires los innumerables intentos de negociación.

Más allá de las plazas vacantes, hay una cifra demoledora que afecta directamente a los ciudadanos y de la que alertaba el Supremo hace meses: la situación va camino de ser "insostenible", hasta el punto de que la falta de magistrados puede provocar que cada año haya 1.000 sentencias que menos que las que habría con todas las plazas cubiertas.

Y eso, claro, lleva aparejado un alargamiento en los tiempos de respuesta, en la ya de por sí lenta Justicia.

En la Sala IV, la de lo social, el bloqueo y las jubilaciones han creado una situación diabólica. Su composición mínima es de de 12 magistrados más el presidente. Sin embargo, con la marcha de Segoviano se quedan en ocho, sus tres cuartas partes.

Ocho magistrados para toda una avalancha de demandas y asuntos laborales que ha crecido a raíz de la pandemia.

La otra gran perjudicada es la Sala de lo Contencioso, la III, donde se dirimen todos los conflictos con la administración y que ya en enero tuvo que reorganizarse porque se quedaba con el mínimo de magistrados, 25. Eso sí, ellos han recuperado uno, a Carlos Lesmes, tras su renuncia a la presidencia del Tribunal y del CGPJ.

Ellos dependen de la renovación del CGPJ, pero no son los únicos, porque ese órgano también designa cargos en la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia, y las audiencias provinciales.

En la Audiencia Nacional, de momento, sólo hay una vacante; en los TSJ se acumulan 30; y en las audiencias provinciales 20. Es decir, 68 plazas sin cubrir que dan idea de lo que tendrá por delante el futuro Consejo General del Poder Judicial cuando se renueve.

Segoviano debe estar aún asumiendo que se acaba de jubilar, pero quizás le quede trabajo por hacer en otro tribunal, el Constitucional.

Su nombre está entre los nueve que el sector progresista del CGPJ barajó para renovar el tribunal de garantías. Son los únicos nombramientos que no tienen vetados -gracias a otra reforma de este año-, aunque no está claro si los dos jueces que tienen que designar los votarán ellos o sus sustitutos.

En cualquier caso, esta jueza vallisoletana, hija de juristas y hermana de otros cuatro, da el perfil para integrarse en el tribunal de garantías que tiene pendiente renovar cuatro plazas: dos por parte del Gobierno y dos por parte del CGPJ.

Del año 50, primera presidenta la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León y después de la misma en el Supremo, Segoviano sabe lo que es romper techos de cristal desde el inicio de su carrera, cuando tuvo que cuestionar a los organizadores de un curso de Derecho Internacional al que no podían ir la mujeres porque no había lavabos para ellas.

Mientras no haya decisiones en torno al CGPJ, no sabremos si su último destino es el TC, donde ahora mismo hay once magistrados y sólo tres son mujeres. La negociación dentro del Consejo está abierta, pero el sector conservador sigue argumentando que no encuentra candidatos de su gusto entre los magistrados que podrían ir al Constitucional.

En septiembre del 2020, justo antes de acceder a la presidencia de la Sala, Segoviano fue ponente de la sentencia que declaró que los riders (los repartidores de la empresa Glovo) eran falsos autónomos y que las empresas que gestionaban los pedidos eran más que meras intermediarias.

Así llegó al cargo más elevado de su carrera, del que también se ha despedido con una sentencia importante. En el Pleno de este jueves, los magistrados de lo Social han dictaminado que un despido, por el hecho de estar hecho en pandemia sea "automáticamente" nulo.

Los magistrados abogan porque en cada caso se aplicación la legislación laboral vigente y descartan que esos despidos estuvieran realmente prohibidos y que fueran un fraude.

Tras el dictamen, la presidenta de la Sala ha colgado la toga, al menos por ahora, y ha dicho un adiós que intensifica la parálisis de un tribunal donde cada baja hace mella.