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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Cataluña enarbolando la bandera contra la 'okupación' al grito de "la 'okupación' no es de derechas o de izquierdas. Es un delito". En Génova lo tienen claro: "hay que estar en Cataluña" para recuperar votantes en una comunidad autónoma en la que están prácticamente desaparecidos y que es clave de cara a las elecciones generales. En la seguridad ciudadana y la 'okupación' los populares han encontrado un buen banderín de enganche que pretenden arrebatar a Vox.
"Para nosotros Cataluña es un territorio prioritario. Hay que estar en Cataluña y buscar soluciones concretas para los catalanes", afirmaba Feijóo en la inauguración de la convención popular sobre 'okupación' que ayer celebraron en Barcelona.
No es casual que los populares hayan elegido inaugurar su caravana de convenciones con la que recorrerán toda España en ese territorio y con ese tema. Cataluña y especialmente Barcelona están a la a la cabeza de las denuncias por 'okupación' y esa es una baza que no van a desperdiciar.
Todo un granero de votos que el PP está dispuesto a disputar a Vox -que les barrió en las últimas elecciones catalanas-, pero también a los socialistas catalanes del PSC a los que acusa de "indefinición" con este tipo de delitos. Eso además de merendarse del todo lo que queda de Ciudadanos en Cataluña. Es a ese "electorado huérfano" que quiere "soluciones a los problemas reales y no de lo que hablan en el Parlament" al que se dirigió ayer Feijóo centrando el discurso en la ocupación ilegal de viviendas y la seguridad y desplazando así el eje independentismo / constitucionalismo.
Feijóo se ha presentado a sí mismo y al PP como un político y un partido "a pie de calle" que defiende una "política útil" frente a un Sánchez y un PSOE que dice "han renunciado el contacto con la calle porque no les va bien". Génova va exprimir al máximo ese mensaje.
"Somos un partido que va a defender la Constitución y el Estatut de autonomía en Cataluña. Todos aquellas que se sientan catalanes y españoles tendrán una defensa constante y continua en esta su casa que es el Partido Popular de Cataluña", ha comprometido el jefe de los populares desde Barcelona entre aplausos.
Alberto Núñez Feijóo ha buscado en todo momento la comparación con Pedro Sánchez. Se ve ganador en la calle, en la "política útil", en su tolerancia cero frente a la ocupación ilegal ante la "indefinición" del Gobierno, y en el compromiso de no pactar con los independentistas en contraposición a Sánchez que según el dirigente gallego ha "corrido de forma inmediata a garantizar la continuidad del independentismo en la Generalitat de Cataluña".
"Nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a apuntalar y asegurar el Gobierno independentista nunca porque creemos que es malo para Cataluña siempre", martilleaba Feijóo.
Génova busca convertir esta convención sobre 'okupación' en un banderín de enganche que les resucite en esa comunidad autónoma. El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que permite el desalojo en 24 horas y endurece las penas de prisión y quiere que el PSOE y Sánchez se retraten.
"Vamos a ver quién defiende a los catalanes y quién no", clamaba Núñez Feijóo apuntalando así su perfil transversal con el que intentará pescar en el caladero del cinturón rojo y urbano de Barcelona donde el PSC arrasó en las elecciones de 2021 y Vox les adelantó por la derecha.
Por esta cónclave 'antiokupa' han desfilado el actual presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, cuya continuidad al frente de la formación está en discusión, Xavier García Albiol, aspirante a recuperar Badalona con un discurso muy duro contra la 'okupación' y la inmigración ilegal, o la eurodiputada Dolors Montserrat, a la que muchos sitúan de vuelta en Cataluña.
Alejandro Fernández ha colocado Barcelona como "la zona cero" de la 'okupación' y Albiol ha charlado con ciudadanos víctimas de este delito que han contado su experiencia.
Ante un público entregado los populares han explicado en qué consiste su escudo 'antiokupación'. Un total de ocho medidas que van desde el desalojo en 24 horas máximo de las viviendas ocupadas, el endurecimiento de las penas con hasta tres años de cárcel o impedir que se pague el IBI o el impuesto de Patrimonio mientras los propietarios no recuperen sus casas.