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Pedro Sánchez zanja el debate sobre el eje central de la ley trans. La principal novedad del proyecto estrella de la ministra Irene Montero y la que más tensiones, roces y división estaba generando en el Gobierno, el PSOE y el feminismo, la autodeterminación de género, se mantiene. El presidente respalda las tesis de la ministra de Igualdad frente a un sector de su propio partido, las feministas clásicas capitaneadas por la exvicepresidenta Carmen Calvo, que rechaza que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito ni informe médico, simplemente mostrando su voluntad, a partir de los 16 años.
Moncloa intenta acallar el ruido interno en el seno de la coalición y en las filas socialistas donde se está produciendo una brecha ideológica profunda entre los partidarios y los detractores de la ley trans que avanza en derechos para las personas de la comunidad LGTBI.
La norma, en su punto más polémico, se quedará igual que salió del Consejo de Ministros en el mes de junio. Para Podemos, mantener la autodeterminación, -piedra angular del proyecto-, era una línea roja infranqueable. Los morados han apretado las tuercas con el apoyo de los colectivos trans para que no se tocase ni una coma de lo pactado con su socio en esa materia y su presión ha funcionado. Fuentes del grupo socialista confirmaron que en el trámite de enmiendas no tocarán ese punto.
Montero, que también exige que la ley no sufra ni un retraso más para que pueda estar definitivamente aprobada este año, gana la partida. La titular de Igualdad enarbola la bandera LGTBI y siempre ha enfatizado que no iba a aceptar ningún retroceso en los derechos conseguidos. "Las personas trans no pueden esperar más", ha sido uno de sus lemas estos días.
La tensión entre la exvicepresidenta Carmen Calvo y Montero, que la sucedió en el Ministerio de Igualdad, fue evidente desde el primer momento. La socialista, que lidera a las feministas históricas del PSOE, mostró sus dudas sobre la seguridad jurídica de la ley. Calvo considera que pone en peligro toda la legislación de igualdad que ha logrado el feminismo en una lucha de años. Al igual que algunos colectivos sostiene que hay aspectos de la norma que contribuyen al llamado "borrado de las mujeres". Un sector que traslada además su inquietud porque los menores puedan acceder a la libre autodeterminación desde los 16 años sin permiso de sus representantes legales ni autorización judicial.
Montero se impuso dentro del Gobierno y con más retrasos de lo previsto el texto se aprobó. Ahora Calvo ya no está en Moncloa pero sigue liderando las voces socialistas contrarias a la norma. Enfrente tiene a otro sector más joven del partido que no se calla y públicamente expresa que quiere la ley tal y como está redactada. Uno de los más activos es Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo y miembro de la Ejecutiva Federal, que reclama cumplir los compromisos del 40 Congreso del PSOE de Valencia que apoyó la nueva legislación.
La decisión de los socialistas de alargar el plazo en el Congreso para presentar enmiendas enfadó esta semana a Podemos que denunció las "trabas" que estaban sufriendo e insistió en que la ley debe tener luz verde este año "sin transfobia". La baja del PSOE de Carla Antonelli, todo un símbolo del colectivo LGTBI y exdiputada en la Asamblea de Madrid, decepcionada con su partido por intentar retrasar el proyecto tensó la cuerda al máximo.
Ahora los socialistas tendrán que concretar sus enmiendas y poner sobre el papel que es lo que quieren "mejorar" de la ley. Ha sido la palabra que más han repetido en las últimas horas todos los ministros socialistas sin excepción. Las semana que viene la Mesa del Congreso tendrá que revisar de nuevo los plazos de tramitación. El ministro Félix Bolaños marcaba el rumbo: el compromiso del Gobierno con el avance de derechos es "indiscutible" pero avisaba de que el Parlamento está para mejorar las leyes y "eso es lo que va a ocurrir".
Los esfuerzos del PSOE se van a centrar en modificar de alguna forma el artículo 65 del proyecto que introduce el concepto de violencia intragénero y lo equipara con la violencia machista. Contempla, por ejemplo, que cuando haya un condenado o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero, en parejas del mismo sexo, las víctimas tendrán los mismos derechos laborales y de Seguridad Social que tienen las víctimas de violencia de género
Fuentes socialistas reconocen sus "dudas sobre la equiparación" de algunas otras formas de violencia a la violencia de género que se produce contra las mujeres.
Otra de las ideas que reitera el ala socialista del Ejecutivo es que quieren dotar a la norma de más seguridad jurídica porque saben que acabará siendo recurrida por el PP y por Vox en el Tribunal Constitucional. El grupo parlamentario defiende que el Congreso puede mejorar la ley y hacerla "más robusta" ante los ataques de la derecha que son los "verdaderos enemigos" de los derechos de los colectivos LGTBI.
Precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avanzado que si la ley se aprueba finalmente en el Congreso su partido la derogará cuando gane las elecciones y llegue a Moncloa. Para el dirigente popular se trata de una "frivolidad" que afecta a los derechos de las mujeres y de la infancia. A su juicio "se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana".
Feijóo ha aprovechado la división en el gabinete para cargar contra Sánchez por dar luz verde a un proyecto que después provoca un "aparente cisma" entre el PSOE y Podemos.