La Audiencia Nacional investiga seis empresas en Estonia ante la sospecha de que recibieron fondos del 'procés'

La Audiencia Nacional investiga desde 2020 a seis empresas abiertas en Estonia y a una entidad sin ánimo de lucro, ante la sospecha de que recibieron al menos 168.000 euros “de origen desconocido” para crear una aplicación de voto virtual, anónimo y descentralizado que favorezca la celebración de referéndums de independencia en Cataluña. Las sociedades investigadas, según los informes de la Guardia Civil, fueron creadas desde 2018 por los responsables informáticos del proyecto Vocdoni (que significa "votar" en esperanto) por lo que el juez Manuel García- Castellón envió en septiembre de ese año una Orden Europea de Investigación a Estonia para conocer toda la información financiera y los movimientos bancarios de estas empresas y confirmar si se nutrieron o no con dinero público.

El informe de la Guardia Civil que solicita la intervención, bajo secreto hasta la pasada semana, explica que los informáticos buscaban crear un sistema “de votación masiva con las garantías formales de cualquier proceso plebiscitario”, pero que gracias al sistema blockchain “presenta otras funcionalidades intrínsecas como es la creación de una moneda catalana”.

Sin embargo, la investigación sobre el sistema Vocdoni no se centra en el contenido de la aplicación, que no sería delictiva de por sí, si no en la financiación que recibió el proyecto, que para los agentes es “de origen desconocido”. Los agentes del Instituto Armado informaron a la Audiencia Nacional de que los responsables informáticos de la aplicación, pensada para teléfonos móviles, abrieron desde 2018 en Estonia seis empresas y una entidad sin ánimo de lucro. Y algunas de ellas comenzaron a recibir fondos prácticamente desde su formación. Algo que para los agentes carece de “lógica comercial” al tratarse de sociedades recién creadas y sin cartera de clientes. 

Por eso la Audiencia Nacional aceptó la petición y preguntó a las autoridades estonias sobre la información financiera y los movimientos bancarios de todas esas mercantiles, para comprobar si el dinero procedía de alguna manera de las arcas públicas. Algo que desde el entorno independentista han negado en varias ocasiones, alegando que este y otros proyectos de corte independentista se han financiado por medio de donaciones privadas que están debidamente registradas. El 17 de septiembre de 2020 el juez García-Castellón consideró fundadas las sospechas de la Guardia Civil y remitió una petición de información a Estonia. Sin embargo, el resultado de esas pesquisas no se encuentra todavía entre la información entregada a las partes. 

“No responde al sentido común ni a la lógica mercantil que estas tres sociedades, administradas cada una de ellas por un informático que dedica todo su tiempo al desarrollo de la aplicación Vocdoni desde cero, estuviese prestando otros servicios a un tercero, a quien facturarían por dichos servicios y quienes pagarían por ellos. La única explicación razonable es que ese tercero a quien facturan dichas sociedades y quien les paga por dicho servicios, fuese quien ha realizado el encargo de la aplicación Vocdoni“, explican los agentes de la Guardia Civil en su petición de actuaciones. 

En cualquier caso, los informes de la Guardia Civil advierten de que Estonia es el país elegido por los independentistas catalanes por varias razones: en primer lugar por ser para ellos un referente a seguir, tanto en el ámbito digital como al haber conseguido la condición de república independiente y formar parte de la Unión Europea. Y en segundo porque la legislación del país permite crear sociedades de forma remota sin ser residente en el país ni pisarlo siquiera, obtener ventajas fiscales y abrir a nombre de estas empresas cuentas bancarias dentro de la UE. Y todo sin salir siquiera de Cataluña. 

Según los informes de la Guardia Civil, la mayoría de las empresas bajo sospecha se encuentran registradas en la misma dirección, la calle Sepapaja 6 de la localidad estonia de Tallín. No son las únicas, ya que basta consultar por internet para encontrar un centenar de páginas web que tienen a su empresa propietaria en ese mismo domicilio, algo propio de los despachos de abogados que se dedican a crear empresas de forma remota. La entidad sin ánimo de lucro que está detrás de la aplicación de voto, por ejemplo, fue creada el 11 de septiembre de 2019, fecha de la Diada catalana. 

Además, la Guardia Civil constata la existencia varios viajes realizados por los informáticos responsables del sistema a Bruselas, que los investigadores enmarcan en posibles reuniones con el expresidente catalán Carles Puigdemont tanto para explicar el proyecto como para dar marcha de los avances del mismo. 

“Se puede concluir la existencia de un entramado financiero con fondos de origen desconocido y contrarios a la lógica mercantil del que formarían parte las seis mercantiles y la asociación sin ánimo de lucro expuestas, conformadas como sociedades vehículo de sus respectivos administradores, que a su vez son desarrolladores de Vocdoni y cuya finalidad es el desarrollo de una aplicación informática compleja que requiere de amplios conocimientos técnicos en un lenguaje de programación novedoso como es el blockchain, y su dedicación durante un período de tiempo, todo ello con al finalidad de desarrollar una tecnología que podría ser utilizada en la realización de un referéndum de autodeterminación ilegal”, mantienen los investigadores de la Guardia Civil en su escrito a la Audiencia Nacional.