El 1 de octubre de 2018 se produjo el primer aniversario del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017. El mismo que supuso la salida de España del entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont, acompañado de varios consejeros, y la condena de cárcel posterior de otros nueve miembros del Govern por declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil incorporado a la Audiencia Nacional en diciembre de 2018 y cuyo secreto fue levantado la pasada semana desvela que hubo un segundo intento de declarar una DUI al año siguiente. O al menos una planificación que no llegó a término, encabezada según los investigadores por el sucesor de Puigdemont en el cargo, Quim Torra. 

Según los informes remitidos al Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, los agentes de Información de la Guardia Civil detectaron el 9 de agosto de 2018 una reunión “secreta” y envuelta en fuertes “medidas de seguridad” entre tres miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) y el entonces presidente Torra.

En ese momento, los agentes llevaban ya casi diez meses con una investigación abierta sobre el entorno de los CDR, y uno de los supuestos participantes en la cita con Torra tenía el teléfono pinchado por orden judicial. Según los investigadores, la reunión secreta se produjo en el reservado de un restaurante, a las 21.00 de la noche, después de que los miembros de los CDR participantes tomasen importantes precauciones para comprobar que no estaban siendo seguidos antes de acceder al lugar.

Según informaron después los agentes al juez Manuel García-Castellón, en ese encuentro el presidente Torra dio a los CDR “instrucciones concretas y precisas” sobre los altercados que debían producirse durante la celebración del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.  “No puede limitarse a poner una placa. Hay que hacer algo potente”, explicaba después a sus compañeros de grupo uno de los asistentes al encuentro. 

“El presidente Torra dejó claro que en la próxima declaración de independencia, prevista para el día D, no debería ocurrir como en la DUI del 21 de noviembre de 2017, sino que esta vez se debería hacer efectiva mediante control del territorio. Para ello, instó a los CDR a montar un “cirio” que permita tomar el control efectivo de la Comunidad Autónoma”, explican los agentes de la Guardia Civil en su informe, declarado secreto hasta ahora. 

“En relación a la actitud que los Mozos de Escuadra (sic) pudieran tener con respecto a las acciones del día D, el presidente Torra les comenta que intentaría que su línea de actuación fuera “diferente” (entendiéndose que no perseguirían las acciones llevadas a cabo por los CDR)”, mantienen los investigadores. Sin embargo, esta última promesa de Torra, no se cumplió. 

Durante el primer aniversario del 1-O, el presidente Torra leyó una declaración institucional desde el municipio catalán de Sant Julià de Ramis. Y desde esa tribuna, instó a los CDR a “apretar” durante las protestas y manifestaciones que había programadas para esa jornada. “A vosaltres, amics del DCR, que apreteu. Y feu bé d’apretar”. (A vosotros, amigos de los CDR, presionad. Hacéis bien en presionar).

En ese momento, hacía tres semanas que, según la Guardia Civil, Torra se había reunido con los representantes de los CDR para alentar presuntamente disturbios en Cataluña que facilitasen la declaración de una DUI. Aquella mañana, las palabras de Torra se convirtieron en noticia, e incluso fueron matizadas jornadas después por varios miembros de su Gobierno cuando la principal manifestación de la jornada se tornó en disturbios. 

Ese día, parte de los CDR trataron de acceder al Parlament catalán de forma violenta al grito de “ni un paso atrás”, pero fueron repelidos por las unidades de control de masas de la policía autonómica. Se produjo así una situación distinta a la prometida por Torra según los informes de la Guardia Civil. En la reunión anterior y según las escuchas telefónicas, el presidente catalán había hecho una salvedad, indicando que “ahora controlaban algo, pero que hay muchos mossos”, en referencia a que no todos los agentes que formaban parte del cuerpo autonómico estaban a favor de la independencia, y por tanto mostrarían un actitud pasiva. Además, el cuerpo había estado controlado por la Administración General del Estado durante meses, en aplicación del Artículo 155 de la Constitución que retiró las competencias a la Generalitat.

Al día siguiente, los CDR convocaron una nueva manifestación, esta vez para pedir la dimisión tanto del presidente Torra como del entonces conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Los independentistas radicales tachaban entonces a ambos políticos de “traidores” por las cargas policiales durante el intento de toma del Parlament. En 2020, Torra fue inhabilitado como presidente autonómico por el Tribunal Supremo tras ser condenado por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central, por lo que fue sucedido en septiembre de ese mismo año por Pere Aragonés, que actuó como interino hasta las elecciones de febrero de 2021.