En principio, Carles Puigdemont no aparecía en la lista de 65 independentistas espiados por Pegasus, el sistema que infecta móviles para acceder a sus datos. Pero sí estaban ella hasta 11 personas de su entorno, incluida su mujer o sus abogados. Es decir, el expresident catalán fugado tras el 1-O sí ha sido espiado con ese sistema (indirectamente), y así lo ha denunciado en el Parlamento Europeo. "Hay miedo. Esto ha afectado a nuestras vidas, a nuestra libertad de acción política (...) nos sentimos amenazados y violados en nuestra intimidad", ha declarado ante los diputados europeos.

Pero no sólo eso. Puigdemont ha apuntado a posibles ataques directos a su teléfono, pese no aparecer en esa lista. El que fuera president de la Generalitat ha explicado que ha dejado dos dispositivos antiguos a disposición de Citizien Lab, la empresa canadiense que sacó a la luz la lista de independentistas espiados. Y allí se ha encontrado una sorpresa: el móvil de Carles Puigdemont le sitúa en Barcelona el 29 de febrero de 2020, dos años y tres meses después de su fuga a Bruselas. Se pueden imaginar que si yo el 29 de febrero de 2020 hubiera estado en Barcelona, ahora no estaría aquí. Estaría en una cárcel española", ha señalado el presidente al término de una breve intervención, en el Parlamento de Europa.

Carles Puigdemont no ha dado más explicaciones sobre eso, pero al hacerlo ha dejado en el aire la posibilidad de ataques a sus móviles desconocidos hasta ahora y de manipulaciones en sus datos.

La Eurocámara, que celebra una comisión de investigación sobre esos ataques informáticos, ha escuchado hoy a los eurodiputados independentistas, que han denunciado la falta de interés de España por averiguar quién dio las órdenes para infectar los teléfonos móviles. Eso, pese a que el presidente, Pedro Sánchez, y los ministros Robles, Marlaska y Planas también han sido atacados con Pegasus.

Pero Carles Puigdemont ha pasado por encima de esos casos para denunciar los de su entorno y los que sufrieron sus socios independentistas, incluidos otros dos expresidentes, Torra y Mas. Unos espionajes que generan "pánico" en palabras del expresident, porque no se puede saber quién los ha ordenado. Puigdemont diferencia, eso sí, entre los realizados por el CNI con autorización judicial y los que se hacen con el sistema Pegasus.

Los espionajes del CNI -al menos 18- fueron reconocidos por la propia exdirectora del CNI, Paz Estean, antes de ser cesada a raíz de este escándalo. Esos se hacen con SITEL, un sistema que "deja rastro", según ha explicado el propio Puigdemont. Pero los que dan miedo al líder catalán afincado en Bruselas son los otros: Pegasus no deja rastro, no hay trazabilidad, y no se puede responder a la pregunta de quién dio la orden de espiar al independentismo.

Lo cierto es que según la empresa que vende el software espía, la israelí NSO, sólo los Gobiernos pueden acceder a él. Eso hace que el independentismo señale directamente al Estado español, porque además buena parte de los ataques fueron realizados durante los preparativos del 1-O.

Pero "ninguna autoridad española ha reconocido haber utilizado Pegasus", ha señalado Puigdemont que admite que no se puede atribuir a nadie en concreto, pero que mira a España sin hacer la acusación directa.

Entre los ataques a móviles de personas cercanas, Puigdemont ha denunciado los que se hicieron durante los preparativos a su candidatura en Europa; o los que sufrieron sus abogados cuando se preparaban para defender su inmunidad.

Con mayor o menor intensidad, los eurodiputados independentistas catalanes han ido apuntando a España como responsable de los ataques informáticos. Toni Comín, por ejemplo, ha señalado que España fue el primer país en comprar el sistema; la eurodiputada de ERC, Diana Riba, se ha referido a los otros espionajes, a los del CNI con SITEL, para pedir explicaciones, sobre todo en el caso de los eurodiputados, que tienen "inmunidad plena".

En cuanto a Jordi Solé ha acusado a España de opacidad: "Esto es un muro, un agujero negro. Si alguien alega eso en nuestro caso estaremos ante un problema de inseguridad jurídica y democrática", ha declarado en su turno.

En la sesión también estaban presentes diputados de Cs y del PP. En el caso de los Populares, además, el representante era Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior durante el 1-O. Zoido ha sembrado las dudas sobre el informe y lo ha calificado de "maniobra política orquestada", señalando relaciones entre Citizien Lab y el independentismo.

En cuanto al portavoz de Cs, Jordi Cañas, ha respondido a los independentistas llegar a la comisión de investigación con las conclusiones sacadas.

En la sesión, ha habido tal intercambio de reproches -y tan acalorado- que el presidente de la comisión, el holandés Jeroen Lenaerts, ha tenido que pedirles que dejaran a un lado la política nacional y se centraran en la perspectiva europea del asunto.