Para algunos, como para el PNV, hace mucho que estaba claro que España necesita una nueva Ley de Secretos Oficiales, que por ejemplo, pusiera un límite al tiempo que un asunto puede estar enterrado. Este lunes, el Gobierno daba las claves de una reforma que pretende aprobar antes de que acabe el año. Hasta ahora, ese límite no existía en la ley redactada en 1968, es decir en tiempos de la dictadura de Franco. Eso no quiere decir que nunca se hayan desclasificado documentos, porque sí se ha hecho, pero no había un plazo automático. A partir de ahora, no se podrá mantener un secreto enterrado para siempre, según afirmaba este lunes el ministro Félix Bolaños.

Hasta ahora, ningún gobierno le había dado la vuelta a la ley. Pero apareció el espionaje con Pegasus y el Gobierno se puso manos a la obra con una nueva norma que marque un plazo. Lo que va a hacer el ejecutivo es clasificar los secretos en cuatro rangos y dar a cada uno de ellos un límite temporal diferente. Los secretos menos secretos se desclasificarán en cuatro años, y los más sensibles estarán hasta 65 años sin ver la luz, si se decide ampliar el plazo de cincuenta años para la revelación automática.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya ha dicho que es un plazo "decepcionante", muy superior al que su partido planteaba, de entre 15 y 25 años. Pero aun así, celebra que haya un cambio, aunque sea mucho tiempo de secretos y aunque llegue seis años después de su primera propuesta de reforma. En Podemos, tampoco gusta la nueva ley. Los dos socios de Sánchez tendrán que conocer la letra pequeña ante de apoyarla o no.

En NIUS comparamos la nueva norma con las que hay en otros países europeos: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Pero también con Estados Unidos, el país de la CIA, del Watergate, o del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Lo que encontramos, es que los plazos estipulados por Sánchez, están en la media de los secretos del mundo occidental.

Nuestros vecinos del norte limitan el acceso de los ciudadanos a determinados documentos. Desde las deliberaciones del Consejo de Ministros (secretas como en España), a los que ponen en jaque la seguridad o la defensa del Estado.

El límite habitual es de 50 años, el mismo que marca el Gobierno de Sánchez, pero se puede ampliar a 100 cuando pueda afectar a la seguridad de las personas mencionadas en esos papeles, o cuando los datos registrados den pistas sobre armas químicas, nucleares o biológicas.

Sanciones: hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa para quien los revele, robe o destruya.

En Alemania, la ley pone el límite en 30 años para la desclasificación. Si se necesita ampliar ese plazo, se puede llegar a los 60 años. Las materias afectadas son las relativas al espionaje y a la Defensa.

Como en la norma que se prepara en España, se recogen cuatro tipos diferentes de secreto: Alto secreto, secreto, confidencial y sólo para uso oficial.

Los servicios del MI6, o los agentes a las órdenes de su majestad, -como sería James Bond de existir, pueden mantener bajo llave durante 30 años. Ahora bien, ese plazo puede ampliarse si el hecho de revelar los secretos pueden perjudicar las políticas exteriores de la nación, poner en riesgo su seguridad, o incluso dañar a la imagen del país.

En Italia, prefieren no guardar tanto tiempo los secretos y no son especialmente celosos de la información, de hecho, declarar algo secreto tiene su procedimiento. El límite máximo es de 30 años y de ahí no se puede pasar.

Para que algo sea clasificado como secreto, debe haber una reunión a puerta cerrada del primer ministro con el Comité para la Seguridad de la República, algo así como la comisión de asuntos reservados del Congreso de los Diputados. En esa sesión, el primer ministro debe motivar la necesidad de declarar algo secreto y ese comité dar su visto bueno.

La duración se establece, siempre, por 15 años. Cuando los tres lustros llegan a su fin, el Gobierno tiene un mes para decidir si los prorroga por otros 15 años. Los 30 ya no se pueden superar.

En Estados Unidos, a priori, no es ilegal revelar información clasificada, salvo que sea información comprometida para la defensa del país.

La decisión de si algo compromete la seguridad del país, sólo puede ser tomada por un tribunal. Pero cuando eso ocurre, sus plazos son de los más elevados: hasta 75 años de ocultación.

En un primer momento, la información se mantiene bajo siete llaves durante 25 años. Pero... si se considera que después de esos 25 años puede seguir siendo secreta, el plazo se amplía hasta los 50 años.

Hay materias, cuya confidencialidad todavía permanece más tiempo oculta, hasta los 75 años. Es el caso de documentos donde está registrado el nombre real de un agente secreto o los planos de un arma de destrucción masiva.

Esos 75 años todavía pueden ampliarse, pero ya mediante un documento especial y específico.