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La primera ley española de derechos de los animales inicia el próximo jueves su tramitación parlamentaria en medio de una fuerte polémica y con posturas enfrentadas acerca de si todos los animales deben ser considerados iguales o distintos según el medio en el que habiten o la función que desempeñen.
Desde su aprobación como anteproyecto de ley, hace casi ocho meses, hasta el visto bueno del Consejo de Ministros, el pasado 1 de agosto, la nueva normativa no ha dejado de suscitar polémica a nivel político y social derivada de su carácter innovador.
Se trata de una ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el objetivo de acabar con el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales, según ha precisado la ministra Ione Belarra.
Ahora el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales llega al Congreso con enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, PNV y Vox que quieren frenar la iniciativa impulsada por el Ministerio que dirige Belarra y exigir su devolución.
Además, el PSOE registró una enmienda el pasado 13 de septiembre para que el proyecto de Ley no se aplique a los perros de caza ni a otros animales empleados en actividades profesionales, como policía o rescate, o a los que se dediquen a tareas específicas como la ganadería o la cetrería, una petición que ha suscitado una fuerte polémica entre los grupos animalistas.
La última expresión de esta disconformidad la protagonizaron el pasado viernes frente al Congreso decenas de personas que consideran que la enmienda socialista "abrirá la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control, la matanza de camadas en función del sexo deseado o el sacrificio de adultos que ya no cumplen las características para su uso".
A esa movilización le seguirán otras como la convocada para el próximo jueves a las puertas de la sede socialista madrileña de la calle Ferraz, destinada a exigir la retirada de la enmienda, que consideran "injusta" y "una traición" para la mayoría de los votantes del PSOE. Así lo ha puesto de manifiesto la actriz, cantante y defensora animalista Lluvia Rojo, quien en declaraciones a Efe ha expresado su sospecha de que la enmienda socialista pretende "contentar a un 'lobby' de cazadores muy pequeño y poco representativo de la sociedad, algunos de ellos 'barones' del propio PSOE".
"No se entiende que el PSOE presente una enmienda a una ley aprobada por ellos mismos", ha dicho Lluvia Rojo, que opina que la modificación "discrimina a los perros, pero también a los ciudadanos, porque si un cazador maltratara a su perro no le ocurriría lo mismo que si lo hiciera cualquier otro ciudadano". Para la activista es "absolutamente necesario" que exista una ley estatal para los animales en lugar de "una ley distinta para cada comunidad autónoma", lo mismo que opina Matilde Cubillo, portavoz de las entidades de protección animal, que considera la nueva norma "necesaria pero mejorable".
Según ha manifestado Cubillo a Efe, la lucha contra la enmienda del PSOE no es solo una cuestión "animalista", sino que engloba todo un movimiento en el que participan sociedades caninas, veterinarios, educadores de animales, juristas y muchos sectores más unidos contra el maltrato a los animales y el endurecimiento de las penas "que no deberían quedar solo en multas irrisorias".
Junto a la ley de Derechos Animales llega al Congreso la tramitación del proyecto de ley para la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal que incluye a todos los animales vertebrados cuyo maltrato no conllevaba "ningún reproche penal" hasta ahora.
Para los casos de malos tratos con muerte del animal la condena se recrudece y podrá ir desde multas que alcanzarían los 200.000 euros a penas de cárcel de hasta 36 meses si concurre más de un agravante.
Entre las novedades de la Ley se encuentra la obligación de identificar a todos los animales de compañía y la cría exclusiva por criadores registrados, la formación obligatoria para las personas que convivan con mascotas o la prohibición de sacrificios salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.
También se prohíben los circos con animales salvajes y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.
La reconversión de los zoos y delfinarios en centros de recuperación de especies autóctonas, la prohibición de que se utilicen animales en actividades y espectáculos donde puedan sufrir daño o muerte o el final de las peleas de gallos y del tiro al pichón, son otras novedades de la nueva normativa que, previsiblemente, entrará en vigor en 2023.