Nada de nada. No había muchas esperanzas antes de la reunión, pero el encuentro entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional ha terminado por dinamitar cualquier expectativa a corto plazo.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart (ambos conservadores) y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach (progresistas) han estado reunidos durante más de dos horas. La reunión se había preparado con una lista previa por parte de estos últimos de los aspirantes. Su lista en la que incluían a Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde -que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
El bloque conservador ha negado que se les haya hecho llegar las candidaturas de ningún magistrado del Supremo, "más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual", según reza el comunicado difundido tras el cónclave.
Así las cosas, el encuentro ha terminado en portazo
El bloque conservador ya acudió a la primera reunión sin candidatos y todo auguraba que hoy ocurriría lo mismo. Las citadas fuentes indican que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global --que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional-- podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.