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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha cargado contra el Gobierno en su discurso de apertura del año judicial, celebrado en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, al que ha acusado de causar una situación “devastadora” en la Justicia con sus reformas legales. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, ha llegado a mantener Lesmes, que ha emplazado tanto al Gobierno como a la oposición a alcanzar un pacto para renovar el CGPJ o “restituirle sus competencias”.
“Lamentablemente, el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española. Me refiero lógicamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo”, ha explicado Lesmes en los primeros compases de su intervención. “ El primero de ellos por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales y, el segundo, por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”.
El presidente del CGPJ ha descartado que sean los propios vocales del consejo quienes cesen de forma voluntaria para forzar la renovación con un ejemplo sencillo: “¿Qué pensarían los ciudadanos si todos los ministros de un gobierno en funciones decidieran colectivamente desertar de sus cargos, dejando a España sin Gobierno, como medio de presión al Parlamento en un proceso de investidura que se estuviese dilatando excesivamente en el tiempo?”
Sin embargo, uno de los ejes centrales del discurso ha sido el rechazo rotundo a la aprobación por parte del Gobierno de la Ley Orgánica 4/22 de 19 de marzo por la que se eliminaba la capacidad de elección discrecional del CGPJ. “Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta Ley son devastadores. El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas”, ha explicado Lesmes.
“El Consejo General del Poder Judicial, consciente de las graves consecuencias que dicha disposición legal traería consigo, interesó de las Cámaras Legislativas la posibilidad de ser oído y solicitó también que se recabara informe de la Comisión
Europea, siendo estas peticiones displicentemente desatendidas. Apenas un año después - por la vía de urgencia-, y de nuevo sin recabar opinión alguna, el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio”, ha recordado el jurista, en referencia a la decisión del Ejecutivo de modificar de nuevo la Ley y forzar el nombramiento por parte del CGPJ de dos magistrados para el Constitucional en un plazo máximo de tres meses.
“Nada se dice sin embargo en esta Ley sobre la imprescindible designación de los magistrados del Tribunal Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha abocado a este Tribunal. Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que en unos meses sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento, como previene la Ley, por falta de magistrados”, ha proseguido el presidente del CGPJ.
Por todo ello y ante Felipe VI, Lesmes ha solicitado “pública y solemnemente al Presidente del Gobierno de España y al Jefe de la Oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido”.
Las palabras del máximo responsable del poder judicial llegan en medio de una semana convulsa para la judicatura, tras la reforma legal aprobada por el Gobierno en mayo que fija como fecha máxima para la elección de dos candidatos al Tribunal Constitucional el próximo 13 de septiembre, y a solo 24 horas del pleno extraordinario del CGPJ donde se deberían consensuar estos nombramientos. Algo que parece que no va a suceder.
El pasado lunes, era el propio Lesmes quien mantenía que el órgano de gobierno de los jueces no podía declararse “en rebeldía” frente a una ley aprobada por el poder legislativo, pero reconocía que era posible que no se cumplieran los plazos. “Puede que vayamos a un pleno el día 16 o 18 y tampoco pasaría nada”, comentó ante la prensa.
Sin embargo, sobre la mesa queda la aritmética de un CGPJ con mayoría conservadora (10 de sus 18 miembros han sido nombrados por el Partido Popular) y el proyecto de bloqueo encabezado por el sector más conservador, que con solo ocho votos sería capaz de paralizar los nombramientos, ya que requieren de tres quintos de la cámara, es decir: 12 votos. El problema para estos números es que tras el bloqueo de los nombramientos también en el CGPJ, el organismo cuenta ahora con 18 vocales y no con los 20 sobre los que se construyen estas mayorías según la normativa.