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Quedan 72 horas de infarto, de negociaciones soterradas y reproches públicos, de quinielas con juristas de etiqueta (la de conservador o progresista) y de actos oficiales marcados por la agenda antes de que el próximo jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúna para alcanzar un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional y proponga a dos candidatos. O al menos para intentarlo.
La fecha no es aleatoria, ya que el próximo 8 de septiembre se producirá la primera reunión del órgano de gobierno de los jueces tras la apertura del año judicial y el mes de parón en agosto. En cualquier otra ocasión, la cita no estaría revestida de un especial interés informativo. Cosas de togas. Pero el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó este pleno extraordinario después de que el Gobierno, con su mayoría en Las Cortes, aprobase una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que faculta a la cúpula judicial a nombrar a dos candidatos para el Constitucional.
El objetivo del Gobierno con esta decisión fue acelerar la renovación del tribunal de garantías, que se mantiene desde hace años con mayoría conservadora y ha sufrido distintos palos en la rueda para el nombramiento de nuevos miembros, en una situación similar a la del Supremo. Sin embargo, el Ejecutivo aportó una de cal y otra de arena. Dio más facultades al CGPJ pero obligó a que su decisión sobre los dos nuevos magistrados fuera tomada en el plazo de tres meses. Y esa cuenta atrás se cumple el próximo 13 de septiembre.
El protocolo de una semana judicial escrita en rojo arrancaba este lunes con la toma de posesión del nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Y allí era el propio Lesmes quien reconocía la efervescencia de contactos dentro del CGPJ para encontrar candidato, además de denunciar una maniobra para “desestabilizarlo” en el cargo filtrando un supuesto interés personal del jurista en ocupar una de las dos plazas. Algo que ha descartado por completo. “Quien ha dicho eso, miente”, afirmó ante la prensa.
Lesmes reconoció que esa misma mañana había cerrado reuniones con cinco magistrados. Cinco posibles candidatos para ocupar esos sillones. Además, reconoció ante la prensa una posibilidad evidente: la de que los plazos no se cumplan, aunque el máximo responsable de la Judicatura negó un posible bloqueo. “Podemos irnos a un pleno el próximo 16 o 18 de septiembre”, reconoció Lesmes, que emplazó el resultado a las reuniones entre miembros del CGPJ que se han cerrado tanto para mañana martes como para el miércoles, día en el que llegará otra fecha clave: la apertura del año judicial.
Así, habrá movimientos evidentes y soterrados. Los primeros serán protagonizados por el propio Lesmes en el discurso que pronunciará el miércoles ante Felipe VI como presidente del CGPJ, en el que habrá un duro reproche a la clase política por la situación de la Justicia, que considera “desastrosa” ante la falta de acuerdo para la renovación tanto del Supremo como del propio consejo.
En otro plano distinto, son los 20 magistrados que forman el órgano de Gobierno los que buscarán de forma más discreta dos personas de consenso. Dos nombres que alcancen al menos los 12 votos necesarios para acceder a uno de los dos nombramientos que el órgano colegiado se reserva desde la nueva ley en el Constitucional.
Sobre la mesa está la posibilidad, más que evidente, de que ese acuerdo no se cierre finalmente el próximo jueves, bien por falta de consenso entre los propios magistrados o bien por una maniobra tacticista de algunos de los representantes del CGPJ más cercanos a determinados partidos. “Eso puede pasar, pero lo importante es que haya avances”, reconocía Lesmes este lunes, anunciando la posibilidad de que la decisión final se tome en un pleno fijado para el 16 o 18 de septiembre. “Tampoco pasaría nada”, afirmó.