Susana Díaz no habla de José Antonio Griñán, sino de Pepe, como es conocido en Andalucía. La expresidenta andaluza, sucesora y delfina del histórico socialista andaluz explica a NIUS que ella ya ha dado todos los datos para que su firma también aparezca en la petición de indulto a Griñán. Su familia se ha adelantado a la emisión de la sentencia y ya tiene listo el documento tras conocer la confirmación de la condena a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Es la malversación lo que le lleva a la cárcel y lo que, a juicio de Díaz, no se puede achacar al expresidente andaluz: "Se ha probado que no se ha llevado ni un euro. El delito de malversación exige que dispongas de esos fondos y él no disponía", asegura Susana Díaz, que según cuenta, habla muchísimo con él.

También habló con él el día en que se conoció el fallo del Supremo confirmando la condena: "Está fuerte; a pesar de todo él sigue confiando en la Justicia; está muy esperanzado. "El día que pasó él era el que daba ánimos a su entorno", explica Susana Díaz por teléfono. Eso sí, "lo que lleva pasado, no lo sabe nadie. La pena en vida ya no se la quita nadie" después de una década de señalamiento político y judicial por el caso de los ERE.

Susana Díaz no tiene ni la más mínima duda de la inocencia de su antecesor y es por eso que apoyará la petición de indulto. Su firma se estampará junto a la de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero para intentar que José Antonio -o Pepe- Griñán entre en prisión el mínimo tiempo posible, porque evitar la entrada está muy difícil. El indulto, que el Gobierno no ha aclarado si concederá, lleva un proceso de unos ochos meses desde que comienza el trámite.

La medida de gracia -parcial- no es la única salida para Griñán. Su abogado también presentará un recurso ante el Constitucional, al que pedirá que mientras estudia el fondo del asunto, suspenda su entrada en prisión. Susana Díaz asegura que él cree en esa vía y que está "esperanzado", porque cree que aún puede convencer a los jueces de su inocencia.

"Su honestidad está más que acreditada", insiste una y otra vez Díaz, que recuerda que la sentencia tiene dos votos particulares y que el juez instructor del Supremo, que vio el caso antes de que pasara a la Audiencia Provincial de Sevilla -cuando Chaves y Griñán eran aforados- tampoco encontró indicios de malversación.

Por eso, y porque lo considera un "ejemplo para todos", considera que los 76 años de José Antonio Griñán son secundarios y que esa no es la parte que debe pesar para la medida de gracia. "Es íntegro honesto, he trabajado con él y sólo puedo decir que vive como vivía como hace treinta años", insiste, mientras exclama: "No hay derecho".

Lo que no tiene nada claro Susana Díaz es lo que decidirá el Gobierno, que en septiembre iniciará un complicado curso, con las elecciones de diciembre de 2023 en el foco.

Hasta ahora, el Gobierno ha puesto distancia con la posibilidad del indulto. Al conocerse el fallo del Supremo, confirmando la condena, pedían los miembros del Ejecutivo que no se pasaran "pantallas". Ahora, la portavoz Isabel Rodríguez viene a decir lo mismo y señala que todavía no se conoce la sentencia. "Resulta conveniente saber el fondo" de la resolución, decía Rodríguez que no ha querido ir más allá en el asunto.

A nadie se le escapa que un indulto por un caso de corrupción no es una medida popular. Además, si la sentencia íntegra se emite en septiembre, y la familia solicita la medida de gracia inmediatamente, la respuesta del Gobierno podría coincidir con las elecciones municipales de mayo y a unos seis meses de las generales.

El escenario político no es favorable para Griñán, incluso si se aplaza la respuesta a después de las municipales, porque será inevitable que se hable de él, como en su día se habló de los indultos al procés. Además, estando después las generales, la oposición puede hacer una guerra particular.

La petición, conocida este miércoles, y que la familia de Griñán ya tiene redactada, está en boca de todos los partidos desde el mismo momento del fallo del Supremo.

Si Podemos hablaba entonces de la gravedad de los hechos y de la intolerancia de la sociedad con la corrupción; Inés Arrimadas subía el tono este jueves para decir que espera que el Gobierno "no tenga la poca vergüenza" de indultar a Griñán después del que a su juicio es "el peor escándalo de corrupción".

Más suave -relativamente- sonaba el PP. Si la Junta de Andalucía de Moreno condiciona su "visto bueno al indulto" con una petición de perdón, su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba ser informado sobre la medida de gracia.

Tanto en Andalucía como en Madrid, el PP no carga tintas contra Griñán y apelan al lado "humanitario", pero también aprovecha cada escenario posible para destacar que el caso de los ERE es el "más grave" de la democracia española y recordar que estamos ante un asunto de corrupción.

"No tengo interés en ver a un expresidente de la Junta de Andalucía, del PSOE y exministro en la cárcel", decía Feijóo que quiere opinar sobre el tema.

Lo que olvida el presidente del PP es que el indulto es una potestad única del Gobierno, que ni siquiera tiene que seguir los dictámenes de los jueces y la fiscalía, y que puede argumentarlo en tres supuestos: equidad, justicia y/o interés público.