Incógnitas que pueden quedar sin respuesta pese a la Ley de Secretos Oficiales: del 23F al 11M

1968 fue el año en que España empezó a guardar secretos bajo llave de manera oficial. No es que antes no existieran, pero es el año del que data la ley que regula la publicidad de las materias sensibles y la que dejó abocados a la oscuridad eterna documentos y datos sobre algunos de los episodios más críticos del final de la dictadura y las primeras cuatro décadas de la democracia. La clave es que esa ley no preveía la desclasificación y permitía su ocultación por siempre jamás.

Ahora, la nueva norma planteada para sustituir a aquella, sí conlleva la desclasificación de todos los documentos en plazos que van de los cuatro a los 65 años. Sin embargo, no habrá una revelación masiva de lo que ya está guardado. Vale para lo que se clasifique a partir de ahora y para sacar a la luz "algo" de lo anterior. No se sabe ni cuánto ni qué. ¿Conoceremos quién orquestó realmente el 23F? ¿Sabremos detalles de la guerra sucia contra ETA? ¿Habrá información sobre la Corona y el reinado de Juan Carlos I? ¿Se dará respuesta a las dudas que quedan sobre el 11M?.

La nueva ley no decreta la desclasificación automáticas de los secretos anteriores a la ley. Sólo dejarán de serlo si los ministerios competentes deciden desempolvar los archivos por su relevancia o si la Justicia accede al reclamo de desclasificación que haga un "afectado directo". El Gobierno evita responder qué información dará a conocer, pero hay varios asuntos sobre los que historiadores y no historiadores se siguen haciendo preguntas.

En algunas entrevistas, el autor de Anatomía de un instante (sobre el 23F), Javier Cercas, decía que ya apenas queda nada que aclarar sobre el intento del golpe de Estado, y que quizás lo más difuso fue la participación de los espías, los hombres del Cesid, antecesores del CNI. Entre ellos, uno: José Luis Cortina, comandante y jefe de los servicios operativos de ese departamento que fue juzgado y absuelto en el proceso judicial de 1982.

La Fiscalía peleó en el juicio por su condena y relató que el 21 de febrero de 1981, dos días antes de la entrada de Tejero en el Congreso, Cortina se reunió con él y le dio instrucciones. Tejero había hablado de esa reunión que él siempre negó, igual que rechazó saber nada del golpe.

El comandante Cortina era hombre de confianza de Armada (el cerebro del 23F según la sentencia), pero para algunos fue el comandante el que se encargó de "montar y desmontar" el intento de derrocar la democracia recién creada. Por un lado como partícipe de los preparativos y por otro, por dar la orden de cortar el alzamiento.

Tras salir absuelto, Cortina se reincorporó al Ejército, pero ya en una situación de debilidad. Pasó nueve años más vestido de militar, pero en 1991, el Gobierno de Felipe González lo relevó por negligencia en la filtración de unos documentos sobre una intervención militar española en el Golfo Pérsico. La carrera de Cortina pasó al mundo de la seguridad privada. A los 84 años, Cortina sigue vivo y alejado de los medios, seguro que guardando no pocos secretos sobre aquel 23 de febrero que estuvo cerca de cambiar el curso de la historia.

Ocurrió sólo tres meses después del 23F y nunca se ha despejado la duda de si ambos episodios estaban relacionados. El 23 de mayo del 81, nada más abrirse el banco, situado en la céntrica Plaza de Cataluña de Barcelona, once personas entraron en él para "atracarlo".

Al frente, José Juan Martínez Gómez, "El Rubio", que dirigió un atraco con más de 200 rehenes, y un mensaje a las redacciones de los periódicos para que recogieran un comunicado que alguien había dejado en una cabina de teléfono. En ese comunicado, una exigencia, que se dejara en libertad a "cuatro héroes del 23 de febrero y al valiente teniente coronel Tejero".

Para hacer posible esa liberación, pedían un avión en Barajas y otro en El Prat, que permitiera la evacuación de los golpistas desde Madrid y de los atracadores desde Barcelona.

No sólo eso, el comunicado daba un plazo de 72 horas para hacerlo y la amenaza de matar a 10 rehenes en un primer momento y después, cinco cada hora.

A dos de los rehenes hubo que evacuarlos, uno de ellos herido por un disparo. Y poco después se empezaron a intercambiar rehenes por comida. La situación se complicó para los atracadores, que llegaron a hacer un túnel para escapar, pero tuvieron que desistir.

Fueron en total 37 horas de angustia y de dudas, desde el sábado por la mañana, hasta el domingo bien entrada la tarde. Hubo de todo, negativas de Tejero para ser excarcelado, un asaltante muerto por los disparos de la Policía y una entrada con "tanqueta" que acabó con la detención de 9 atracadores y la fuga de otro.

Hubo detención, juicio y condenas de entre 30 y cuarenta años. La vinculación con la política o la Guardia Civil quedó descartada, pero las respuestas del entonces presidente, Calvo Sotelo, a los Grupos Parlamentarios, tampoco fueron muy claras. En 2009, El Rubio aseguró que a él le habían contactado desde el Cesid para que robara unos documentos muy delicados. La versión del Rubio es que ahí estaban las instrucciones de cómo iba a ser el Gobierno de Armada tras el 23F.

Este jueves, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, enfriaba las expectativas sobre una desclasificación de documentos de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación montados desde las estructuras policiales para responder a ETA con secuestros y asesinatos, sin respetar los límites de un estado de derecho. Esta operación de terrorismo de estado fue uno de los episodios más oscuros de los gobiernos de Felipe González.

A López no le preocupa que se desclasifiquen documentos sobre los GAL pero apunta que, ahí "hay poco que rascar", porque apenas quedan secretos. El caso el caso fue juzgado y condenado, pero la parte política tampoco quedó totalmente esclarecida, más allá de la condena a José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de Seguridad que después fueron indultados. La famosa "X" en la cúpula de los Gal -en expresión del juez instructor Baltasar Garzón- nunca fue despejada. Felipe González nunca fue encausado y sólo declaró como testigo en el Tribunal Supremo.

En 1997, el Alto Tribunal consiguió que se desclasificaran documentos que no aportaron datos desconocidos. Pero entre los archivos secretos aún pueden quedar datos, nombres y relatos de operaciones, algunas de dudosa legalidad, que hasta ahora todos los gobierno se han negado a publicar.

Está por ver qué decide el Gobierno sobre los datos de los GAL o sobre las torturas a detenidos. En ambos casos hay víctimas directas que podrían solicitarlo, como la familia de Mikel Zabalza, un joven navarro al que se vio por última con vida en el cuartel de Intxaurrondo. Su cuerpo apareció 20 días después en las aguas del río Bidasoa.

Sólo fueron juzgados los guardias civiles que lo habían custodiado y además fueron absueltos. En cuando a los otros detenidos junto a Mikel, fueron puestos en libertad con cargos.

Tras el atentado contra los trenes de Madrid, que provocaron 200 muertos el 11 de marzo de 2004, no pocos se apuntaron a la tesis de que el peor atentado de la historia de nuestro país había sido obra de ETA y no de los yihadistas.

La mochila de Vallecas, la cinta de la Orquesta Mondragón (y no una tarjeta del grupo Mondragón)... distintos elementos se utilizaron para cuestionar la autoría yihadista, y se siguieron usando durante años, pese al juicio y la condena.

Pero más allá de eso, también hay dudas por la insistencia del Gobierno de Aznar en señalar a ETA, cuando ya tenía pruebas que apuntaban con mucha más fuerza al entorno del terrorismo islámico. De lo último que se ha conocido, presiones de Aznar al CNI para que se reforzara la acusación sobre ETA.

Está en los archivos de José Bono, exministro de Defensa del que dependía el CNI, y entre esos papeles, notas de Alberto Saíz, el director del CNI tras las elecciones celebradas tres días después de los atentados, el 14 de marzo de 2004. En ellas, Saíz relata lo que -asegura-, le había comentado su antecesor, Jorge Dezcallar: "Me pidieron desde Moncloa que dijera que ETA era la autora del atentado y yo lo hice pero con la cautela de añadir ‘con toda probabilidad", escribió Saíz en referencia a su conversación con Dezcallar.

El 11M no es un atentado más, es el más sangriento de nuestra historia, y los trabajos del CNI sobre lo ocurrido pueden servir para despejar y confirmar o descartar sospechas: tanto a los que sostienen las teorías de la conspiración, como a los que se preguntan por la intencionalidad de las decisiones políticas a sólo tres días de unas elecciones generales.