{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo el real decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y para la recuperación de la isla de La Palma anunciadas este sábado por Pedro Sánchez.
El real decreto-ley, que entrará en vigor este lunes, detalla el paquete de medidas aprobado el sábado en Consejo de Ministros extraordinario, que tendrá un coste de 9.000 millones de euros y funcionará hasta el 31 de diciembre para hacer frente al alza de la inflación.
Respecto a la rebaja del abono transporte, se establece desde el 1 de septiembre la reducción del 50% del precio de los abonos mensuales en empresas estatales, como Renfe, y del 30% de las autonómicas y locales, si bien el real decreto-ley precisa que se trata de un descuento voluntario para comunidades autónomas y ayuntamientos puesto que son los que tienen las competencias.
Las CCAA y las entidades locales que tomen la decisión de poner en marcha esta rebaja podrán cobrar las ayudas, estimadas en 200 millones de euros en total. Asimismo, pueden ampliar el descuento del 30% al 50% si así lo desean, pero completando la diferencia con sus propios recursos.
Para estas ayudas queda excluido el billete de ida y vuelta. Además, en el caso de abonos de transporte de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses.
Asimismo, el BOE recoge la subida del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, lo que supone un incremento de 60 euros al mes (360 euros de aquí a finales de año). Asimismo, detalla el mantenimiento del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital aprobado en marzo.
Respecto a la ayuda de 200 euros a personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, el real decreto-ley precisa que lo podrán solicitar asalariados, autónomos y desempleados, pero no pensionistas o beneficiarios del IMV.
Asimismo, indica que los ingresos inferiores a 14.000 euros deben corresponder a la suma de los miembros de la unidad de convivencia, que estará compuesta por las personas que vivieran junto al solicitante a 1 de enero de 2022 con relación de parentesco o familiar, o de acogida hasta de tercer grado desde dos años antes.
Para esta ayuda, también se marca como requisito que el patrimonio de la unidad de convivencia no supere los 43.196,4 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual. La ayuda, que será gestionada por la Agencia Tributaria, se puede pedir hasta el 30 de septiembre. Según estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a 2,7 millones de personas.
Por otro lado, figura la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplicará a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contrata de hasta 10 kilovatios.
Igualmente, se mantendrá en ese 5% hasta fin de año, siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por megavatio/hora. Así, si baja de esta cantidad, la bajada dejará de aplicarse en general, pero se mantendrá para los usuarios vulnerables severos y en riesgo de exclusión.
Además, el real decreto-ley incluye una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prorroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
En el ámbito de los carburantes, se mantiene también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. También se congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros.
Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, se mantienen la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la Administración.
Igualmente, se prorroga a septiembre el aplazamiento pago cuotas a Seguridad Social, se aprueban ayudas directas a la industria gasintensiva, se prorrogan las ayudas a la sequía y se extienden las ayudas a afectados por los afectados por la erupción del volcán 'Cumbre Vieja'. Además, se prorroga el IVA reducido al 4% a las mascarillas quirúrgicas.