España está trabajando en un nuevo modelo de peajes que sea "sostenible", según ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de que todavía no hay ninguna medida decidida, cada vez son más las voces que apuntan a posible peajes urbanos, por el uso de las carreteras españolas de alta capacidad, un modelo que ya se aplica en otros países.

Entidades ecologistas y a favor del transporte público han reclamado en varias ocasiones que se apliquen más medidas para tratar de reducir los transportes privados por carreteras. En Barcelona, varias entidades han reclamado un peaje urbano de cuatro euros diarios "como evolución" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y con el objetivo para disuadir del uso habitual individual del vehículo privado.

La propuesta se enmarca en una campaña que lleva por nombre 'Barcelona'22' y que han impulsado para dar a conocer esta y otras medidas del proyecto que han elaborado para lograr una ciudad "saludable, con una movilidad sostenible y justa".

Las entidades buscan interpelar con su proyecto al Ayuntamiento de Barcelona, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a la Generalitat, y aseguran que, si bien las administraciones les han comunicado que prevén el peaje urbano y lo están estudiando, no han presentado ninguna propuesta.

Respecto al peaje urbano, aseguran que es una medida "poco popular" pero que gana apoyo social al ejecutarse y cuando se ven los beneficios para el conjunto de la población, algo que dicen que ha sucedido en las 19 ciudades de ocho países europeos donde se ha aplicado.

Los firmantes también recuerdan que Barcelona es la ciudad europea con más densidad de vehículos y la sexta más contaminada, y adjuntan una encuesta que han encargado al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) en el ámbito metropolitano, donde consta que un 51% de los encuestados sería favorable a un peaje urbano en Barcelona.

Otra de sus propuestas es un plan de choque para potenciar la movilidad activa y el transporte público, y con la totalidad de las medidas buscan reducir el tráfico y sus emisiones contaminantes y recuperar el espacio público para las personas, entre otros aspectos.

El Gobierno ha asegurado que no implantará peajes por el uso de las carreteras españolas de alta capacidad si no existe previamente consenso con los diferentes actores afectados por un posible cambio en el sistema de tarificación de la red viaria.

"Nosotros nunca hemos hablado de imponer peajes a los camiones. Esa es quizás la interpretación que algunos interesadamente realizan", ha respondido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la sesión de control del Senado a la pregunta de la senadora navarra Ruth Goñi.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Gobierno pasa por "abordar el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado", buscando consensos y teniendo en cuenta la situación económica antes de llevar a cabo cualquier modificación.

Por ello, Sánchez ha mostrado su disposición a iniciar un diálogo "abierto y transparente" con los grupos políticos, los agentes sociales, los territorios y el sector del transporte por carretera con el objetivo de trabajar en un modelo que sea "sostenible".