El Gobierno está decidido a implantar un sistema de peaje por el uso de las autopistas y autovías en nuestro país, como ya confirmó ayer el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez. Aunque ni el secretario ni ningún otro miembro del Gobierno quieren hablar de 'peaje' y si insisten en llegar a un acuerdo para un sistema de tarificación. Este podría ser similar al que se utiliza en otros países, como Portugal.

La idea de poner un precio al uso de las autopistas es un viejo debate que ahora el Gobierno recupera y que también incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. La titular de Transportes, Raquel Sánchez, ha avanzado que presentará "en unos meses" su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.

Tras las palabras de Sánchez, el PP ha criticado duramente la medida, tachándola de "nuevo hachazo fiscal", y desde Unidas Podemos, socio de Gobierno, se ha anunciado que no apoyará "ningún sistema de peaje en autovías que implique el pago de uso a la clases trabajadoras".

A la espera de que se concrete en una propuesta en los próximos meses, parece que desde el Ministerio de Transportes se piensa en un sistema de tarificación de pago por kilómetro recorrido, similar al que hay implantado en otros países, como Portugal.

Este sistema realiza un cobro por el uso de estas vías ligado a los kilómetros recorridos por cada vehículo, gracias al registro de su matrícula, en lugar de utilizar un sistema de tarifas mensuales o anuales. Para su funcionamiento se instalan cámaras a lo largo de las autovías que registran los recorridos de los coches registrados en el sistema. Las matrículas tienen que ser previamente dadas de alta por los usuarios, que asociarán un sistema de pago para que se cobre esos recorridos.

El coste por cada kilómetro recorrido que suele tener este sistema en estos países, y que sería el que se está planteando el Gobierno, ronda el céntimo de euro por kilómetro.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado que el sistema se implementará, si bien ha asegurado que será una tarificación "justa, rigurosa y sostenible".

El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.