El Ministerio de Educación trasladará mañana a las consejerías de las comunidades autónomas el borrador de la nueva ley que actualiza la Inspección Educativa y que reconoce que este cuerpo docente constituye su categoría "más elevada" pero no concreta el nivel de sus retribuciones.

La Mesa de la Función Pública Docente ha analizado este martes el último borrador de este Real Decreto -que actualizará la primera norma inspectora nacida en 1995- y sobre el que hay discrepancias dentro de las propias fuerzas sindicales.

En este sentido, mientras la Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE) y CSIF insisten en que los inspectores educativos son cuerpos docentes no universitarios con funciones de supervisión y evaluación del profesorado del resto de cuerpos por lo que deben tener un nivel retributivo superior al de los catedráticos, otros sindicatos como STEs-Intersindical inciden en que "no debe haber diferenciación".

"Debe haber un cuerpo único y no pueden cobrar como si fueran ministros", señalan fuentes de este sindicato a EFE.

El real decreto que se está negociando y que todavía debe pasar su fase de alegaciones del Consejo de Estado insta a las administraciones educativas competentes a reconocer los complementos retributivos que deben cobrar los inspectores según su consideración y no concreta su nivel retributivo.

Fuentes sindicales han señalado que el Ministerio de Educación no especifica tal nivel porque es el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública el que debe puntualizar este caso.

De momento, el Ministerio de Educación se reunirá mañana con los responsables de Educación de las consejerías para trasladarles el último borrador al que ha tenido acceso EFE y que se señala que para acceder al cuerpo de inspectores educativos por oposición se superarán tres pruebas, que tendrán un enfoque competencial.

Estas pruebas serán la contestación por escrito a un cuestionario de entre 20 y 30 preguntas de desarrollo breve, la realización por escrito de una prueba práctica y la exposición oral de un tema.

Además, en el último texto negociado se establece que las administraciones educativas podrán regular la exención de la evaluación de la fase de prácticas para quienes acrediten haber ejercido, con informe de evaluación positiva, la función inspectora durante al menos un año.

En un comunicado, CSIF rechaza este borrador porque "no garantiza" la independencia e imparcialidad de los inspectores, teniendo en cuenta que muchos de ellos (llamados ‘inspectores accidentales’) han sido nombrados por la propia Administración y porque no reconoce la autoridad de la Inspección para sancionar.

El sindicato STEs-Intersindical, por su parte, recuerda que la nueva norma supondrá la regulación de sus convocatorias de oposiciones en función de las vacantes y con un plazo limitado en el tiempo, intercambios con profesionales de la inspección en el ámbito nacional e internacional y la actualización de los recursos técnicos e indemnizaciones por razón de servicio.

También incluye la formación dentro de la jornada laboral o el teletrabajo.

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