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En España, los colegios concertados ocupan una posición intermedia entre los centros públicos y privados. Éstos reciben financiación pública que cubre la plaza de cada alumno pero, en muchos casos, también solicitan el pago de aportaciones económicas por parte de las familias de sus estudiantes.
Esto genera un debate bastante recurrente sobre la ética de estas cuotas y su legalidad. La realidad es que no son todos los colegios concertados españoles los que solicitan esta cuota, aunque sí que lo hace gran parte: un 85% de estos colegios lo piden. Dichas cuotas varían dependiendo de las comunidades autónomas donde se encuentren.
Las razones por las que estos centros solicitarían esta cuota podrían ser tres: los centros podrían estar infra-financiados que necesitarían estos donativos para poder sobrevivir, centros adecuadamente financiados que cobran estas cuotas para hacer frente a gastos no concertados y centros bien financiados que cobran esta cuota por diferenciación o beneficio económico.
Lo cierto es que la LOMLOE (última ley educativa) prohíbe de manera expresa el cobro de cuotas a las familias, ya que la ley dice que todas las familias tienen derecho a una educación gratuita. De hecho, en la ley 2/2006 de 3 de mayo, LOE señala en su artículo 88 que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias las obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos”.
Lo que sucede es que quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementaria y los servicios escolares. Todos éstos, al tener carácter voluntario, quedarían fuera de lo que dice esta ley. ya que solo se refiere a las enseñanzas. La legislación establece que las contribuciones voluntarias deben estar autorizadas por la Administración educativa en el caso de los servicios complementarios como puede ser el comedor o guardería; y por el Consejo Escolar en el caso de las actividades extraescolares y los servicios escolares.
Aunque la ley establece claramente que las cuotas deben ser voluntarias, la realidad es que muchas familias se sienten en la obligación de pagar estas aportaciones al centro educativo. De hecho, en algunos casos, los colegios han sido acusados de presionar a los padres para que hagan este “donativo” mediante circulares, reuniones o incluso, estableciendo cuotas fijas.
Esto hace que los padres crean que, en caso de no realizar el pago, sus hijos puedan verse perjudicados de alguna forma. Por ejemplo, que pueda afectar a la atención que reciben sus hijos en el aula, el acceso a ciertas actividades o a la relación del centro con los niños. Esto ha hecho que se presenten denuncias y se cree una creciente preocupación sobre la transparencia de algunos de estos colegios concertados.
Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que el 85% de los colegios concertados cobraban algún tipo de cuota a las familias. Muchos centros justificaban que este cobro era una contribución para actividades complementarias o para mejoras de las instalaciones. A pesar de esto, muchos padres afirmaron que las cuotas no eran realmente opcionales, entrando en conflicto con el principio de gratuidad de la educación que ofrecen este tipo de centros.
Como anteriormente hemos explicado, los centros concertados tienen expresamente prohibido cobrar cuotas obligatorias a los padres de sus alumnos ya que la enseñanza en esos centros, que reciben financiación pública para los sueldos de sus profesores y otros gastos básicos de funcionamiento, es gratuita para sus estudiantes.
Pero, la ley sí que permite que puedan cobrar cuotas por servicios adicionales o actividades extracurriculares. Estas cuotas no serían obligatorias para los padres, aunque, muchos centros sí que las exigen. Dichos servicios adicionales serían:
El cobro de estas cuotas “voluntarias” plantea un problema de equidad entre sus alumnos. Aunque estos centros concertados ofrezcan una educación gratuita y accesible para todos, la realidad es que estas cuotas puedan convertirse en un factor excluyente para muchas familias con menos recursos.
No todas las familias de estos alumnos pueden permitirse pagar cuotas mensuales extras, y el simple hecho de que algunos colegios las soliciten puede genera una brecha en el acceso de una educación de calidad que, en un principio, era gratuita y accesible.
Esto ha sido una razón de peso para que diversas organizaciones y plataformas ciudadanas que defienden la educación pública presenten denuncias, argumentando que el cobro de cuotas en los colegios concertados genera una segmentación del sistema educativo. Ya que, solo las familias con mayor poder adquisitivo van a poder tener acceso a ciertos centros, promoviendo una mayor desigualdad de oportunidades entre los estudiantes.