Las patronales de los colegios concertados, sobre sus cuotas: “Son voluntarias y destinadas a servicios adicionales”

Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) han salido al paso del último informe de Esade sobre la escuela concertada, --en el que se señala que la mayoría de centros cobran cuotas “ilegales”--, para subrayar que todas las contribuciones económicas de las familias "son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto".

Concretamente, responden así al estudio  'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', publicado este miércoles por Esade, y en el que señalan que la razón principal que explica la “no gratuidad universal para acceder a la escuela concertada” reside en el sistema de financiación establecido y su regulación más laxa de sus servicios: “Ambos incentivan el cobro de cuotas, que son ilegales en teoría, pero habituales en la práctica", apunta el informe.

Frente a ello, las patronales de la educación concertada recalcan que "es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales", apuntando que “la regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben”.

Las patronales de los colegios concertadas insisten en que no hay cuotas obligatorias

Apuntando directamente al informe, lamentan que sugiera que la enseñanza concertada "no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros".

Así, afirman que cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado "sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración".

Más allá, apuntan que el informe de Esade "no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población".

Para las entidades de titulares de centros concertados, la mezcla de aulas concertadas y no concertadas en el cálculo del gasto por alumno en el informe "distorsiona las valoraciones, al igual que la 'reclasificación' de alumnos de la red pública basada únicamente en la declaración de cuotas elevadas".

"Además, confunde incluir donaciones, aportaciones y cuotas por actividades en el concepto de 'cobro de cuotas'. La falta de claridad induce a confusión: parece sumar múltiples partidas para respaldar una conclusión previa", añaden las organizaciones, destacando que el informe señale el "poco rigor" de los estudios publicados periódicamente por CICAE y CEAPA.

Por todo ello, las patronales de la educación concertada instan a "efectuar una revisión más rigurosa" de los datos presentados en el informe, especialmente en lo que respecta a la financiación real de los centros concertados y su capacidad para mantener instalaciones adecuadas.

"Es esencial no confundir las donaciones y contribuciones voluntarias con el cobro de cuotas ilegales, y también es preciso reconocer el papel vital que desempeñan los centros concertados en la oferta educativa del país", inciden.

Las patronales subrayan la “insuficiente” financiación de la educación en España

Lo que sí reconocen, no obstante, es que  el informe de Esade "representa un avance interesante en la comprensión del panorama educativo" y la importancia de su "exhaustividad, especialmente al destacar la diversidad de los centros en la red concertada".

El informe, añaden, subraya la "insuficiente" financiación de la educación en España, así como la "crónica infrafinanciación" de la escuela concertada.

A ese respecto, y en este contexto, recalcan que  es "urgente cumplir con el mandato legal de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia".

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