A partir de este jue, 3 de abril, entra en vigor uno de los cambios más esperados dentro del ámbito jurídico español: los juicios rápidos para desalojar okupas.

Esta medida forma parte de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en enero en el BOE, y que promete acelerar significativamente el proceso judicial frente a la ocupación ilegal de viviendas, un tema que ha generado gran controversia social, política y mediática durante los últimos años.

En una sociedad cada vez más polarizada ante fenómenos como la okupación, esta reforma busca ofrecer una herramienta eficaz para proteger el derecho a la propiedad privada, al mismo tiempo que pretende descongestionar el sistema judicial y fomentar la resolución extrajudicial de conflictos.

La reforma introduce importantes novedades dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo que los delitos de usurpación de vivienda y allanamiento de morada sean tratados a través del procedimiento abreviado.

Esta nueva vía permite celebrar juicios en plazos considerablemente más cortos una vez que el juez cuente con toda la documentación pertinente.

Esto supone una modificación clave. El delito de usurpación contempla aquellas situaciones en las que una persona ocupa un inmueble deshabitado sin autorización del propietario, mientras que el allanamiento se refiere al ingreso ilegítimo en una vivienda habitada, afectando directamente la intimidad del morador.

La implementación de los juicios exprés tiene como principal meta agilizar los tiempos de tramitación. Una vez recopiladas las pruebas necesarias —como escrituras de propiedad, testimonios o informes policiales— el juez podrá celebrar el juicio en un plazo de quince días.

Se espera que esta herramienta proporcione mayor agilidad y respuesta a los propietarios que hasta ahora enfrentaban largos procesos para recuperar sus viviendas.

Además, la nueva ley insiste en la importancia de intentar previamente una solución extrajudicial, lo que busca no solo disminuir el número de litigios, sino también reducir el colapso que sufre el sistema judicial español en estos casos.

La okupación ilegal no es un tema menor. Según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, entre 2018 y 2022 los delitos de ocupación aumentaron un 37%, alcanzando más de 75.000 denuncias en todo el país. Esta cifra refleja una tendencia al alza que ha causado alarma social y política.

En paralelo, según el estudio “Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas” elaborado por Línea Directa Aseguradora, el 77% de la población considera que la okupación es un problema social de gran magnitud.

Para una gran parte de la ciudadanía, esta situación representa una amenaza directa a la seguridad de la propiedad y a la tranquilidad de los barrios. Incluso, uno de cada cuatro encuestados afirma vivir con miedo a que su vivienda pueda ser ocupada en cualquier momento.

El fenómeno afecta de forma desigual a las distintas comunidades autónomas. Cataluña lidera las estadísticas con más del 40% de los casos registrados, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el caso específico de las Islas Baleares, casi 4 de cada 10 personas afirman conocer un caso cercano de ocupación, lo que revela un fuerte impacto a nivel vecinal.

Estas cifras han contribuido a que se perciba una necesidad urgente de acción por parte de los poderes públicos. Muchos ciudadanos atribuyen el auge de la okupación a la lentitud del sistema judicial, la permisividad social y los altos precios de la vivienda, que dificultan el acceso a un hogar digno y propician situaciones de vulnerabilidad.

La nueva ley pretende corregir algunos de estos desequilibrios. Para muchos propietarios, el proceso judicial actual resultaba frustrante, ya que en muchos casos ni siquiera lograban recuperar su vivienda a través de la vía civil. Con esta reforma, se espera una mayor capacidad de defensa frente a ocupaciones ilegales, lo que también podría tener un efecto disuasorio.

No obstante, no todo el mundo ve con buenos ojos esta medida. Diversos sectores del Gobierno han mostrado desacuerdo ante una ley que, según critican, podría desproteger a colectivos vulnerables.

También se ha señalado la falta de mecanismos de acompañamiento social para las personas en situación de exclusión, que a menudo recurren a la ocupación como única vía de acceso a un techo.

Y es que, la entrada en vigor de estos juicios exprés llega en un momento especialmente sensible. España es uno de los países con mayor tasa de okupación en Europa, lo que ha puesto una enorme presión mediática y política sobre el Ejecutivo para dar respuesta a un problema que, aunque complejo, afecta profundamente a la percepción de seguridad jurídica.

La mirada estará ahora puesta en la aplicación real de estos juicios rápidos, en su eficacia para descongestionar los tribunales y, sobre todo, en su impacto sobre una realidad que continúa generando debate y dividiendo a la sociedad española.

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