A partir del próximo 3 de abril de 2025, entrará en vigor una significativa modificación en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que afectará a todas las comunidades de vecinos en España. Esta reforma, impulsada tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, busca regular la proliferación de viviendas de uso turístico en edificios residenciales, otorgando a las comunidades de propietarios un mayor control sobre esta actividad.

Con la nueva legislación, cualquier propietario que desee destinar su vivienda al alquiler turístico deberá obtener la aprobación de la comunidad de vecinos. Específicamente, se requerirá el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, representando asimismo las tres quintas partes de las cuotas de participación. Este cambio pretende asegurar un consenso amplio antes de permitir la actividad turística en un inmueble. 

Además, la reforma introduce la posibilidad de que la comunidad imponga una cuota adicional a los propietarios de viviendas turísticas, con el objetivo de compensar el mayor uso de las zonas comunes y los posibles inconvenientes derivados de esta actividad. Esta cuota extra no podrá exceder el 20% de la cuota ordinaria. 

Los propietarios que ya estuvieran alquilando su vivienda con fines turísticos antes de la entrada en vigor de esta ley podrán continuar con su actividad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y cuenten con las licencias necesarias. Sin embargo, aquellos que no dispongan de la autorización pertinente deberán regularizar su situación o enfrentarse a posibles sanciones, que pueden alcanzar hasta 600.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. 

Por otro lado, las comunidades de vecinos adquieren un papel más activo en la regulación de los pisos turísticos. Podrán denunciar aquellos que no cuenten con la autorización comunitaria y, en caso de que se demuestre que la actividad turística afecta negativamente a la convivencia o a la calidad de vida, podrán reclamar daños y perjuicios al propietario infractor. 

Esta modificación legal ha generado un intenso debate. Algunos sectores la consideran necesaria para proteger la convivencia en los edificios residenciales y evitar la masificación turística en determinadas zonas. Sin embargo, otros la critican por restringir la libertad de los propietarios y por el impacto económico que podría tener en el sector turístico. Por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, partidos como el PP y Vox han rechazado el proyecto de ley, argumentando que la vivienda de uso turístico representa un porcentaje mínimo del total y que los propietarios tienen derecho a decidir sobre el uso de sus inmuebles. 

La entrada en vigor de esta reforma el 3 de abril de 2025 supone un cambio trascendental en la gestión de las comunidades de vecinos en España. Otorga a los residentes un mayor control sobre la presencia de viviendas turísticas en sus edificios, buscando equilibrar los intereses de propietarios, inquilinos y turistas. Será fundamental que tanto los propietarios como las comunidades se informen adecuadamente sobre sus derechos y obligaciones para garantizar una convivencia armoniosa y el cumplimiento de la nueva normativa.