Un parque de vivienda pública al nivel de la media europea (tenemos un 2,5%, frente a más del 9% de la media en Europa) y, mientras esto es posible, una regulación del mercado para bajar el precio, sobre todo del alquiler, son las claves para que la vivienda sea un derecho de verdad para toda la ciudadanía.

Esto es lo que nos explica Eduardo González de Molina, profesor asociado de la Universidad Carlos III, especializado en vivienda. Lo que ocurre es que llevarlo a la práctica pasa por el consenso entre todas las administraciones ya que las competencias están compartidas o, como asegura González de Molina, "confusas".

Así lo hemos visto esta semana con lo que ya se ha convertido en un símbolo, la Casa Orsola, que finalmente adquirirá el Ayuntamiento de Barcelona al fondo que preveía desalojar a todos los inquilinos para dedicar el inmueble a vivienda de temporada y turística, que está fuera de regulación de la Ley Estatal de Vivienda, y, por tanto, sujeta a "la especulación del mercado".

Aunque el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comprado (desde 2015) 1.600 viviendas y la Generalitat de Cataluña, 740 esta misma semana. Es el camino para ir aumentando el parque de vivienda pública y social, que es competencia también de las comunidades autónomas.

Para impulsar su creación, el Gobierno ha decidido crear una empresa pública de vivienda, convertirse en promotor del suelo estatal. La creación de este parque público llevará tiempo, por eso es necesario actuar ya para bajar los precios.

Intervenir el mercado que, según los expertos, está condicionado por las grandes concentraciones de capital en manos de fondos de inversión, así como la presión de la vivienda turística y de temporada. Para regularlo, se aprobó hace más de un año la Ley Estatal de Vivienda, que autoriza a los ayuntamientos a regular los precios en zonas tensionadas, previo "permiso" de la comunidad autónoma que tiene parte de las competencias en vivienda.

Por eso, hasta ahora no son muchos los municipios en los que se aplica. Barcelona, con una bajada de entre un 3 y un 5% de los alquileres, es un ejemplo, pero también A Coruña y algunos ayuntamientos del País Vasco.

La Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Estatal de Vivienda, y el Tribunal ha dictaminado que el Gobierno central puede poner en marcha medidas para regular el precio del alquiler, es decir, intervenir en el mercado inmobiliario.

De este modo, una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, encabezados por Alcorcón, que fue quien tuvo la iniciativa, va a pelear su derecho a ejercer la competencia municipal, con el respaldo de la Ley Estatal de Vivienda, para regular sus zonas tensionadas.

Otras medidas para fomentar el alquiler y la compra, con avales y desgravaciones fiscales, están también sobre la mesa. Así como la creación, por parte del Gobierno, de una plataforma con todas las viviendas turísticas legales, para obligar a las plataformas a incluir en sus ofertas solo estas viviendas y sacar de este mercado las viviendas turísticas ilegales (solo en Madrid hay 17.000).

Con todo este panorama, es la fuerza de la calle quien impulsa estos cambios, quien logró que se aprobara en el Congreso la Ley de Estatal de Vivienda y quien pelea para que se regule también el alquiler de temporada, habitacional y turístico. Su objetivo es claro, hacer de la vivienda un derecho, como marca el artículo 47 de la Constitución, "sacar la vivienda del mercado especulativo".

Y aquí hay también avances. Este fin de semana, en Granollers (Barcelona), se ha celebrado un congreso entre los diferentes movimientos de vivienda, desde Stop Desahucios hasta el Sindicato de Inquilinas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La presión de la calle y los consensos entre partidos políticos y administraciones es la clave para que, según González de Molina, la vivienda se convierta en "el quinto pilar del estado del bienestar".

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