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El precio de la vivienda está en máximos históricos, con Madrid a la cabeza de las capitales de provincia. El alquiler tampoco es una opción. Por eso, miles de personas -15.000, según la Delegación del Gobierno- han recorrido este domingo las calles de la capital española, convocadas por la plataforma Hábitat 24, para reclamar el derecho a una vivienda digna y para exigir a las administraciones que tomen medidas urgentes ante lo que consideran una "emergencia habitacional".
Bajo el lema 'Vivienda digna y sostenible ¡Ya!', han realizado el trayecto que va desde la glorieta de Atocha a la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico. Dicha plataforma reúne a casi 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales.
Los promotores de esta protesta fueron también los impulsores de la marcha que el 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres', que reunió a más de 22.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que las competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas y, en concreto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho que, "viviendo en un ático que está pagado supuestamente por comisiones que vienen del Grupo Quirón, es difícil ver la globalidad del problema".
García ha afirmado que Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución".
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el problema del precio de la vivienda "es fruto de las políticas de especulación del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista", que "tiene como consecuencia que una mayoría de gente en España no puede pagar el alquiler y no puede pagar su hipoteca".
El problema, a su juicio, es que "en España mandan más los rentistas, mandan más los grandes propietarios y los fondos buitre que el presidente del Gobierno, que el Gobierno de España", y que "no hay valentía suficiente para afrontar la intervención del mercado de la vivienda y del mercado del alquiler".
Por otra parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha comparado la actuación de los gobiernos autonómico y municipal de Madrid con el Ayuntamiento socialista de Barcelona, que "protege el parque inmobiliario comprando inmuebles para los vecinos de su ciudad" mientras en la capital de España el alcalde "lo que hace es vender los pisos a fondos de inversión".
Tras casi dos horas de marcha, los convocantes han hecho sonar sus llaveros en la Puerta del Sol, ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han demandado, entre otras cosas, la ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler.
También, la aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda con la fijación de unos objetivos sociales, la creación de un parque público de vivienda no descalificable que suponga el 30% del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los propios municipios.
Otras peticiones incluidas en el manifiesto son la creación de un plan a cinco años, suficientemente dotado, para la rehabilitación y mejora de viviendas; garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional; y la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de las sanciones que correspondan.
Además, los manifestantes han coreado consignas como "Ayuso escucha Madrid está en lucha", "hace falta ya una huelga de alquiler" y "abajo los rentistas que van a caer".
Tras aquella marcha de octubre, convocada a nivel nacional, estos colectivos ponen ahora de manifiesto "el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, cuyos precios no han dejado de subir en los últimos meses, al igual que el número de desahucios de familias vulnerables" y denuncian "la tibia respuesta mostrada por las administraciones".
El precio medio de la vivienda en España alcanzó un nuevo máximo histórico en el último cuatrimestre de 2024, un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007, hasta alcanzar 2.164 euros/m2. La Comunidad lideró el ranking a nivel nacional con el precio más alto, 3.780 euros/m2, y la ciudad de Madrid se colocó a la cabeza de las capitales de provincia, con 4.517 euros/m2, según el Colegio de Registradores.
En este sentido, los impulsores de la marcha han cargado contra la Ley Ómnibus, "un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico", o un Plan Vive que resumen como "un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible".
"Estamos viviendo una situación de emergencia brutal en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso está a otras cosas. Aquí el derecho a la vivienda no existe, es el salvaje oeste", ha explicado Laura Barrio, activista por la vivienda.
De este modo, la marcha sirve también para poner de manifiesto "la ausencia de medidas de las administraciones que resuelvan en el corto plazo la falta de acceso a una vivienda digna para sectores cada vez mayores de la población".
Se remarca la cronificación de dos "situaciones especialmente graves" ante las que se "sigue sin asumir responsabilidades", como son "el abandono deliberado de Cañada Real", donde miles de personas siguen sin suministro eléctrico, y "el desastre" de las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada.
Como prioridad, reclaman un parque de vivienda pública "que en ningún caso pueda ser descalificada", y que deberá situarse aproximadamente "en la tercera parte de las viviendas totales". Para ello, ven necesario integrar las viviendas de la Sareb en la gestión de vivienda pública; reacondicionar viviendas fuera de uso; e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías.
También defienden que habría que cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración, así como establecer zonas tensionadas para el control y reducción del coste del alquiler, además de un índice de precios máximos "no regido por las reglas de mercado".
Por último, ven necesario igualmente adoptar "urgentemente" medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada "si no tiene alternativa habitacional", incrementando además la financiación en las políticas sociales", así como que todas las propuestas que se impulsen garanticen "valores medioambientales y sostenibles".
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